La carga que históricamente ha tenido marzo para los chilenos es una antigua leyenda urbana. La vuelta a clases, el pago de las vacaciones, el permiso de circulación, las matrículas y las contribuciones, han hecho por décadas del tercer mes del año un verdadero “indeseable” para las familias chilenas. Hoy es el Gobierno el que le da una particular relevancia a este mes.
Casi desde el inicio del estallido social que en distintos círculos de oficialismo se repite como mantra que “es necesario prepararse para marzo”, debido a que se ha instalado el fantasma de que las manifestaciones y el vandalismo volverán con fuerza apenas acabe febrero.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el inicio de la segunda mitad de la administración Piñera, un nuevo aniversario del día del Joven Combatiente… Parece probable que la calle y los movimientos asociados al estallido –la Mesa de Unidad Social, por ejemplo– aprovecharán estas efemérides para intentar revivir la protesta, apelando al inelástico argumento de las “demandas históricas no resueltas”.
En el gobierno se respira una tensa calma. Si bien hay quienes consideran que no hay certezas de un nuevo estallido, se asume que será un mes convulso. Para eso se están preparando.
Orden público… ¿el puzzle imposible?
La noche del 12 de noviembre pasado quedará registrada como una de las más difíciles y peligrosas desde el retorno a la democracia. Esa jornada estuvo marcada por graves hechos de violencia que traspasaron un límite sagrado en toda democracia: el ataque a cuarteles militares.
La historia es conocida y hace pocos días, en Enade, fue el propio presidente Piñera quien dio cuenta de la “soledad del poder”, cuando esa noche el oficialismo se debatía entre volver a sacar a las FF.AA. a la calle o hacer un llamado a un Acuerdo por la Paz y la Constitución, que fue lo que finalmente el mandatario decidió.
Este acuerdo ha sido de difícil parto. Mientras el mundo político ha intentado que el plebiscito sea un catalizador de las demandas sociales, existen sectores que no han querido soltar la presión que ejerce la calle, que en muchas ocasiones se desborda y conlleva inéditos niveles de destrucción.
¿Han bajado los hechos de violencia? Evidentemente. Pero recrudecieron luego de la muerte de un hincha de Colo-Colo, que fue atropellado por un camión de Carabineros a la salida del Estadio Monumental.
Este hecho demostró que la policía uniformada concentra un alto nivel de rabia y desprestigio en un amplio sector ciudadano, por lo que cualquier error, abuso y exceso activa la violencia en distintas zonas de la capital.
Pero también muestra que el orden público sigue siendo un flanco difícil para La Moneda. No solo a nivel ciudadano (los magros números de aprobación al Gobierno dan cuenta de un castigo que se explica en buena medida por este factor), sino también político: sin orden público no hay respaldo siquiera de la gente que hace dos años votó por Piñera, y mientras Carabineros siga cometiendo errores el Frente Amplio y parte de la ex Nueva Mayoría continuarán forzando que el Gobierno pague los costos, con interpelaciones y acusaciones constitucionales.
Hoy, no se ve clara la fórmula en el Gobierno. La salida del general de Carabineros, Mario Rozas, no asoma como la solución inmediata. Primero, porque nada garantiza que con su salida bajarán las manifestaciones y desmanes; segundo, en el Ejecutivo resulta poco justo apuntar al mando de una institución que nunca antes se había enfrentado a tal nivel de movilización; tercero, La Moneda sigue necesitando un “fusible” o contención.
Así, el foco de esta administración –su quebradero de cabezas–será encontrar la fórmula adecuada para contener el vandalismo y la violencia. Quizás una luz de esperanza, que pasó sin pena ni gloria por el atropello en el estadio, fue la realización “casi” normal de la segunda PSU y que parte de la agenda de seguridad del Gobierno ha comenzado a tener un correlato en tribunales, que están aplicando las penas de la Ley Antisaqueos.
Gabinete y Constitución
Los gestos, como el diálogo, son clave en la política. Y como dialogar requiere escuchar, hace tiempo que en La Moneda han recibido y procesado distintas propuestas en busca de una salida a la crisis.
Hace tres meses, el Comité Político en pleno cambió de rostros (Blumel se mantuvo, pero pasó de Segpres a Interior). Hoy, sin embargo, para no pocos en Chile Vamos el ajuste no fue el adecuado y muchos dan por seguro que el Presidente hará un nuevo cambio para enfrentar la segunda mitad de su mandato.
El tono, sostienen en el oficialismo, lo da Ignacio Briones en Hacienda. El cambio de estilo -cercano, sencillo, técnicamente sólido, pero fundamentalmente dialogante– es una fórmula a replicar en el resto del gabinete.
La salida, en todo caso, resulta complicada: junto con las características públicas de los nuevos ministros hay otro factor que Piñera debe considerar: la voz de los partidos, que piden ser “debidamente” representados.
Esta vez, el gobierno no tiene mucho margen para desoír a las colectividades, porque marzo no es el único nubarrón en el horizonte: el 26 de abril se realizará el plebiscito y en este asunto el oficialismo aparece más fraccionado que la oposición.
Para Piñera será fundamental mantener unida a su coalición. La fotografía del 27 de abril será clave para los destinos del conglomerado, porque asumiendo que gane la opción “Apruebo” el sector tiene una sola opción de hacer que los contenidos de la nueva Carta Magna incluyan sus valores y principios: la unidad.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Crisis social
