Los asesores de los ministerios, los partidos políticos e, incluso, el equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el Tribunal Constitucional (TC). Todos en el gobierno analizan cuál es el mejor camino para reponer la titularidad sindical y “reequilibrar” el proyecto.
El uso del veto presidencial es una de las opciones. El problema es que el tiempo no juega a favor de La Moneda. El tribunal tiene hasta el 9 de mayo para entregar el contenido de su resolución. El plazo para utilizar el veto vence un día antes, el 8 de mayo.
Esa restricción limita la cobertura de dicha opción, ya que -desconociendo el fondo del fallo del TC- el Ejecutivo difícilmente podría incorporar la titularidad o la extensión de beneficios por afiliación sindical, los dos elementos impugnados constitucionalmente por el TC a petición de Chile Vamos.
Por eso en La Moneda, el discurso de este lunes fue claro. Al término del consejo de gabinete, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló: “Una vez que tengamos todos los antecedentes vamos a evaluar cuál de aquellas herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico vigente vamos a utilizar”.
Palabras a las que se sumó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien afirmó que “el gobierno está analizando la situación y no ha tomado ninguna decisión al respecto”.
Ambas autoridades discreparon con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien el viernes pasado aseguró que La Moneda ya había tomado una decisión y esa era el veto presidencial.
De hecho, los asesores del Ministerio del Trabajo siguen despejando el camino para utilizar dicho instrumento, aunque también “analizan otras alternativas”. Rincón dijo que el uso del veto es para “reequilibrar” la reforma, modificando o eliminando algunos aspectos que, para un sector de la Nueva Mayoría, son “garantías” entregadas a los empresarios, como el aumento en los quórum para la creación de sindicatos o los pactos de adaptabilidad.
El gobierno desconoce en qué posición quedarán los sindicatos respecto de los grupos negociadores, como vehículos para la negociación colectiva de los trabajadores. Por eso no podría incluir la titularidad sindical y la extensión por afiliación en el veto presidencial. Según comentaron desde el equipo jurídico convocado para la batalla en el TC, lo relevante del fallo es conocer cómo fundamentan sus integrantes, las prevenciones que puedan realizar sobre las normas impugnadas e, incluso, las afirmaciones que puedan incluir en el voto.
En consideración de esos elementos, es que varios dirigentes de la Nueva Mayoría plantearon, en el comité político en La Moneda, que el camino más óptimo es un proyecto de ley que considere las objeciones del TC para “no hacer una cosa a ciegas”, según expresó el senador de la DC, Andrés Zaldívar.
Sin “amarrarse” con veto o ley corta, el parlamentario dijo que lo relevante es “evitar que la reforma quede coja”, es decir, sin el fortalecimiento sindical vía titularidad.
Un nuevo debate
Los presidentes de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), y el Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), concordaron en que el período de vacancia (el tiempo que media entre la publicación de una ley y su entrada en vigencia) de la reforma laboral es “una ventana” para modificar el proyecto de ley.
Son seis meses para que el oficialismo modifique los aspectos objetados por el TC y “las contraprestaciones” incorporadas en el proyecto, como la adaptabilidad laboral y el incremento de los quórum. También los “servicios mínimos” y el descuelgue, como lo solicitó el presidente del PC, Guillermo Teillier.
Eso sí, “cualquiera sea la fórmula, será previamente informada a la Nueva Mayoría, para tener una respuesta unívoca al proyecto” fue el compromiso que, según el diputado Andrade, adoptó el gobierno. La idea es evitar nuevamente las pugnas y conflictos al interior del oficialismo.
Empresarios apoyan búsqueda de acuerdos pero el gobierno insiste en cerrar debate pronto
La declaración a Diario Financiero del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, donde plantea que la determinación del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la reforma laboral abre la oportunidad de volver a dialogar y buscar puntos de encuentro, tuvo eco en el mundo político y empresarial.
