Una avalancha de proyectos -8 en total- fueron ingresados ayer a la Cámara de Diputados por parlamentarios de todos los sectores, con el fin de dar señales concretas respecto de que el Congreso está tomando nota de los altos estándares de exigencia que está demandando la ciudadanía. Esto, sobre todo tras la renuncia de Jorge Insunza como ministro de la Segrpres, al ser cuestionado por conflicto de intereses.
Las iniciativas apuntan a una reforma constitucional que establezca dedicación exclusiva al cargo de senadores y diputados, impiendo, de este modo, que los parlamentarios presten servicios a privados en paralelo a sus funciones legislativas.
Una de las mociones, liderada el PC, plantea otorgar la condición de trabajador a los parlamentarios, bajo una regulación horaria determinada. Dicha normativa va acompañada de sanciones, como explicó el jefe de la bancada comunista, Daniel Nuñez: "De aprobarse este proyecto un parlamentario que tenga actividad laboral remunerada será destituido de su cargo, porque la única forma es tener sanciones duras y ejemplares que permitan que estas normas se cumplan". La medida encontró eco de inmediato entre los parlamentarios, quienes creen necesaria dicha normativa, reconociendo que la gran mayoría ejerce sus labores exclusivas. Hoy la legislación sólo impide a los abogados litigar, existiendo consenso en ampliar esa regla para las demás funciones.
El jefe de bancada PPD, Jorge Tarud, recordó que esta discusión viene del 2008 por un proyecto que él presentó junto con el entonces diputado Patricio Walker (DC)y que fue rechazado en el Congreso. "Espero que hoy esta iniciativa tenga un apoyo transversal, para mí sería incomprensible que los parlamentarios estuvieran en contra de un proyecto que va en pos de la transparencia y que va en pos de lo que es el servicio público", indicó.
Las sociedades
En esta ofensiva, una de las mociones presentadas ayer apuntó a prohibir que los parlamentarios tengan sociedades mientras ejerzan el cargo. La iniciativa es impulsada por el diputado Vlado Mirosevic y al respecto varios parlamentarios adelantaron que es más complejo legislar en la materia, pues habría que establecer ciertos límites en cuanto a los montos a partir de los cuales los legisladores se deberían desprender de sus acciones.
De hecho, en medio de este debate en el Congreso, el diputado UDI Felipe Ward reconoció la participación en una sociedad minera Mercatus Spa con el 17% de su propiedad, siendo miembro de la Comisión de Minería de la Cámara. El reconocimiento abre un flanco aún sin una legislación clara y en el que los parlamentarios no están plenamente convencidos de una salida como, por ejemplo, el fideicomiso ciego. Un punto que fue ayer parte del debate de la Comisión de constitución de la Cámara donde se revisa, en tercer trámite, la ley sobre probidad de la función pública impulsado por el Ejecutivo. En ese plano, el diputado Jaime Bellolio (UDI) plantea que se debe revisar con calma el tema pues hay parlamentarios que tienen sociedades en las cuales no tienen una participación activa: "Que alguien tenga una posición pasiva en una sociedad, no necesariamente implica que haya una inhabilidad".
Urgencia
En horas de la tarde, y luego que la ministra (s) de la Segpres evitara -en una primera instancia- confirmar la postura del gobierno ante esta batería de proyectos, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, desde el mismo Congreso informó que tras haber conversado con el vicepresidente, Jorge Burgos, se decidió poner suma urgencia a las ocho mociones parlamentarias, incluida la de las sociedades: "Hemos resuelto como gobierno poner urgencia a esos proyectos una vez que se pongan en Sala (...) es necesario recomponer las confianzas", dijo el portavoz de La Moneda.
Con ello, desde hoy mismo se podrían a comenzar a debatir, probablemente en la Comisión de Constitución, las iniciativas que ya cuentan con el patrocinio del Ejecutivo.
El debate por la renuncia de parlamentarios
Otro tema que generó ruido ayer en el Congreso, donde los temas de transparencia resuenan en cada rincón del edificio, fue que los parlamentarios puedan renunciar a su cargo. La moción propuesta por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) pretende ampliar las causales de renuncia a circunstancias políticas y personales, pues hoy solo se puede por razones de salud. Propone que quien revise esta situación sea el mismo Congreso y no el Tribunal Constitucional. El presidente de RN, diputado Cristián Monckeberg, cree que es razonable legislar en la materia en el contexto en que se está también "pensando en la perdida del cargo por cometer ilegalidades o delitos, porque no puedo pensar en la renuncia, no encuentro sentido o razón a que ciertas autoridades elegidas sí puedan renunciar a sus cargos y otras no".
Otros legisladores, eso sí, colocan el punto a que permitir la renuncia por cualquier asunto puede ir en contra del mandato ciudadano y afectar aún más la legitimidad del Parlamento.