Opinión: Economistas debaten en DF sobre la polémica fiscal. ¿Problema de definición o enredo contable?

Cuál es el fondo de la discusión generada en materia fiscal, luego de que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, encendieran las alarmas señalando que hay US$ 5.500 millones en gastos comprometidos que no están financiados en el presupuesto.

El tema también fue abordado en profundidad en nuestra edición de hoy por los columnistas de DF, Eugenio Rivera, economista de Fundación Chile 21, y Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad.

Para el primero, en el foco de la discusión hay un problema de definición, de lo que se comprende por gastos comprometidos y lo que son presiones de gasto, en un marco normal de dificultades para gestionar recursos escasos. Pero estas dificultades parecen aumentar con las perspectivas de menores ingresos que generan una rebaja de impuestos. ¿No será en el gobierno ahora se están discutiendo la posibilidad efectiva de introducir esta reforma", sospecha Rivera.

Por su parte, Díaz, agrega el concepto de gastos potenciales y profundiza en la definición de pasivos contingentes. Para él, por detrás de todas estas categorías, lo que se advierte es más bien un desorden contable, que no es nada de trivial, ya que podría tener un negativo impacto en la sostenibilidad fiscal del país.

Estas son las visiones de nuestros columnistas sobre el tema:

¿GASTOS COMPROMETIDOS O PRESIONES DE GASTO?

Eugenio Rivera

Economista Fundación Chile 21

El ministro de Hacienda señaló el sábado que “sólo para este año hay unos US$ 1.500 millones en gastos comprometidos, que no están registrados en el Presupuesto”. Más aún, estos “gastos fuera de presupuesto” rondan los US$ 5.566 millones.

Hay sin duda un problema terminológico pues “gastos comprometidos” son sólo los que están indicados en la Ley de Presupuesto. Se trata más bien de presiones de gasto. De hecho es la denominación que usa la DIPRES en el informe presentado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Tamaña confusión genera alarma pública y hace dudar de la capacidad ministerial para enfrentar los problemas sociales y políticos que se esconden bajo esa terminología.

En dicho informe, aun cuando desagregan las fuentes de esas presiones de gasto, se lo hace de una forma muy general: serían gastos no devengados ni ejecutados en el 2017, sobre ejecución de gasto en algunas partidas y proyectos de ley ingresados al Congreso, no provisionados. Dos tercios corresponden al déficit hospitalario del sector público de salud.

Es conocida la situación de ese sector; sabemos de las dificultades para atender de forma oportuna a los afiliados al sistema, hay un esfuerzo por aumentar los recursos paralelo al mejoramiento de la gestión, ello en medio de la confrontación permanente entre la autoridad hacendaria y los trabajadores del sector público.

Las definiciones presupuestarias que se hacen cada año, son desafiadas por el juego de presiones propias de un sector tan sensible. Ello viene ocurriendo desde hace 20 años. Los otros componentes, subsidios de incapacidad laboral y obligaciones no pagadas por las municipalidades, son de la misma naturaleza.

¿Cómo explicar este comportamiento del ministro?

Se ha insistido con razón en que los graves problemas que enfrenta el país en salud, en educación, en previsión, no permiten reducir los impuestos. Más bien, el país tiene que ir pensando cómo elevar la carga tributaria, pues el desarrollo implica mayores bienes públicos. Sebastián Piñera prometió reducir el impuesto de primera categoría y que se reintegraría el sistema tributario.

Debido a los costos de recaudación que esas medidas implican se preguntó cómo se financiarían los mayores gastos en las áreas indicadas; la respuesta fue que se haría con el mayor crecimiento económico y con reasignación de gastos. Pasada la campaña, se ha sostenido que la eventual reforma tributaria será neutra desde el punto de vista de la recaudación. No es fácil compensar la pérdida de ingresos sin la aplicación de impuestos regresivos.

En este contexto, es posible que frente a las presiones de gasto, esto es, las mayores erogaciones fiscales que demandará la ciudadanía, se esté discutiendo en el gobierno sobre la posibilidad efectiva de introducir las reformas indicadas. No es fácil compatibilizar la promesa electoral, importante para las grandes empresas que están pagando en torno a 1 punto del producto más en impuestos, y las demandas crecientes de gasto público.

EL DESORDEN CONTABLE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

Gustavo Díaz

Economista Instituto Libertad

El miércoles, en su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Larraín ratificó sus apreciaciones en cuanto a que existen programas por más de US$ 5.500 millones que no tienen financiamiento explícito en el Presupuesto, contradiciendo las declaraciones del exministro Eyzaguirre que apuntan a que no se trata de una presión de gastos, sino que más bien es una proyección de gastos potenciales, es decir estimaciones de gastos y no gastos comprometidos.

Así las cosas, la polémica generada entre el actual ministro y el anterior jefe de las finanzas públicas escribe un nuevo capítulo, en el que se mezclan los conceptos de gastos comprometidos con gastos potenciales.

En el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, los gobiernos se ven obligados a identificar una serie de compromisos financieros que se ha adquirido en el pasado, que no se pueden modificar en forma unilateral y que su magnitud y cronología depende de eventos futuros inciertos, son los llamados pasivos contingentes. Estas obligaciones financieras suelen no incorporarse de manera explícita en el presupuesto ni en los estados financieros tradicionales como otros instrumentos de gasto público, tales como: subvenciones, subsidios, la inversión tradicional o préstamos directos.

Los pasivos contingentes, en Chile, se relacionan con los compromisos fiscales derivados de los ingresos mínimos garantizados de las obras públicas concesionadas, la deuda de las empresas públicas a las cuales se les ha otorgado la garantía del Estado, la garantía estatal a los créditos para el financiamiento de estudios superiores, la garantía estatal a los depósitos, las demandas contra el Fisco, los fondos de cobertura de riesgos de la Corfo y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, a los que se suman –sin ser considerados pasivos contingentes propiamente tal- gastos asociados al sistema de pensiones.

Los programas identificados sin financiamiento no obedecen a pasivos contingentes, y esto es así porque su ocurrencia está programada con anticipación. Por mencionar algunos ejemplos, están los gastos asociados a la APEC 2019; o los mayores gastos que significan las deudas previsionales y remuneracionales en aquellos colegios que sean traspasados desde la municipalidad al servicio de educación local, lo que está contemplado en la creación del Sistema de Educación Pública.

También es el caso del sobregasto hospitalario por prestaciones no financiadas del Ministerio de Salud o el diferencial no financiado del monto de licencias médicas, el que ha aumentado por el crecimiento de las remuneraciones y el aumento en la cantidad de días de licencias.

Más que proyecciones de gastos lo que hay es un desorden contable, y conviene revisar exhaustivamente estas obligaciones financieras puesto que fácilmente podrían impactar severamente la sostenibilidad fiscal del país.