Hacienda convoca a técnicos para destrabar el proyecto que da mayor autonomía fiscal a las regiones

“Regiones más fuertes”. Así se titula el proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo a fines de abril a la Cámara de Diputados, que en lo principal establece una mayor autonomía presupuestaria a los Gobiernos Regionales (Gores).

Todo esto como parte del cronograma original de la reforma tributaria, que contemplaba un mayor acceso a recursos propios de parte de las regiones, reduciendo su dependencia del Gobierno Central.

Sin embargo, a tres meses de aquello, la iniciativa legal está trabada en la comisión de Hacienda de la Cámara, debido a la falta de acuerdo -que es transversal- respecto a la posibilidad de que las regiones se endeuden; los controles en la rendición de cuentas de los Gores; y el cobro de tasas o derechos por explotación de bienes públicos. El caso convenios tampoco ayudó en el avance del texto legal.

Dado lo anterior, hace un par de semanas el Ministerio de Hacienda acordó con los diputados la convocatoria a una mesa técnica para destrabar la iniciativa.

Este miércoles, la instancia desarrolló su quinta sesión. Las reuniones han sido temáticas y se han abordado los siguientes aspectos, explican en Teatinos 120: facultades financieras de los Gores, incluido el endeudamiento; administración financiera; mecanismos de control; transparencia y rendición de cuentas; y nuevas fuentes de ingresos.

Por el Ejecutivo las gestiones son lideradas por Consuelo Fernández, Hacienda; George Lambeth y Luis Riquelme, Dirección de Presupuestos (Dipres); y Rodrigo Candia, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Jaime Naranjo (PS) designó a la abogada Melissa Mallega; Alexis Sepúlveda (PRSD) al economista Ismael Toloza; Boris Barrera (PC) a la antropóloga Millaray Huaquimilla y al abogado Arón Núñez; Eric Aedo (DC) al profesor Julio Valladares y el abogado Alfredo Ugarte; Jaime Sáez (RD) a la abogada Rocío Fondón y a economistas de la fundación Rumbo Colectivo; y Gael Yeomans (CS) al economista Mauricio Pardo.El independiente Carlos Bianchi es representado por el abogado Nickolas Mena.

En la oposición, Agustín Romero (Republicanos) es asesorado por la abogada Nicole Martínez; Guillermo Ramírez (UDI) por la economista Macarena García y la abogada Bárbara Bayolo; Miguel Mellado (RN) por el ingeniero comercial Daniel Muñoz; y Sofía Cid (RN) por el abogado Benjamín Rodríguez.

Los puntos en discordia

La principal crítica del diputado Romero es la posibilidad de que las regiones pueden cobrar derechos, permisos o tasas por la explotación de bienes públicos, como por ejemplo parques nacionales o tarificación vial en zonas de alta congestión: “Aquí se puede generar un doble cobro y lo peor es que no queda claro quién puede cobrarlo, si el Gore o el municipio”, plantea.

Aedo pone foco en aumentar los controles para el uso de los recursos y eventuales traspasos a fundaciones: “No es el momento de soltar los controles ni dar manga ancha para el despilfarro de recursos”, dice.

Sáez reconoce que la posibilidad de que los Gores puedan endeudarse para financiar proyectos estratégicos -previa autorización de Hacienda- ha generado “ruido” en algunos legisladores, en especial luego de las dudas expuestas por la Contraloría: “Los mecanismos de control podrían ser más fuertes y mejorarse, es un tema que hay que resolver”, recalca.

En este punto, el ministro Mario Marcel ha mostrado apertura a delimitar en la ley y no en un reglamento el nivel de endeudamiento que pueden asumir los Gores.

Naranjo dice que “no veo un trámite fácil”, por lo que considera que habrá que acotar “muy bien el uso de los recursos y su capacidad de endeudamiento, que es lo que ha generado mayor preocupación”.

Barrera enfatiza que el proyecto “va en la línea correcta”, pero reconoce que hay reglamentos de los mismos Gores que son “muy generales y creo que debieran colocarse algunas directrices, ya que no pueden ser ellos mismos los que establezcan, por ejemplo, cómo hacer licitaciones”.

Geomans espera que el proyecto pueda avanzar y votarse en las próximas semanas, pero también puntualiza que hay aspectos que “son mejorables, como la revisión de las tasas de cabotaje, el fortalecimiento del uso de la Ley de Compras Públicas y avanzar en mayor robustez normativa con respecto a las transferencias corrientes”.

Bianchi señala que si bien hay un “ánimo de avanzar”, hay que también reconocer que “es absolutamente necesario regular la capacidad de endeudamiento de los Gores”, así como permitir que las zonas puedan generar ingresos propios, como en el caso de Magallanes a través del hidrógeno verde.

Cid manifiesta su “preocupación” por el endeudamiento, más aún considerando las “aprehensiones” que formularon el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la Contraloría, “que no tiene las capacidades suficientes para fiscalizar”.

Para Mellado, el endeudamiento regional podría incidir en superar el tope de 45% del PIB de deuda bruta del Fisco que prevé Hacienda como un límite sostenible: “Eso puede afectar las cuentas fiscales”, recalca.

Ramírez alude a la “falta de certezas en la elaboración y el control del ciclo presupuestario, al entregar parte de la regulación de los detalles a futuros reglamentos”.