Tras la cita sostenida el 26 de febrero con el presidente Sebastián Piñera, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, admitió que no habrá límite al gasto en la campaña para el plebiscito del 26 de abril, confirmando los temores que ya habían expresado algunos centros de estudio y corporaciones que trabajan por generar mayor transparencia y evitar la corrupción, en cuanto al vacío que quedó en la normativa que regula la realización de la consulta, lo que implica un retroceso en lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Salvo el CPLT que, en un voto de confianza, apela a la autorregulación.
"No tenemos facultades para fiscalizar el financiamiento, el origen de la propaganda y los montos", reconoció. Con ello despertó la inquietud no solo entre los expertos, son también en el mundo político, donde muchos están conscientes de que, dado los grados de desconfianza ciudadana, no será una medida bien vista. En lo mismo coincide la mayoría de los representantes de los organismos que se ocupan de promover una mayor transparencia en la política.
Ante los hechos consumados, la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, se muestra preocupada por los riegos que pueden implicar esta definición y el que no se haya respondido en su momento a los llamados de atención que se hicieron en esta materia.
Deslegitimar el proceso
A juicio de la abogada experta "el gran riesgo es que se deslegitime, por temas formales más que de fondo", el proceso, ya que no habrá límites al gasto y, por tanto, no habrá transparencia semanal –añade- sobre quiénes son los que financian a los distintos comandos.
Pero ese problema no es el único que percibe Jaraquemada en no haber previsto esta situación, pese a que fue advertida con tiempo. La jurista estima que la falta de regulación en materia de financiamiento abrirá también una ventana para que se genere "una contienda electoral no equitativa", ya que los que no son partidos políticos, ya sea independientes o movimientos u organizaciones sociales "podrían acceder a financiamiento extranjero", lo que deslegitimaría el proceso electoral.
De hecho, la directora de Incidencia de Espacio Público, plantea que ya que durante estos meses desde el estallido social se ha hablado de injerencia extrajera en los hechos de violencia, aunque no se ha probado nada –recalca-, bien se podrían haber tomado medidas para evitar que desde el extranjero se pudiera financiar a algún sector. A Jaraquemada le sorprende que habiendo levantado esa tesis no se hubieran tomado medidas de resguardo para evitar esa injerencia, en el supuesto caso de que existiera.
Por otra parte, destaca que se abre espacio a la impunidad, ya que como no se controlará el gasto, y aunque se descubran situaciones irregulares en este campo, no se podrán sancionar; y, por si fuera poco –dice-, con una medida como ésta se deslegitiman los partidos políticos.
Una postura que comparten, tanto Susana Sierra vicepresidenta de Chile Transparente, como su director ejecutivo, Alberto Precht. Mientras la primera advierte que "esto agrava la crisis de confianza que ya existe en torno a los partidos políticos y la política"; el segundo, recuerda que en su momento Chile Transparente levantó la voz, porque esto contribuye aún más desprestigio de los partidos y a la desconfianza ciudadana en la política, aseguró.
Por su parte, Precht recuerda que Chile Transparente le hizo ver al Ejecutuvo, en su momento, la necesidad de aporbar una ley corta que regulara este proceso, lo que a todas luces no fue considerado.
Rol ciudadano y desconfianza
Sierra, en tanto, coincide en que éste es un retroceso a lo que se venía realizando y que de alguna manera privilegiará a quienes puedan invertir más, "la cancha no estará pareja para todos". Adicionalmente, se suma a los temores expresados por Jaraquemada, en cuanto a que como el Servel no fiscalizará, las infracciones o derechamente delitos que se pudieran cometer en el plano de los gastos y el manejo de recursos para campaña, quedarán en la más completa impunidad.
Desde el punto de vista de la ingeniera comercial con esta situación resurge el temor a la "línea gris" que existe entre los negocios y la política, pues es allí donde "puede existir corrupción", advierte, y es justamente por eso que "siempre se investiga de dónde provienen las platas para financiar las campañas". Por lo que exhortó a la ciudadanía a estar atenta, ya que en este escenario, estima que "el rol de la sociedad civil es importantísimo en cuidar la transparencia del proceso".
"A mi juicio esto es un paso atrás. Creo que a la campaña del plebiscito no se le está dando la importancia de un ejercicio electoral", recalca.
Por su parte, Auska Ovando, coordinadora de Laboratorio de Democracia Digital de Ciudadanía Inteligente, se suma a la preocupación de sus predecesores. Sostiene que "es extremadamente negativo" lo resuelto, "sobre todo considerando lo mucho que se ha avanzado en los últimos años en regular la relación dinero-política en Chile".
Y va más allá en su análisis: "El movimiento que originó este plebiscito se trata de acabar con privilegios injustos y dejar la campaña a merced de quienes tienen más dinero va justo en la dirección contraria".
En la misma línea de Sierra, Ovando hizo hincapié en que "necesitamos que la gente vuelva a confiar en el sistema democrático para que sea más participativo y legítimo, y la falta de regulación de financiamiento sólo va a crear más dudas y desconfianza en la ciudadanía".
¿Autorregulación?
Una mirada distinta a la de sus predecesores expone el titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, quien promueve la autorregulación. A su juicio, es "necesario impulsar la autorregulación, seguir los instructivos que se han propuesto como marco, imitar lo establecido para otros procesos y actuar pensando en controles externos".
Su propuesta constituye "una manera de enfrentar los vacíos legales y avanzar en la recuperación de la confianza de la gente en las instituciones y en los procesos políticos, en la democracia al fin y al cabo", argumenta. Y añade que entre las propuestas del organismo "destacamos que las distintas organizaciones que respalden alguna de las alternativas plebiscitarias y que participan de la campaña electoral, utilicen todos los elementos de que dispongan para informar el total de recursos utilizados en la campaña".
Para ello -dice- pueden habilitar enlaces en sus sitios electrónicos, con información en lenguaje comprensible y de fácil acceso relativa a la campaña electoral, monto de dinero utilizado, detallando cuántos de esos recursos son propios de la organización y cuánto proviene de terceros.
El presidente del CPLT "ante una demanda de proactividad en materia de transparencia y control, voluntariamente los partidos podrían optar por el camino de la rendición de cuentas y como buena práctica, disponibilizar información en transparencia activa, una referencia a las alternativas que apoyan en el plebiscito y los comandos de los cuales son parte", concluye.
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