Las Condes y vecinos activos en remodelación del estadio de la UC

La sociedad anónima deportiva Cruzados, a cargo de los intereses económicos y financieros de la rama de fútbol del Club Deportivo Universidad Católica, proyecta invertir unos US$ 30 millones en una completa remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo.

Para llevar adelante la iniciativa, la empresa debe antes obtener una serie de permisos. A fines del año pasado, la sociedad presentó la Declaración de Impacto Ambiental de la obra ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Como parte de este proceso, ya varios organismos públicos (como las seremis de Medio Ambiente y Salud de la Región Metropolitana) han solicitado más antecedentes previo a emitir su opinión sobre la iniciativa.

Lo mismo ha hecho la municipalidad de Las Condes, comuna donde se ubica el estadio que será remodelado. “Respecto a la operación del proyecto es necesario que se analice el impacto que genera el estadio en el entorno residencial en lo referido a los estacionamientos no deseados que se producirán en los frontis de las viviendas residenciales por la demanda no satisfechas por espacios para estacionar”, dijo el municipio liderado por Joaquín Lavín.

“Aun cuando sea de responsabilidad de la municipalidad y Carabineros la fiscalización de los estacionamientos, se requiere un análisis de los posibles focos y soluciones para estos con medidas claras y precisas en bienestar de los residentes”, sostuvo el municipio.

En paralelo, hasta el cierre de esta edición, ya 18 personas habían solicitado la realización de un proceso de participación ciudadana (PAC). La ley señala que se debe abrir esta instancia cuando al menos 10 personas directamente afectadas lo soliciten.

Los vecinos sostienen que, con el incremento de la capacidad del estadio en más de 40%, aumentarán los niveles de congestión en la zona. “Esto constituye un impacto significativo en nuestra calidad de vida”, dice una de las personas que solicitó un PAC.

De aprobarse la instancia, el titular del proyecto deberá responder a cada una de las observaciones presentadas por los ciudadanos. Además, la ley faculta a quienes participen en este proceso para presentar recursos administrativos y judiciales en contra de la Resolución de Calificación Ambiental que obtenga el titular.