Los alcances del dictamen que limitó la contratación y renovación de honorarios en la administración pública

El pasado lunes, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que generó revuelo en el mundo laboral. En el documento, la entidad liderada por Jorge Bermúdez limitó la contratación y renovación de funcionarios a honorarios en la administración pública.

De acuerdo al nuevo lineamiento, si bien se podrá continuar utilizando la modalidad de honorarios, esta sólo podrá ser empleada para la contratación de asesores externos, personal que se desempeñará en gabinetes, profesores por hora en universidades y otras situaciones excepcionales.

Con esto, desde 2023 los ministerios y servicios públicos deberán decidir entre la no renovación o el traspaso a contratas de las personas que se desempeñan a honorarios.

Para justificar su decisión, el contralor señaló que los contratos a honorarios constituyen “una figura precaria, puesto que, a pesar de ser esencialmente transitorias, en la mayoría de los casos terminan por extenderse en el tiempo de manera tal que la persona contratada a honorarios se torna en un servidor permanente, pero sujeto a un régimen jurídico normalmente más desventajoso”.

Las cifras

De acuerdo a datos de la Dirección de Presupuesto (Dipres) a septiembre de 2021, el total del personal disponible del Gobierno Central alcanzó los 461.228 puestos. De estos, 352.034 corresponden a la dotación, y 109.194 a cargos fuera de la dotación, como suplentes y reemplazos, vigilantes privados, otro personal del Código del Trabajo, entre otros.

De los funcionarios que corresponden a la dotación, estos se componen principalmente por personal a contrata (233.525 cargos), seguido por planta (98.065 cargos). El personal a honorarios, en tanto, alcanzó las 61.856 plazas, correspondiendo al contrato más frecuente entre los externos a la dotación.

De acuerdo a otro informe de Dipres, pero con cifras actualizadas a 2020, el ministerio con más contrataciones a honorarios es Salud, con 29.502 personas.

Las excepciones

El próximo gobierno de Gabriel Boric tendrá que sentarse a conversar con los funcionarios públicos para analizar a cuántas personas traspasará a la modalidad a contrata.

Sin embargo, hay excepciones. Según precisa el dictamen, hay ciertos trabajadores a honorarios que quedan excluidos del nuevo criterio, por lo cual no se debe analizar su traspaso a contrata.

¿Quiénes? como primer grupo, quedan fuera las personas que realicen prestaciones de servicios en programas comunitarios, que comprenden la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios para la prestación de servicios ocasionales o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad.

Los contratos a honorarios convenidos con el personal del área de la salud, a fin de cubrir la recarga de las tareas provocada por la pandemia de Covid-19 y los honorarios que se hayan contratado con cargo a los fondos previstos en la ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, también quedan excluidos.

Con todo, para el abogado laboral Luis Lizama, este tema requiere de una negociación que inicie prontamente.

“El dictamen lo que dice es: prepárense porque dentro de un año más ninguna persona contratada a honorarios puede desarrollar actividades permanentes en el servicio público que lo contrató”, recalcó, añadiendo que para llevar el dictamen a la práctica “se requiere una Ley que amplíe las dotaciones y que autorice a los servicios a contratar funcionarios en el régimen de contrata, porque no todos los honorarios pasarán a la modalidad a contrata”.

Reacciones

Para José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el dictamen es un avance, ya que “hace justicia e instruye a abordar algo que en el Estado existe: que es la precariedad contractual”.

Respecto a los pasos a seguir, Pérez señaló que lo óptimo es que se realice una negociación sectorial “con un diálogo de carácter vinculante y también resolutivo, que no quede solo en reuniones”.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, sostuvo que hay que tomar este dictamen de la Contraloría como una oportunidad para legislar. “No podemos, seguir construyendo un empleo público de manera inorgánica”, dijo.