Contraloría detecta nuevas irregularidades en el Censo 2012

La Contraloría General de la República dio a conocer ayer nuevas conclusiones respecto a la realización del Censo 2012, fuertemente cuestionado por la veracidad de sus datos y los gastos involucrados en su realización.

Lo anterior, en respuesta a la solicitud de los diputados de la Democracia Cristiana Ricardo Rincón, Gabriel Silver y Matías Walker.

El tercer informe de la comisión investigadora especial, concluyó que el censo de derecho efectuado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012 no se ajustó a la Ley 17.374 que crea el INE, específicamente al artículo N° 2 letra c, que precisa que el levantamiento de estos censos deben realizarse en conformidad a las recomendaciones internacionales.

También se señala el inclumplimiento del artículo N° 43 de la misma Ley, que postula que el día en que deba procederse al levantamiento de los censos oficiales tendrá el carácter de feriado legal.

Los cambios a la metodología tampoco se ajustaron a lo requerido por la Ley, ya que ésta especifica que el Censo 2012 se realizaría conforme a la metodología habitual, añadiendo que las modificaciones introducidas de manera oportuna ni consideraron la opinión de las instancias previstas para tal efecto, como el comité adjunto creado por resolución exenta en 2010, ni tampoco instrumentos elaborados por su propio personal.

Concluye que si bien la Comisión Nacional del Censo 2012 fue informada de dicho cambio, “no consta que haya contado con los antecedentes técnicos necesarios para sopesar su opinión”.

Asimismo, precisa que, dado que todo lo expuesto anteriormente responde a situaciones consolidadas y que no son suceptibles de corregir, ante la gravedad de los hechos éstos serán incorporados al sumario administrativo que la entidad lleva a cabo desde septiembre de 2013.

Al mismo tiempo, advirtió que lo anterior es sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el INE para evitar que situaciones de este tipo se repitan en los futuros procesos censales, lo cuál la Contraloría dejó en claro que verificará en futuras fiscalizaciones.

Gastos cuestionados
Los gastos relacionados a la medición fueron revisados nuevamente, tras la auditoría que realizó la misma Contraloría y cuyo informe se entregó a finales de enero de este año, ocasión en la que se detectaron irregularidades en pagos al personal y contratos.

Al respecto, la entidad fiscalizadora indicó que se evidenció falta de control, ante lo cual el INE “deberá adoptar las medidas necesarias para evitar su reiteración”.

En esa línea, recomendó definir con suficiente precisión todo lo relativo al personal a honorarios y los mecanismos destinados a controlar sus pagos, entre otros.

También sugirió adoptar las medidas necesarias para evitar la intervención de empresas externas sin que exista un vínculo formal con las mismas, como ocurrió con Vox Comunicaciones, lo cual también será fiscalizado por la entidad.