En su etapa final de trabajo se encuentra la comisión asesora presidencial, creada en junio de 2023, para construir las bases de una solución de largo plazo a la problemática territorial mapuche en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Este viernes 31 de enero vence el plazo para que la llamada Comisión por la Paz y el Entendimiento entregue al Presidente Gabriel Boric una serie de medidas administrativas y cambios regulatorios que, si bien aún no están completamente zanjados, buscan transformarse en una hoja de ruta para este y los próximos gobiernos.
¿El objetivo? Que la relación intercultural pase a una etapa de trabajo conjunto entre todos los sectores, evitando el conflicto y la violencia por la restitución de tierras a comunidades mapuche.
“Lo que están tratando de poner en un acuerdo es demostrar que es perfectamente compatible la reparación al pueblo mapuche, sea en tierra o en otro tipo de formas, con el desarrollo social, político y económico de la zona”.
Son ocho los comisionados que enfrentan este desafío, encabezados por los co-presidentes, el senador DC, Francisco Huenchumilla, y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; ademas del secretario ejecutivo, Víctor Ramos.
El psicólogo de la Universidad de Viña del Mar, con posgrados en la Universidad de Zaragoza en España y la Universidad Alberto Hurtado en Chile, entrega detalles del trabajo realizado, que espera tenga una buena recepción en el Congreso.
- ¿En qué etapa está el trabajo?
- Estamos en una etapa decisiva luego de escuchar y atender a la diversidad de actores que están involucrados en esta problemática que estamos tratando de contribuir a resolver, y también abrir espacios de diálogo en las cuatro regiones para poder contribuir al país a un camino que pueda ser sostenido por todos los gobiernos.
Lo más importante acá es lograr una propuesta para el país de un problema que arrastramos durante más de un siglo.
El foco central es entregarle al país una ruta que no solamente es para este Gobierno, sino que los demás gobiernos puedan transitar. No puede seguir como una política que pueda cambiar sus criterios según cambia el color político de quien llega a La Moneda.
Foto: Presidencia
- ¿En qué materias han logrado acuerdo?
- Los acuerdos no se pueden comunicar ni las recomendaciones hasta que no se cierre todo lo acordado. Ahí hay una regla implícita: habrá acuerdo cuando todo esté acordado.
Un principio que se mandató a esta comisión es que sus propuestas sean viables y eso tiene dos requisitos medianamente evidentes: lograr que todas estas propuestas puedan pasar por una consulta indígena y al mismo tiempo, puedan ser razonables para el Congreso.
Tenemos un doble desafío para poder ofrecerle al país una ruta que sea legítima y validada por todos los actores y para eso hemos dialogado con todas las partes, con la industria forestal, los agricultores, las comunidades. Esperamos poder cerrar este proceso con buenos acuerdos que le favorezcan en ámbitos como tierra, como desarrollo, el reconocimiento y en ámbitos como garantías de que esto pueda ser implementado.
La idea es ofrecerle al país un proceso de reformas sobre la Ley Indígena y sobre otros cuerpos legales que nos permitan a todos hacer que la reparación al pueblo mapuche sea perfectamente compatible con las actividades económicas, comerciales, sociales y políticas que se viven en la zona.
- ¿Han cuantificado cuántos recursos van a ser necesarios eventualmente, por ejemplo, para adquisición de terrenos?
- Si queremos ofrecer un camino que pueda ser un incentivo necesario para cambiar las cosas, tiene que haber efectivamente un esfuerzo por parte del Estado, que sea distinto al que se ha venido llevando a cabo.
Pero eso tiene que ser de consenso, con todas las miradas políticas y con todas las miradas sociales y todos los actores que están involucrados en este tema de este conflicto.
Para eso creemos que sí hay una disposición y hemos estado dialogando con el Ministerio de Hacienda, prar ver cómo es posible algún tipo de esfuerzo extraordinario.
- ¿Qué tan factible es plasmar una solución en esta administración, considerando que vamos a entrar al último año de Gobierno?
- Lo que están tratando de poner en un acuerdo es demostrar que es perfectamente compatible la reparación al pueblo mapuche, sea en tierra o en otro tipo de formas, con el desarrollo social, político y económico de la zona.
Estamos buscando maneras y pensando fórmulas que incluso contribuyan a acelerar aún más el desarrollo de esa zona que ha vivido en un permanente rezago. Si eso se logra, evidentemente que todas las fuerzas políticas, incluido el Gobierno, vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para concretarlo durante el 2025.
Números sobre la mesa
- ¿Se diagnosticó ya la demanda de tierras? Al parecer hay una brecha muy grande al respecto.
- A Chile en general le cuesta comprender el problema que tenemos asociado a la tierra y por qué se han creado mecanismos de restitución o de reparación.
En cifras muy generales, tenemos una reclamación actual de 700 comunidades que tienen el derecho a ser restituidas. Vienen 1.000 más en el camino de obtener esa solicitud y el Estado de Chile restituía de 14 a 20 comunidades máximo al año.
Por lo tanto, vemos que este problema, si no se resuelve, puede acompañarnos los siguientes 100 o 150 años sin tener ningún tipo de posibilidad de tener una resolución. Por lo tanto, la comisión ha podido acceder a cuántas de todas esas comunidades han podido acceder a una restitución, cuántas están pendientes, cuánto significaría eso en términos de tierra, en términos económicos, cuántas más podrían entrar, cuántas más faltarían por venir y reclamar bajo la actual ley.
- ¿Habrá propuestas para distintas áreas como agricultores, forestales y para las mismas comunidades?
- Claro, no puedo adelantar las recomendaciones hasta que no haya un acuerdo. Pero lo que sí puedo decir es que la comisión ha escuchado el malestar que tienen las comunidades por no poder desarrollarse como ellas quisieran, no poder ejercer el derecho a su identidad, su cultura.
Ha escuchado y atendido el malestar que tienen los agricultores por no poder despegar muchas veces en sus procesos productivos.
Ha escuchado también a las forestales y los distintos problemas que han tenido para su producción, pero también a todo el resto de los habitantes que esperan -en su amplia mayoría- que la interculturalidad sea un factor de desarrollo que potencie esas regiones y no sea como hoy una materia de conflicto.
- ¿También se analizó el rol que ha tenido la Conadi?
- Sí. De hecho, la comisión ha logrado ver el trabajo que lleva a cabo la Conadi en mucho detalle, porque había muchos prejuicios también sobre una institución que puede estar muy cuestionada incluso por las propias comunidades. Pero también han podido observar la precariedad con la cual este servicio ha tenido que trabajar en la última década.
Hemos tratado de fortalecer Conadi para que pueda darle respuesta adecuada a la comisión y sin duda que es un servicio clave para cualquier tipo de respuesta hoy día en el presente y en el mediano plazo.
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Rodolfo Carrasco
