El Valle del Elqui es uno de los puntos críticos que se han vaticinado para la megalínea de transmisión que unirá Antofagasta y Santiago. Y es, precisamente desde esa zona, donde emergen las primeras alertas públicas que pondrían a prueba la relación de Conexión Kimal-Lo Aguirre -empresa a cargo de la iniciativa- y las comunidades.
El megaproyecto -que busca construir unas 2.700 torres en un trazado de unos 1.400 kilómetros- viene a suplir la falta de líneas de transmisión que ayuden a la descarbonización y transición energética del país. Si bien en El Molle -localidad de unos 1.000 habitantes y que pertenece a la comuna de Vicuña-, no desconocen los méritos del proyecto, critican que siete de las torres de casi 80 metros de altura pasen por la localidad. Desde manifestaciones, envío de cartas y reuniones, se transitó a un paso que elevó la tensión. Una semana antes que la empresa ingresara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la megalínea, la junta de vecinos El Molle se presentó el 16 de octubre en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Junto con asegurar que su oposición apunta al trazado y no a la obra que tiene una inversión de unos US$ 1.500 millones, plantearon una alternativa que consiste en desplazar la línea nueve kilómetros al este aproximadamente de El Molle a una zona no habitada, permitiendo situar las torres cerca del Tranque Puclaro. Esto, aseguraron, permite -entre otros aspectos- ejecutar la obra en el marco financiero, en el plazo previsto (año 2029) y evitar conflictos con las comunidades.
Tras la presentación realizada en el Congreso, la comisión resolvió oficiar al Presidente Gabriel Boric para evaluar la posibilidad de reponer los estudios de franja en el proyecto, y a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, para informar sobre cómo se evaluarán las funciones y servicios ecosistémicos que se verán impactados con el proyecto en los denominados territorios con valor ambiental, como los valles del Elqui y Huasco. Y, además, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que informe cómo se realizará el proceso de consulta indígena para el proyecto.
Consultado, el vocero de la junta de vecinos El Molle, Héctor Carreño, precisa que -entre otros afectados- están al menos 100 familias que verán sus casas prácticamente debajo de varias de las torres que pretende instalar la empresa. Y asegura que "la preocupación presentada en el Congreso se mantiene, pues revisando también el layout del proyecto ingresado a EIA no podemos apreciar que se haya acogido la 'alternativa Puclaro', ni que se haya presentado otra similar".
Carreño sostiene que "hasta ahora no hemos podido establecer una comunicación fluida con representantes de Conexión que tengan de verdad algún poder de decisión". Además, indica que hay puntos distorsionados en la carpeta que Conexión presentó a EIA. Por ejemplo, puntualiza, en el capítulo 4 "Atractivos naturales y culturales (turismo)" del resumen ejecutivo de la carpeta se cita que la actividad desplegada en El Molle consiste en un "programa de asistencia técnica para el ganado para la localidad El Molle (GH1)", lo que hasta ahora -recalca el vocero- "no se observa y resulta decididamente secundario" respecto a otras afectaciones.
Medidas previas a la ofensiva en el Congreso
Vecinos, comunidades indígenas, empresarios, autoridades y amigos de El Molle enviaron el 6 de abril una carta al gerente general de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández, en la que plantean que las torres no solo afectarán el paisaje, sino que causarán inconvenientes como problemas de salud, distorsiones en el hábitat de la fauna y flora, e impactos en el turismo.
A esto suman que los lugares donde quedarían emplazadas las torres "es cercano a casas donde viven nuestros vecinos y quedará próxima a al menos dos de los cuatro cementerios indígenas del sector". En particular, se puntualiza que la Comunidad Diaguita Apus del Elki, reconocida por la Ley 19.253 e integrante de la Red Nacional Diaguita, ha manifestado abiertamente su oposición a la instalación.
