Es una de las medidas clave comprometida por la presidenta Michelle Bachelet para este primer semestre de 2015.
El proyecto de desmunicipalización de la educación pública sería presentado por el Mineduc en abril, pese a que el calendario original fijaba el plazo en marzo.
La iniciativa apuntará a traspasar la responsabilidad de los colegios desde los municipios hacia nuevos servicios locales de educación. Y pese a que aún no se entra de lleno en la discusión del tema, los alcaldes –incluso del propio oficialismo- ya han manifestado molestia por un trabajo prelegislativo que, según dicen, no ha recogido del todo sus observaciones.
Desde la vereda técnica, expertos de distintos centros de estudio hacen algunas advertencias y exponen su visión, adelantando los principales focos de tensión que levantará este debate.
Chile21: "se debiese empezar por un par de regiones"
Claudia Sanhueza, experta de la Fundación Chile21 y académica del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, respalda la idea de desmunicipalizar los colegios públicos afirmando que uno de los problemas que tiene el sistema actual es que los municipios tienen variadas obligaciones, sin tener como objetivo único mejorar la educación que ofrecen. Por otro lado, también argumenta en torno a la desigualdad del régimen actual, habiendo comunas, dice, que "logran hacerse cargo de sus colegios porque tienen la capacidad económica de subsidiar a sus escuelas más allá de lo que entrega el Estado por concepto de subvención" y, así, lograrían prestar un mejor servicio. Sin embargo, afirma que son pocas las comunas que tienen los recursos suficientes para hacer eso.
Agrega, además, que la desmunicipalización debe hacerse de forma descentralizada –determinando cuántas escuelas tendrá a su cargo cada unidad geográfica- y manteniendo la participación de las mismas comunidades educativas en sus establecimientos.
Sanhueza asegura que la mejor manera de implementar una desmunicipalización gradual es hacerlo de manera territorial, como el gobierno lo planteó para el fin de la selección académica. Así, asegura que "se debiese empezar por un par de regiones e ir avanzando en la medida en que se va chequeando cómo va funcionando el nuevo sistema". Además propone que una buena fórmula podría ser dejar para el final los municipios que hoy funcionan bien.
Por otro lado, enfatiza en que no puede ser un proceso voluntario y que debe involucrar a todos los colegios públicos, para dejar a la totalidad del territorio con un sistema único.
LyD: "este cambio significaría un tremendo costo fiscal"
Alejandra Candia, directora del programa social de LyD, plantea que el proyecto que presente el gobierno debe procurar resguardar la autonomía de la gestión de los colegios y la descentralización del sistema, ya que "un sistema centralizado diluiría responsabilidades y eso le jugaría muy en contra a la calidad de la educación pública, que es justamente lo que queremos fortalecer", dice.
Además advierte que este cambio de institucionalidad significaría un tremendo costo fiscal "del que hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado". La economista también hace un alcance respecto de la complejidad que significaría implementar la medida de gobierno y, por lo mismo, "el proceso no puede ser producto de una decisión impuesta por el gobierno".
Por último, asegura que esta discusión ha generado gran incertidumbre en las municipalidades, sobre todo por el cuándo y cómo se implementaría el proceso. Para Candia la gradualidad es fundamental, pero enfatiza en que hay que considerar los costos que tendría empezar por las comunas que están más endeudadas o con mayores problemas en su administración: "se estaría desincentivando las buenas gestiones".
Acción Educar: "tiene que ser un proceso voluntario"
Raúl Figueroa, experto en la materia y director del centro de estudios Acción Educar, sostiene que desmunicipalizar toda la educación pública no es la mejor alternativa, especialmente porque hay comunas que "lo hacen bien y que no quieren entregar sus colegios". Dice que un nuevo sistema de educación pública debe salvaguardar una administración descentralizada y autónoma –como la que ha logrado el régimen actual-, pero debe agregar el componente que le falta al régimen que impera hoy: "una mayor responsabilidad de quien tiene a su cargo la gestión de los establecimientos, los alcaldes", precisa. Además, afirma que se deben tomar medidas para permitir una gestión municipal más eficiente, quitando, por ejemplo, las restricciones que derivan del estatuto docente, los impedimentos para contratar personal y trabas que burocratizan el sistema.
Señala además, que si efectivamente se opta por demunicipalizar la educación pública, "tiene que ser un proceso voluntario", manteniendo sus colegios aquellos alcaldes que así lo quieran. Y para las comunas que opten por no tener la educación a su cargo, según Figueroa, el proceso que se implemente debe ser "muy gradual". Esto último principalmente porque la desmunicipalización implicaría una "importante cantidad de recursos, que todavía tiene que estimarse, y es un costo que es difícil que pueda destinarse de una sola vez".
CIAE: "No es sólo conveniente, sino imprescindible"
Cristián Bellei, experto del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, sostiene que "la desmunicipalización no es sólo conveniente, sino imprescindible", en momentos en que habría quedado demostrado que no es posible rescatar la educación pública sin que se pase por un profundo cambio institucional. "Después de tres décadas, el sistema actual no tiene muchos logros que mostrar", dice.
Asegura que el sistema funciona con altos niveles de ineficiencia, y respecto de aquellas comunas que han logrado buenos resultados en educación, manifiesta que, en general, son municipios que cuenta con pocos alumnos debido a que en su territorio son poco los que optan por la educación pública. "La población de Las Condes o de Ñuñoa que decide llevar a sus hijos a la educación municipal, es muy poca", ejemplifica, y agrega que "es pobre la evidencia que existe para afirmar que hay casos de municipios que son exitosos".
De todos modos, sí destaca un elemento positivo que tendría el sistema municipalizado y que sería necesario mantener en el futuro régimen: la descentralización, pero con el Mineduc supervisando a nivel nacional.
Por sobre todo, considera que el punto más delicado que deberá tratar el gobierno en el futuro texto, tiene que ver con la gradualidad. Asegura que si bien es necesario que sea un proceso paulatino por tratarse de un cambio sistémico de gran escala, afirma que "el desprestigio y la crisis institucional de la educación municipal es tan grande, que tampoco se puede ir muy lento. Hay que acelerar el tranco". En esa línea, señala que "hay que comenzar este año a probar en terreno".
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