Corte Suprema zanjará disputa por desarrollo de complejo de viviendas de lujo en La Dehesa

La Corte Suprema deberá zanjar la disputa que se desató en medio del desarrollo de un millonario complejo de viviendas de lujo en el sector de La Dehesa.

En un lote de 11,4 hectáreas, la empresa Miradores de La Dehesa SpA está desarrollando un proyecto habitacional compuesto por 54 casas, denominado Roof y que se ubica en Nueva La Dehesa 12.090. Las viviendas tienen un precio desde las 33.590 UF, equivalente a más de $ 1.200 millones, con la idea de que debían ser entregadas a sus propietarios durante el primer semestre de este año. Lo que no ocurrió.

El municipio de Lo Barnechea, que encabeza Cristóbal Lira, recurrió al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago para que éste ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa y requerir el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En septiembre de este año, el tribunal, por unanimidad de sus ministros, acogió la reclamación de la municipalidad en contra de la decisión de la SMA de archivar la denuncia por elusión al sistema de evaluación respecto de la mencionada iniciativa.

“Se concluye que la resolución reclamada adolece de un vicio de legalidad", ya que "debido a que, para determinar la superficie en que el proyecto se emplazará (número de hectáreas), consideró antecedentes diversos de los oficiales, como se estableció en la parte considerativa de este arbitrio”, dice la sentencia.

De esta manera, el fallo del tribunal anuló la resolución de la SMA, ordenando al ente fiscalizador dictar una nueva resolución, analizando adecuadamente los antecedentes asociados a la superficie en donde se emplazarán las casas, aspecto trascendental para determinar si este debía ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución, de acuerdo con la exigencia legal.

Hace unas semanas, la inmobiliaria recurrió a la Corte Suprema y solicitó anular el fallo del tribunal ambiental y que se rechace la reclamación del municipio en todas sus partes, con condenación en costas.

“El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para su desarrollo”, dijo a la Suprema la defensa de la compañía, liderada por los abogados Carlos González y Cristóbal Osorio.

Las 7 hectáreas

A juicio de la empresa, la sentencia del tribunal ambiental incurre en una “errónea interpretación” de la Ley N° 19.880 (que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado), en tanto, establece que para dar cumplimiento al deber de motivación en lo que respecta a verificar la tipología de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, referente a la existencia de una superficie superior a las siete hectáreas, solo es admisible la motivación con los “documentos oficiales aprobados por la Dirección de Obras Municipales”.

La normativa señala, entre varios otros puntos, que deberán someterse al sistema de evaluación los proyectos inmobiliarios que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas o consulten la construcción de 300 o más viviendas.

A juicio del municipio de Lo Barnechea, el proyecto habitacional debió ingresar a evaluación por tratarse de una obra inmobiliaria cuyas intervenciones reales se emplazan en un sector de más de 7 hectáreas, lo que es rechazado por la inmobiliaria. Ésta señala que la obra cuenta con una intervención real de 6,8 hectáreas.

“La sentencia casada yerra (…) al exigir un estándar de motivación basado únicamente en una determinada clase de documentos o antecedentes, descartando la ponderación de otros medios de convicción propios de un organismo técnico como la SMA, tales como las visitas inspectivas o los documentos aportados por las partes interesadas”, sostiene la inmobiliaria.

El proyecto -diseñado por la oficina 2RS Arquitectos Asociados y a cargo de la firma h. Constructora- es de propiedad de Urban Investment (Urbest), firma dedicada a la estructuración de proyectos inmobiliarios residenciales, fundada en 2012. Sus socios son Sebastián Budnik, Christian Cafatti y Felipe Moreno.

La firma ha participado en forma directa en más de 25 desarrollos habitacionales. También ha cogestionado distintos vehículos de inversión, tanto fondos inmobiliarios públicos como privados para sus desarrollos.

El litigio que enfrenta la empresa -que es socia de la Cámara Chilena de la Construcción- se suma a la larga lista de conflictos que han enfrentado una serie de compañías del rubro.