Dorothy Pérez lleva un par de días ratificada como la nueva contralora general de la República y ya emitió un pronunciamiento que desencadenó una serie de críticas por parte de los funcionarios públicos.
Las nuevas directrices de la entidad respecto a la confianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público -un principio que opera como una protección laboral, puesto que establece que luego de un determinado tiempo de renovaciones sucesivas de su contrata, la administración sólo puede poner término al vínculo a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo-, generó una ola de reacciones en redes sociales.
¿Qué dijo Contraloría? En términos simples, la entidad declaró que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima en los funcionarios públicos a contrata es una materia de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, ya que se trata de una materia litigiosa, que no debe ser analizado por la Contraloría.
“La pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendido el lapso de su desempeño a contrata, y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que a dichos servidores no les asiste tal protección, dando lugar a una controversia cuya resolución compete a los Tribunales de Justicia, lo cual se confirma, además, por las múltiples acciones jurisdiccionales intentadas y actualmente en curso”, señaló Contraloría a través de un dictamen, en el cual agregó que en lo sucesivo la entidad se abstendrá de resolver sobre la citada materia.
Para justificar esto, el órgano de control argumentó que este ha sido un debate que en general se ha abordado en tribunales, instancia que incluso ha cambiado el periodo desde el cual se entiende que aplica la confianza legítima.
Si hace unos años la Corte Suprema decía que el plazo necesario para dar lugar a la confianza legítima, en el caso de las personas designadas a contrata, era de dos años, desde 2023 el criterio cambió y la máxima instancia judicial ha planteado que el plazo es de cinco años.
La respuesta de la ANEF y la CUT
Para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el dictamen termina con la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legítima, "precarizando aún más" la estabilidad del empleo en el Estado.
“Esto es un retroceso, nos golpea, pero nos mantenemos de pie”, dijo el presidente de la ANEF, José Pérez, quien agregó que en las conversaciones de trabajo que sostienen con el Gobierno, particularmente con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, está contemplado abordar el concepto de confianza legítima en el sector público y ver fórmulas para dar certeza a los funcionarios que desempeñan sus funciones bajo contrata y honorarios.
“Son hechos que rechazamos rotundamente (el dictamen), y que solo golpea a este empleo precario que tenemos las y los funcionarios en el Estado, honorarios y contratas. Estaremos firmes, con la convicción de que necesitamos avanzar en una norma legal que ayude a declarar este principio de estabilidad en el empleo de carácter permanente”, agregó Pérez.
Para contextualizar, de acuerdo al Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos publicado en agosto pasado, en el Gobierno hay 274.350 funcionarios a contrata (lo que corresponde al 56,3% del total de la dotación). Cifra muy por sobre los 103.525 que se desempeñan en planta (21,2%).
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa de trabajadores del sector público también se sumaron a las críticas. "Vemos con preocupación que la contralora de la República, Dorothy Pérez, por iniciativa propia le quita el derecho administrativo de la confianza legítima a los trabajadores del Estado. Un derecho que fue ganado con movilización", criticó el presidente de la multisindical, David Acuña.
Para el dirigente sindical es un tema complejo, ya que con este pronunciamiento "un cambio de autoridades se puede transformar en una carnicería para los trabajadores", dijo, y agregó que ponen la voz de alerta "para que esto no se transforme en un beneficio para las nuevas autoridades para poder despedir trabajadores públicos a diestra y siniestra"
Una opinión en la misma línea entregó Carlos Insunza, coordinador de la mesa del sector público, quien agregó que "es un dictamen que no le ha requerido nadie". Para él, además, es un pronunciamiento que en los hechos "incumple el mandato constitucional que pesa sobre la Contraloria General de la República que es interpretar el derecho administrativo y resolver las diferencias que se producen particularmente en este caso".
El debate
Para el profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción, Álvaro Domínguez, el dictamen de Contraloría "entrega impunidad al poder político para precarizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras que ejercen una función pública", ya que desde su perspectiva "los empuja al largo camino de tribunales, sobrecargando la judicatura del trabajo aún más de lo que ya está".
Para la profesora de derecho del trabajo de la PVUC, Karla Varas, el dictamen constituye un retroceso en la protección de las personas trabajadoras del sector público con un vínculo precario con la administración.
Para Varas, el criterio que da Contraloría en el dictamen "es completamente errado, toda vez que el órgano contralor únicamente debe abstenerse de emitir pronunciamiento ante casos judicializados, de lo contrario, como toda materia puede devenir en litigiosa, entonces, no tendría que pronunciarse sobre prácticamente ningún asunto".
La senadora (DC) Yasna Provoste a través de la red social X pidió cambiar el pronunciamiento. "Llamamos a la nueva Contralora a que reconsidere su decisión de limitar la defensa de la confianza legítima de los funcionarios públicos solo a tribunales. Esta medida precariza la función pública y afecta la estabilidad de quienes sirven al país".
En la vereda contraria, para el exdirector de Presupuestos durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, Matías Acevedo, el pronunciamiento de Contraloría va "en la dirección correcta, los temas de orden jurídico al igual que en el caso de las relaciones laborares en el sector privado, son resorte de los tribunales y deben ser evaluados en su mérito caso a caso".
Para el también investigador del CIES de la UDD, este pronunciamiento "no aumenta la precarización del empleo público, sólo pone los temas legales en su lugar. Urge una modernización del empleo público, que no ha tenido un cambio relevante en democracia, ya que data de 1989. Mérito a la entrada, que reconozca a los buenos funcionarios, pero también a los que no hacen su trabajo y desprestigian la función pública".
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