Parte del movimiento sindical considera que la reforma laboral aprobada por el Congreso no sólo es insuficiente, sino que incluso un retroceso, por ejemplo, con los pactos de adaptabilidad. Otro sector, representado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cree que los cambios son “un avance” y permiten mejorar condiciones de negociación de los sindicatos, especialmente con la titularidad sindical y la extensión de beneficios, dos de los cuatro elementos impugnados por la oposición en el Tribunal Constitucional.
Desde la vereda opuesta, el mundo empresarial -que siempre se opuso a la reforma laboral- observa en la causa que tramita el TC la última oportunidad para derribar algunos pilares del proyecto, como la titularidad y la extensión; y dos elementos secundarios, como la negociación colectiva interempresa y el derecho de información.
Por eso, el gran empresariado asistirá en bloque al tribunal, el próximo lunes cuando se desarrollen las audiencias públicas. El encargado de exponer los argumentos que aún afina la CPC será el abogado Héctor Humeres. La idea es “meter presión” y, por eso, las ramas de la confederación también dirán presente. La Sonami con su secretario general, Jorge Riesco; la Sofofa con su abogado laboral, Felipe Sáez; la Cámara Nacional de Comercio con su abogado asesor, Cristián Acuña; y la SNA con su fiscal, Eduardo Riesco. También la Cámara Chilena de la Construcción participará, aunque aún no define a su representante.
El presidente de la SNA, Patricio Crespo, anticipó que titularidad y extensión serán los puntos centrales que cuestionará el gremio. “Se atenta contra el derecho a la libertad de asociación y sindicalización, planteando una titularidad que obliga a todo el mundo a estar en el sindicato y a reconocerlo como la única instancia negociadora, lo que priva al empresario y al trabajador de llegar a acuerdo de forma directa”, expresó el dirigente.
La postura de Crespo fue criticada por el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, quien aseguró que “quienes han golpeado históricamente la libertad sindical y el derecho de asociación han sido los empresarios y la derecha. Son los empresarios los que no permiten, en el 95% de las empresas, crear sindicatos”.
Sobre uno de los argumentos planteados por el requerimiento de la oposición, Díaz afirmó que “no existe ninguna coacción. El que no quiere sindicalizarse no lo hace, pero el que quiera recibir los beneficios logrados por el colectivo tiene, primero, que ingresar al sindicato; y segundo, luchar por ellos. Además, la negociación individual se mantiene”.
El mundo sindical también participará activamente en la jornada de audiencias públicas. A la CUT se sumarán los trabajadores de ENAP, del sindicato interempresa de Lider y la Federación de Trabajadores Contratistas de Chile. También asistirían los sindicatos de conductores de buses y camiones, y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).
Respuesta del gobierno
Este viernes, el gobierno entregará la respuesta a la impugnación constitucional realizada por Chile Vamos. El encargado de exponer los argumentos del Ejecutivo, el próximo martes en la ronda de alegatos, será el abogado laboralista Francisco Tapia.
Al interior del equipo jurídico, compuesto además por Javier Couso, Carlos Mackenney y Andrés Aylwin, consideran que los argumentos de la oposición son débiles, por lo que existe confianza con el resultado del proceso.
La defensa del gobierno buscará, primero, evidenciar “las falsedades y errores” del requerimiento de Chile Vamos, como “la negociación interempresa y la supuesta discriminación forzosa”. En segundo orden, intentará despejar aspectos “que resultan evidentes”, como que los sindicatos son “el vehículo natural de la negociación colectiva, como lo son los partidos de la actividad política”, según comentó un integrante del equipo, que agregó: “Dicen que se consagra el monopolio sindical, pero nada impide crear otros sindicatos”.
Sobre extensión, el grupo de abogados intentará demostrar que “no toda distinción es discriminatoria” y que la oposición confunde los “incentivos a la sindicalización con la coacción”.
comercio pondrá énfasis en interempresa
Pese a participar en una de las negociaciones "más allá de la empresa" más exitosa de los últimos años, como fue el aumento de descansos dominicales a los trabajadores del comercio, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, no comparte la negociación colectiva interempresa que establece la reforma laboral.
Además asegura que la norma (que obliga a medianas y grandes empresas a negociar) tiene "vicios de incostitucionalidad". En el TC, el dirigente planteará que "puede haber (en una negociación) asesores de un sindicato de una empresa de mayor tamaño que participen en la negociación de una empresa de menor tamaño, y, por ende, las condiciones de esa firma pasan a ser vasos comunicantes, lo que nos preocupa".
Desde el equipo jurídico del gobierno aseguran que "no se leyó bien la norma" y que la oposición confundió "la negociación con varias empresas, con la negociación colectiva en una empresa con un sindicato interempresa".
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