Tras recibir el 27 de abril la misiva, Fernández respondió el 9 de mayo que para la definición del trazado se utilizó el documento guía para la elaboración de estudios de franjas del Ministerio de Energía. "Respecto de las potenciales afectaciones que señala, causaría el proyecto, se tiene para la cuenca del Río Elqui, el paisaje, las molestas viales en etapa de construcción, y la intervención en especies vegetales protegidas como el Guayacán. Lo anterior, está bien descrito la forma en que debe evaluarse la potencial afectación y/o impacto, en la normativa ambiental y sectorial vigente, así como la determinación de medidas para efectos de mitigar o compensar", señala.
Se agrega en la carta que, en términos de afectaciones a la salud, "la normativa técnica para efectos de cálculo de la franja de seguridad establece la definición de las distancias en las cuales no es posible tener afectación por efectos de campos eléctrico, electromagnéticos, ruido, y otros".
Mientras, en términos de levantamiento de línea base ambiental, "tenemos la información relativa a arqueología, flora, fauna, vegetación, suelos y otros. Al respecto, a la fecha, los cementerios identificados se encuentran fuera del área de influencia".
En otras acciones, el concejal de Vicuña, Rodrigo Alcayaga, envió al Presidente Gabriel Boric información sobre la "alternativa Puclaro" en la que Presidencia tomó conocimiento de los antecedentes, los que fueron derivados el 20 de octubre al Gabinete del Ministerio de Energía.
En medio de las reuniones que han tenido con autoridades y la empresa, El Molle propuso conformar una mesa técnica para estudiar el trazado propuesto por el pueblo u otro que permita desplazar las torres. Carreño relata que en la cita "representantes de Conexión respondieron ese mismo día que los resultados de esa mesa técnica no son vinculantes y que no tenían autorización para siquiera comprometer la voluntad de la empresa en implementar eventuales cambios al trazado". Por esto, reconoce, "se decidió levantar más la voz y acudir al Congreso".
La primera sesión de esta mesa técnica -donde el Ministerio de Energía asumió un rol de mediador para acercar a las partes- fue el 3 de noviembre, pero -según la junta de vecinos El Molle- no hubo resultados alentadores. Sobre las acciones que desplegarán en caso de no lograr un resultado aceptable en esta instancia, Carreño afirma: "Deberemos evaluarlo en mérito de las conclusiones que logren alcanzarse. Lo que sí está claro es que los vecinos de El Molle seguirán defendiendo su patrimonio, su vida y su entorno natural".
Fuentes de los organismos públicos a cargo de ver estos temas, dicen en privado que hay preocupación por la relación que estaría teniendo el proyecto con esta comunidad.
Las definiciones de la empresa
Para no interferir en el desarrollo de la organización de las actividades de participación ciudadana por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la empresa no se pronunciará al respecto. El Molle está descrito como una de las localidades caracterizadas en el EIA. Fuentes cercanas a la firma aseguran que en el EIA es posible observar que no hay viviendas en el trazado de la iniciativa, ya que -de hecho- esto constituiría un incumplimiento ambiental.
Según se explica, siguiendo las indicaciones de la guía para el estudio de franja del Ministerio de Energía, para el caso particular del río Elqui, se identificó un punto que es posible cruzar el tendido sin alterar el lecho del río, y con viviendas que se ubican a más de 900 metros. Además, se tiene el cálculo de una franja de seguridad (promedio 86 metros), pudiendo establecer que a lo largo de todo el trazado no haya viviendas en esta.
Desde abril del año pasado, la empresa ha desarrollado -y así lo ha manifestado públicamente- un relacionamiento comunitario. En ese proceso, aseguran conocedores, la firma mostró intención de estudiar posibilidades e incluso hizo ajustes al trazado, acogiendo en casos alternativas propuestas por organizaciones o comunidades, siempre y cuando estas fuesen factibles técnicamente. Pero, en este caso de El Molle, dicen fuentes, no se pasará sobre el pueblo y además la alternativa que se propone tampoco es viable porque involucra un embalse que podría revestir impactos.
Con todo, en la empresa entenderían que la junta de vecinos no se constituye como una oposición al proyecto, y que el reglamento de evaluación ambiental establece formas de participación formal para casos como este. De hecho, ya comenzó la etapa de participación ciudadana formal donde debiesen decantar las inquietudes.
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