El martes fueron designados y ayer se instalaron en el salón O´Higgins de La Moneda en su primer día de trabajo . Los 16 miembros que conforman el Consejo Asesor a cargo de elaborar una propuesta para regular la relación entre la política y los negocios, definieron convocar audiencias públicas en Santiago y en regiones, para escuchar distintos planteamientos.
El presidente de la instancia, el ingeniero civil Eduardo Engel, aseguró que "no estamos partiendo de cero, porque existen una serie de diversos trabajos hechos en estos temas, por lo tanto decidimos recoger lo que haya".
Esta metodología surge en medio de los cuestionamientos expresados desde el mundo político. Transversalmente, parlamentarios temen que esperar a la propuesta del Consejo retrase el trabajo legislativo. Ante ello Engel señaló que, aunque el informe final será presentado durante la segunda mitad de abril, es posible que haya adelantos de las definiciones que se van tomando en el camino.
Esta primera cita sirvió también para hacer un desglose de los temas a enfrentar. Según explicó Engel, el mandato de la Presidenta se traduce en más de una veintena de temas. Y aunque no especificó las materias, algunos de los principales puntos en carpeta debiesen ser el financiamiento a campañas políticas –tipificando delitos electorales-, el tráfico de influencias y los conflictos de interés –elevando sanciones para cuando se incurra en irregularidades- y la designación de autoridades públicas. La necesidad de trabajar dichas materias surge en medio de un reconocido desprestigio institucional, provocado por los últimos casos Penta y Dávalos., aunque el mismo Engel aseguró que la coyuntura no "debiera pautear nuestras decisiones".
El empresariado
Por su parte, el empresariado en su gran mayoría salió a respaldar al gobierno. Uno de ellos fue el presidente de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz quien destacó que le parecen "buenas señales", pero abogó por rápido diagnóstico y conclusiones.
Por su parte, el socio de BTG Pactual, Jorge Errázuriz agregó que la iniciativa del ejecutivo, al igual que el documento de la CPC apunta a lo mismo: "a una mayor transparencia y a separar los roles, con una clara identificación de los conflictos de interés. De todos estos problemas, creo que va a salir un sistema mejor", indicó.
Para Guillermo Tagle, director ejecutivo de IM Trust "hay una situación que estamos viviendo en el país sobre financiamiento y política que necesita un ordenamiento nuevo, me parecen bien calificadas las personas, y quizás el debate siguiente, que también va a ser muy importante, es la disposición que pueda haber de alguien del mundo privado a participar del financiamiento de la política".
Finalmente, el ex presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, se refirió específicamente al acuerdo de la CPC frente a su decisión de suspender a aquellos empresarios que estén siendo imputados o expulsar a los condenados por delitos económicos. "No conozco el texto completo, pero soy abogado y creo en la presunción de inocencia, por lo tanto soy de la opinión que mientras no haya una decisión judicial, siento que no debería ocurrir una sanción. Distinto ya es si eso se produce"