Su par de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, expresó que el fallo del TC efectivamente "abre una oportunidad de consensuar posiciones y aunar criterios de modo de introducir mejoras a esta reforma que, tal como está planteada, no responde a las necesidades del Chile de hoy".
Otro dirigente empresarial que le dio un espaldarazo al planteamiento del timonel de los industriales fue el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Ricardo Mewes aseguró que ahora "se abre una tremenda oportunidad de volver a sentarse a la mesa a conversar con el gobierno, con los trabajadores". Mewes agregó que esta es una reforma importante y profunda, por lo que claramente genera incertidumbres. Por esto, dijo, "nos mostramos más que dispuestos a buscar puntos de encuentros con el gobierno, los trabajadores y con quien sea necesario. Somos partidarios de que nos tomemos el tiempo necesario para que ésta sea la mejor reforma para todos".
Para el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen, se abre nuevamente la opción para construir una auténtica reforma laboral. Aseguró tajante que "el actual proyecto no es una reforma laboral, ya que se limita a abordar aspectos como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. La rigidez laboral que niega oportunidades de empleo perjudica especialmente a los grupos vulnerables y lo mismo ocurre con el bajo nivel de educación y capacitación de nuestra fuerza laboral".
Mientras, en el gobierno optaron por poner paños fríos a la ventana que podría abrir el fallo, pese a compartir la voluntad de sentarse a conversar. Según explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, "siempre dialogar es bueno, pero llevamos mucho tiempo en esto y queremos ya cerrar capítulos, estamos trabajando en los últimos cambios que tenemos que proponer dado lo que falló el tribunal". A juicio de Valdés, si bien es positivo conversar, "los márgenes de maniobra luego que se ha votado tanto no es para reabrir "demasiados temas". "Ya se hicieron las conversaciones durante un año y medio, logramos equilibrios políticos muy complejos de lograr y tenemos que mantenerlos", añadió.
Desde la vereda parlamentaria, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, apuntó que "lo más importante es que se debe buscar un acuerdo para que realmente la reforma pueda ser efectiva y se pueda promulgar, solucionando los temas constitucionales".
El senador socialista Carlos Montes sostuvo que "tienen que ser más serios. Si quieren realmente discutir un marco más global, tienen que partir aceptando cosas que son del ABC del respeto de los derechos colectivos".
Oficialismo busca "ganar tiempo": Zaldívar pedirá aclarar plazo para veto
Hay dos artículos de la Constitución que son claros respecto de los plazos que tiene el gobierno para presentar, en el Congreso, el veto presidencial. Uno de ellos es el 73, que señala que "si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes (el veto), dentro del término de treinta días".
El otro, el artículo 93 de la Carta Fundamental, establece que "el requerimiento (presentado en el TC) no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido".
Considerando ambos apartados, La Moneda tiene hasta este domingo 8 de mayo para ingresar el veto al Parlamento, escenario que, según reconocen en los ministerios de Hacienda y Trabajo, complica mucho las opciones de escoger esta herramienta.
Por eso, al interior del gobierno y del equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el TC, liderado por el abogado laboralista Francisco Tapia, estudian opciones para modificar dicho plazo.
Por ejemplo, a nivel parlamentario, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, sostuvo que "soy bastante crítico a la interpretación que se está dando, que el plazo de 30 días del veto corre desde el momento que se despachó el proyecto desde el Congreso", es decir, desde el viernes 8 de abril.
Por eso, el legislador pedirá a la comisión de Constitución del Senado, que elabore un informe para aclarar desde cuándo corre el plazo.
Lo lógico, a su juicio, "es que corra desde el momento en que la ley está en condiciones de ser promulgada".
Lo ideal, según reconocen en la Nueva Mayoría, es que el Tribunal Constitucional entregue antes del lunes 9 de mayo, el contenido del fallo que eliminó la titularidad sindical y, parcialmente, la extensión de beneficios por afiliación al sindicato, dos pilares del proyecto.
Eso sí, admiten también que es "muy difícil" que el TC "analice si quiera" esa opción, ya que mantendría un criterio político sobre la reforma.
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