Podría decirse que la relación entre el Gobierno y el Parlamento ha tocado fondo esta semana, pero no existe ninguna certeza de que la tensión no pueda ser todavía peor. La aparente calma luego del plebiscito del 25 de octubre –que dejó en evidencia que la sociedad no está polarizada, sino la clase política– fue apenas un espejismo de corta duración.
La política está revuelta y parece dar la razón a los electores que en el referéndum apenas le dieron un 21% de preferencias a la convención constitucional mixta, en un evidente castigo al Parlamento (que, según la encuesta CEP, está penúltimo en confianza de la ciudadanía, solo superado por los partidos políticos). Cuatro de cada cinco ciudadanos no apoyaron la idea de que los congresistas también redacten la nueva Constitución.
Esta semana cayó el tercer ministro del Interior desde las revueltas de octubre de 2019. Fue la séptima acusación constitucional contra el Gobierno y, en esta ocasión, contra Víctor Pérez (UDI), que llevaba tres meses en el cargo. Si el proceso se aprueba en el Parlamento, arriesga cinco años de inhabilidad para cargos públicos.
En la Cámara, apenas aprobada la acusación constitucional contra Pérez, un partido de oposición -el Radical- presentó la censura a la mesa de la corporación. ¿Hubo sectores de la oposición que entregaron sus votos para derribar a Pérez a cambio de contar con el apoyo para presidir la Cámara? El PR retiró la censura, pero siguen los movimientos para sacar de la mesa a Diego Paulsen (RN) y a Francisco Undurraga (Evópoli).
En tanto, la comisión de Constitución de la Cámara aprobó en particular un nuevo retiro del 10%, en una votación que fue de 7 contra 6. Aunque la oposición y el oficialismo votaron alineados a cada lado, el avance de este proyecto no solo deja en una incómoda posición al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Sobre todo, evidencia los problemas del actual titular de la Segpres, Cristián Monckeberg (RN), de ejercer de forma eficiente su labor en el Parlamento. Es a Monckeberg al que la UDI le cobra el poco apoyo a Pérez en el marco de la acusación.
Choque de poderes
El proceso constituyente será una oportunidad importante para que se ponga en discusión el actual sistema de Gobierno, que ha mostrado su fragilidad, no solo en la actual administración. Existen distintas posiciones que no se organizan de acuerdo al eje derecha-izquierda. Los partidarios del presidencialismo vigente se pueden hallar tanto en la UDI como en el PS, como a impulsores del semipresidencialismo y parlamentarismo en diferentes sectores de la escena. Pero, al margen de las soluciones técnicas –que deberán ser discutidas en la convención–, parece haber un consenso en que están hace años haciendo crisis los mecanismos de cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo.
Es de eso –que no es poco– de lo que estamos hablando cuando observamos lo que observamos esta semana en la política chilena.
En el libro Crisis del híper presidencialismo chileno y nueva Constitución: ¿Cambio al régimen político? (Flacso), el exministro Nicolás Eyzaguirre, la politóloga Pamela Figueroa y el constitucionalista Tomás Jordán hacen su propuesta. Pero antes, realizan un diagnóstico que podría resumirse en:
- Existe un contexto histórico, político y social determinado por la crisis más profunda del sistema de partidos, surgida a raíz de los casos de financiamiento ilegal de la política.
- La historia de Chile es una historia de desentendimiento entre el Ejecutivo y Legislativo. Existe un choque no resuelto de poderes.
- Un Gobierno como el de Piñera (54%), con minoría en ambas cámaras, tiene la necesidad de negociar individualmente con cada parlamentario, porque los partidos influyen poco en sus congresistas.
- Un Gobierno con doble minoría, liderazgos individualistas en el Parlamentos y altos quórum para algunas leyes, deja al Ejecutivo en “situación de tener que comprometer su programa de gobierno, debiendo conciliar su legitimidad electoral con la del Congreso”.
- El resultado de un Gobierno presidencial es la consecuencia de su programa filtrado por el cedazo del Congreso.
- No existen incentivos para la colaboración del Parlamento con el Ejecutivo.
- El sistema está totalmente trabado y bloqueado.
El constitucionalista Sebastián Soto –asesor de La Moneda–, aunque es partidario de no debilitar el presidencialismo, ha apuntado a un problema adicional: la necesidad de establecer formas para fortalecer la alianza entre el Gobierno y el oficialismo en el Parlamento.
Estrategia frustrada
El presidente Sebastián Piñera insiste en los llamados al diálogo y la unidad, antes y después del plebiscito. Parece buscar una instancia que aplaque la agitación en las calles y las tensiones se canalicen a través de la salida institucional y democrática, como el proceso constituyente. Con minoría en ambas cámaras del Parlamento, apela a la búsqueda de acuerdos como una manera de administrar en un clima de paz durante los 16 meses que le quedan en el poder.
Desde el Gobierno han apostado por diferenciar a las dos oposiciones que, a juicio del Ejecutivo, existen en el Parlamento: una dialogante encarnada en lo que queda de la exConcertación; y una de mayor radicalidad, la del Frente Amplio y el PC. Pero se trata de una estrategia frustrada: la acusación contra Pérez fue impulsada por un DC (Gabriel Ascencio) y los 80 votos a favor mostraron a una oposición unida. Hubo gestiones del Gobierno para buscar que algún diputado de oposición moderado se descolgara, pero fue un fracaso, al margen de la abstención de Lorenzini). Ascencio anunció horas antes que “calculaba” 80 votos y hubo 80 votos.
Van nueve meses de discusión en torno a la reforma previsional, uno de los temas de mayor urgencia para la ciudadanía. La izquierda recientemente rechazó el presupuesto de Carabineros. El Ejecutivo –que comete errores– parece no encontrar el camino y no termina de comprender que no encontrará en el Congreso sino a una oposición que busca su total fracaso y a oficialistas con proyectos individuales.
Una señal de que La Moneda está dándose cuenta de que las cosas en el Parlamento no van a mejorar está en la propia designación de Rodrigo Delgado en Interior. En el Gobierno son muchos los que consideran que da lo mismo si el exalcalde no tiene redes en el Congreso. Dieron igual los lazos de Andrés Chadwick con la oposición y las de Pérez, luego de 30 años como congresista: si renunció pese a la reticencia inicial de Piñera fue porque llegó a la convicción (¿se lo anticiparon?) de que los votos en el Senado estaban para destituirlo.
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