El gobierno lamentó
hoy la falta de avances con Bolivia para resolver la
situación creada por un decreto del gobierno de Evo Morales que
prohíbe la importación de vehículos usados de más de cinco años de
antigüedad.
La medida perjudicó a comerciantes de las zonas francas de Iquique y Arica, que anualmente vendían este tipo de vehículos
por un valor de US$300 millones a Bolivia, así como a los
importadores bolivianos, que han protagonizado bloqueos de caminos y
otras manifestaciones de protesta en su país.
El gobierno chileno ha pedido a La Paz flexibilidad en la
aplicación de la medida, principalmente en lo que se refiere a
permitir el ingreso de vehículos que ya estaban vendidos cuando se
dictó el decreto.
En un comunicado público emitido por la cancillería se señaló que seguirá buscando "alternativas de solución".
El texto precisa que pese a los argumentos esgrimidos por Chile
durante las reuniones sostenidas este lunes en La Paz por el
director de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Furche, y
el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, no se alcanzaron
acuerdos.
En las mencionadas reuniones -más tarde Furche se reunió con el
ministro de Hacienda boliviano, Luis Arce- las autoridades del país
andino detallaron los fundamentos de la medida adoptada, así como
los efectos operativos de la misma.
Por su parte, las autoridades chilenas plantearon las
dificultades que la medida ocasiona a numerosas empresas y sus
trabajadores en la Zona Franca de Iquique, en el norte de Chile.
Señala el comunicado que pese a los argumentos expuestos por
Chile, las reuniones no permitieron alcanzar una solución
satisfactoria a los perjuicios ocasionados por esta medida.
"El Gobierno de Chile lamenta la falta de avances en estas
gestiones y manifiesta su voluntad de continuar buscando
alternativas de solución a este problema", sostuvo el comunicado de
la cancillería.
En reiteradas ocasiones, ministros y viceministros del Gabinete
de Evo Morales han ratificado que no se va a modificar la
prohibición.