Chile declara por primera vez en su historia "alerta agrícola" en la región de Magallanes debido a la escasez de lluvias
La falta de agua en la zona austral del país se debe a la escasez de lluvia, pero algunas autoridades creen que la situación se ha agravado debido a la propiedad privada del recurso.
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Por primera vez en la historia del país, se declaró "alerta agrícola" en la región austral de Magallanes, la puerta a la Antártica, debido a la escasez de lluvias registrada en los últimos meses.
El Ministerio de Agricultura explicó en un decreto que "la falta de agua en los campos afecta el normal desarrollo de la vegetación, que representa a su vez la principal fuente de forraje para la ganadería ovina en Magallanes".
La producción ovina es una de las principales actividades de la región, una de las más vírgenes del país, ubicada a 2 mil kilómetros al sur de la capital chilena y donde hay dos plantas certificadas para la exportación de este tipo de carne, de acuerdo a la cartera.
"Durante la temporada invernal de 2022 no se cumplieron las expectativas hídricas. Claro ejemplo de esto es que en noviembre hubo 8,8 milímetros de agua caída, cifra muy lejana al promedio histórico de 60 milímetros", dijo por su parte la delegada regional presidencial, Luz Bermúdez.
La "alerta agrícola" permite al Gobierno, entre otras medidas, entregar ayudas a productores agrícolas y ganaderos para la distribución de agua.
Organizaciones ambientales como Greenpeace apuntan a que Chile es el país con mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y según datos oficiales, el 2021 fue el cuarto año más seco desde que existen registros.
La escasez de lluvias es consecuencia directa del cambio climático, pero diversos expertos aseguran que la sequía en distintas zonas del país -especialmente el centro y el norte- se ha agravado debido al régimen privado de propiedad de agua que rige desde la dictadura militar (1973-1990).
Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que hoy en día el 80 % de los recursos hídricos del país está en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.