por sebastián valdenegro toro
Uno de los puntos críticos del protocolo de acuerdo firmado el 8 de julio era el tratamiento que se le darían a los dos sistemas que nacen del texto consensuado entre Hacienda y la oposición: el parcialmente integrado y el de renta atribuida voluntaria.
Es que expertos han señalado que era “urgente” establecer claramente cuál de los dos regímenes sería el general y cuál el optativo, para evitar pugnas entre accionistas a la hora de elegir la manera de tributar de las sociedades anónimas.
Y la mesa técnica que trabaja en las indicaciones habría zanjado la controversia de manera “salomónica”: establecer que las empresas puedan elegir libremente entre los dos sistemas existentes y, en caso de no explicitarlo, ubicarse en uno u otro de manera automática según determinación del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por una parte, las sociedades anónimas, las por acciones, las abiertas y las de personas con socios jurídicos quedarían automáticamente acogidos a integración parcial, mientras que las de personas naturales caerían en atribución voluntaria de rentas.
Dicho esto, los expertos advierten que se mantiene abierto el flanco de conflicto entre los accionistas de sociedades anónimas, considerando que el sistema de integración parcial beneficiaría a los controladores al permitírsele reinvertir utilidades y tributar con una tasa de Primera Categoría 27%, mientras que el de renta atribuida sería favorable
para los minoritarios, quienes optarían por intensificar su reparto de dividendos y tributarían corporativamente un 25%.
Para el socio de Tax & Legal de Deloitte, Álvaro Mecklenburg, resulta “curioso” que la opción de elegir entre los sistemas recaiga en las personas jurídicas y no las naturales, y advierte eventuales vicios de inconstitucionalidad al ser el SII quien “guíe” a los contribuyentes. “Es insólito que tengamos dos sistemas de tributación. Además, se mantiene completamente abierto el conflicto entre accionistas por quién decide por cuál sistema optar. Lo lógico era que existieran la menor cantidad de diferencias entre los sistemas para tributar. Hacerlo de esta manera, sólo desordena el sistema”, critica.
Similar opinión tiene el abogado de Brent Abogados, Pedro Troncoso. “Se mantiene esa situación de tira y afloja entre accionistas, más aún si ambos sistemas son optativos. Además, aún tiene que aclararse cuál es la tasa del sistema parcialmente integrado: si es 41,4% o 44,5%. Eso será determinante para los accionistas”.
El socio de AVL Abogados, Christian Aste, ve “compleja” la situación de elección entre ambos sistemas para los accionistas, ya que es partidario de un esquema “más flexible”.
“Al ser optativos, el sistema debe decidirlo el controlador de la empresa, pero el problema se podría dar cuando una empresa cambie de control, donde el nuevo controlador quisiera optar por un sistema distinto al del antiguo dueño. ¿Qué pasa ahí? ¿Va a estar obligado a tributar bajo el sistema del anterior dueño, aun cuando no le convenga?”.
¿Facultades excesivas?
El socio de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez, advierte que sería un “exceso de facultades” que el SII pudiera determinar por “default” el sistema a tributar por los contribuyentes en caso de no hacerlo explícito.
“Determinar cuál es el sistema tributario más apropiado para un contribuyente no es propio de las funciones del organismo. ¿Cuál será el criterio del SII: en cuál de los dos sistemas paga más impuestos el contribuyente?”, cuestiona Benítez, quien recomienda que sea la ley y no el fiscalizador quien lo determine.
Fusión de sociedades, ¿la ventana a la elusión?
Asimismo, las indicaciones establecerían que las empresas no podrán migrar entre sistemas hasta pasado cinco años de su ingreso, algo que los tributaristas consideran como un “período prudente”.
Sin embargo, advierten que abre la puerta para el cambio indiscriminado entre sistemas mediante la fusión de sociedades relacionadas y con distintos sistemas de tributación.
Por ejemplo, un accionista de una sociedad A que tributa en renta atribuida, se fusiona al cabo de dos años de haber ingresado a ese sistema con una sociedad de su control B que paga en integración parcial, lo que le permitiría cambiarse de sistema antes de tiempo a través de la absorción de una sociedad sobre otra. “Una sociedad cascada se fusiona con otra y subexiste uno de los dos sistemas. Ese es un tema que debe poder resolverse técnicamente. No importa mucho si son cinco años o no, sino manejar bien la convivencia de ambos sistemas”, dice Mecklenburg.
Para el socio tributario de Prieto y Compañía, Mario Gorziglia, la materia deberá ser reglamentada por el SII en la redacción final de las indicaciones para cerrar focos de elusión.
“Ese tipo de situaciones debiera ser objeto de instrucciones del SII para que se mantenga el espíritu de los cinco años. Se requiere la interpretación del SII para que se vaya acotando ese foco de elusión”.
“¿Qué pasa con las utilidades acumuladas en la sociedad absorbida y que estaba en otro sistema del que la absorbió? Eso podría ser una salida para quienes quieren cambiarse antes. Es un caso interesante que debe aclararse”, explica Troncoso.
TÉCNICOS HARÁN SEGUIMIENTO AL PROYECTO
El equipo de asesores técnicos que trabaja en la redacción de las indicaciones habría acordado mantener las reuniones de trabajo más allá de que el sábado estarían listas las indicaciones del texto tributario. Según cercanos al comité de expertos, la medida se habría consensuado para mantener un seguimiento a la tramitación del texto tributario en la comisión de Hacienda del Senado y en la Sala de la Cámara Alta. Posteriormente, vendrá el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, para lo cual el grupo de expertos acordó ampliar las reuniones hasta fines de agosto. Los expertos vienen reuniéndose diariamente en las dependencias del Ministerio de Hacienda para redactar las indicaciones finales que se socializarán con los presidentes de partido de la Nueva Mayoría y los senadores y diputados oficialistas miembros de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, además de los representantes de la oposición en la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI) y José García (RN). El grupo está liderado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el coordinador de Política Tributaria, Alberto Cuevas, por el lado de la cartera encargada de las finanzas públicas. Por el lado de la oposición, los abogados Sebastián Guerrero (RN) y Carolina Fuensalida (UDI) han liderado las tratativas, mientras que por el oficialismo han asistido el senador miembro de la comisión de Hacienda, Carlos Montes (PS) y los asesores legislativos Paulina Fernández (Andrés Zaldívar) y Reinaldo Monardes (Ricardo Lagos Weber).
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