La discusión por el pacto fiscal vive horas claves. El Ministerio de Hacienda presentará esta tarde de jueves el borrador final luego de intensas conversaciones con partidos políticos, así como con gremios de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).
Uno de los principales que está sentado en la mesa de conversaciones es la Multigremial Nacional. Un documento elaborado por el gremio aterriza el estado de las tratativas, así como fijar las líneas donde el mundo emprendedor no está dispuesto a transar con el Ejecutivo.
El texto se divide en cinco temas: regímenes tributarios para las PYME; tasa de impuesto corporativo; relación de los contribuyentes con el Servicio de Impuestos Internos (SII); el denominado "monotributo"; las prioridades de gasto a financiar con el pacto.
La Multigremial también solicita que la Dedecon pueda entregar defesoría jurídica a las pequeñas empresas y personas, así como reordenar las prioridades del gasto a financiar con el pacto fiscal.
Sobre el primer punto, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, considera que hay un "grave incumplimiento" del compromiso del Presidente de la República, Gabriel Boric, de respetar los regímenes impositivos de las pequeñas empresas.
"Con esta propuesta se echa por tierra todo lo avanzado en las últimas reformas tributarias en beneficio de las empresas de menor tamaño. Parte de esos logros son, por ejemplo, que hoy contemos con un régimen de entrada denominado "transparente", que es atribuido y extremadamente simple, y otro régimen llamado 14 D N3 integrado y que permite al emprendedor tributar sólo por lo que se retira", señala el representante gremial.
El problema, dice, es que el proyecto del Ejecutivo toma el régimen simplificado "transparente" y le da atributos similares al del 14 D N3, "confundiéndolos y perjudicando la normal distribución de las Pymes en uno y otro sistema, que fue lo logrado en las últimas reformas".
Aquí, desliza una crítica al paso de las compañías pequeñas desde la contabilidad simplificada a la completa: "Todas las empresas deberían llevar contabilidad, es necesaria para ordenarse y crecer. Sin embargo, el cuestionamiento es si con estos cambios el SII podrá obligarte a llevar la contabilidad, si podrá obligarte a abrirla e incluso si podrá sancionarte por llevar eventualmente una contabilidad diferente. Las Mipymes no le temen a la contabilidad, sí le temen a la fiscalización excesiva, a la burocracia y al cerro de obligaciones tributarias accesorias que podrían generarse con este cambio".
Tasa impuesto corporativo
La Multigremial aborda una de las principales piedras de tope para llegar a un acuerdo con Hacienda: la tasa corporativa que se aplica a las empresas con ventas por hasta 100 mil UF anuales.
Hoy, la tasa está en 10%, siendo rebajada durante la pandemia, por lo que debe incrementarse a su tasa normal de un 25%. Hacienda propone una gradualidad hasta 2028.
"La tasa de impuesto corporativo, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene una relación de estar integrado con los impuestos finales, o sea, lo que pagan los dueños", expone Swett.
Así, calcula que en Chile un 98,7% de las personas naturales tiene una tasa efectiva en sus impuestos finales de 10,6%, por lo que "no tiene sentido subir la tasa corporativa a 25%".
"Nosotros apostamos por una tasa del 10% o incluso hasta del 12,5%, pero más que eso no tiene ningún sentido", expone.
Relación "desventajosa" con el SII
La relación entre el SII y las PYME es uno de los temas más relevantes de las conversaciones, dice Swett.
"Es básico que se respete el derecho a defensa y debido proceso, por lo mismo, es necesario que se otorgue defensoría jurídica a las micro y pequeñas empresas", señala, criticando que el proyecto del Ejecutivo no contempla ese apoyo jurídico al alero de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).
"Más aún, se incluye nuevamente la multijurisdicción que había sido rechazada el 8 de marzo por la Cámara de Diputados, lo que significa que un fiscalizador de Arica podría estar fiscalizando a un micro o pequeño empresario de Punta Arenas con un medio digital. Esto evidentemente dificulta y entraba el derecho de defensa", critica.
Además, dice que se impone la notificación por correo electrónico cuando hay comunas del país que ni siquiera tienen conexión a internet, o en otras partes donde los emprendedores ni siquiera tendrían capacidad de costear una conexión permanente a internet. "Por todo esto, debe ser un régimen optativo, nunca obligatorio", advierte.
Monotributo
Las PYME valoran el denominado régimen de "monotributo", un sistema para que los pequeños emprendimientos que inician operaciones puedan cumplir con sus obligaciones tributarias mediante el pago de un monto mensual de 1 UTM que será sustituto de todos los impuestos. Este beneficio tendrá una duración de dos años. Asimismo, para acceder propuso un límite de ingresos de ventas para el primer año de UF 1.200 y UF 1.800 el segundo.
"El monotributo propuesto conceptualmente es una buena opción, sin embargo, el proyecto del Ministerio de Hacienda no toma las características que este sistema tiene en otros países", dice el análisis de la Multigremial.
Este mecanismo tiene por finalidad formalizar, pero el gremio postula que hay un segmento de la economía que incluso le es complejo cumplir el régimen transparente. "Por lo tanto, debería ser modificado para que la permanencia se mida por rango de ingresos y en ningún caso por el período de tiempo en que se permanece en él", señala Swett.
Así, advierten que el régimen podría provocar que contribuyentes pasen de la formalidad a la informalidad: "Cuando tenemos un 30% del total de empresas que no tienen ventas mensuales de más de $ 612.000 y que a todas luces estaría en tramo exento, ¿para qué lo queremos obligar al tercer año a volver a la informalidad o pagar en cumplimiento tributario, pero no en impuestos ya que estaría exento?", se cuestiona el empresario.
Prioridades de gasto
En el último, la Multigremial cuestiona que no se destinen lo que consideran recursos suficientes para algunas prioridades ciudadanas en el marco del pacto fiscal.
"Hoy las prioridades de la ciudadanía son fin a la burocracia, salud, educación, orden público y seguridad. No obstante, en la propuesta destinan sólo un 0,3% del PIB para prevención, seguridad y crimen organizado, lo que refleja que no se condice con la prioridad ciudadana y ni con las bases para el crecimiento", concluye el análisis.
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