Hasta los Tribunales de Garantía de Rancagua llegaron ayer los diputados de RN, José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg, para interponer una querella por los delitos de violación de secreto y negociación incompatible, en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables, en el marco de la causa del llamado Caso Caval.
A diferencia del anterior recurso presentado por la empresa Silca Limitada de propiedad del empresario rancaguino Hugo Silva, dirigido en contra de los representantes legales de Empresas Caval, esta nueva arremetida legal apunta al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos. Ello, porque según se explica detalladamente en el documento, Dávalos podría haber incurrido en los delitos de funcionario público establecidos en el artículo 240 bis del Código Penal.
Lo anterior se refiere a que un empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciera influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses.
Este ilícito no cuenta con penas muy altas, pudiendo decretar el juez, de comprobarse la concreción del delito, penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
En ese marco, uno de los antecedentes probatorios que baraja la parte querellante, para argumentar el interés de Dávalos en la adquisición de los terrenos en Machalí, fue la reunión a la cual asistió junto a su señora Natalia Campagnon, con el Vicepresidente del Banco Chile, Andrónico Luksic, a fin de gestionar un crédito para la compra de los predios.
Así, la querella apunta a indagar si Dávalos ejerció algún tipo de presión, gestión, averiguación, mientras ejerció como Director Socio Cultural de La Moneda, para incidir en el cambio de uso de suelo de los terrenos.
Ante ello, si la querella es declarada admisible por el Tribunal de Garantía, el fiscal, Luis Toledo, podría mandatar diligencias como incautaciones a las oficinas de La Moneda, citaciones a declarar, entre otras que pueden ser solicitadas, también, por los mismos querellantes.
El diputado Edwards explicó que Dávalos "demostró interés, y es una comprobación que ejerció acciones, y después cuando asume como funcionario público es donde se pueden constituir los delitos que hemos expuesto en la querella".
En tanto, ayer la Fiscalía ya habría remitido los primeros antecedentes al Consejo de Defensa del Estado sobre la posible participación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de la región.