Tras un largo día de exposiciones de expertos, cerca de las 20:00 horas de este miércoles, la comisión de Hacienda de la Cámara inició la votación de la reforma previsional.
Entre lo más relevante deliberado estuvieron las modificaciones a la industria. Por ocho votos a favor (siete del oficialismo y uno de la DC) y cinco en contra de la oposición, se dio luz verde a los cambios relativos al Administrador Previsional, que realizará el soporte y la recaudación. Esto implica el fin de las AFP tal como se conocen hoy.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, expresó que en esa indicación recogieron solicitudes de las mesas técnicas para que fuera un organismo licitado, como la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
No obstante, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que el ente funcionará como un “monopolio”, sin eficiencias y se divide la industria, pese a que los técnicos que expusieron durante la jornada habían manifestado sus reparos.
Consejo Fiscal Autónomo analiza el impacto fiscal de alza de la PGU con la reforma
Como una primera aproximación, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, realizó un análisis sobre los efectos fiscales que traería el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) contenida en la reforma de pensiones.
En general, advirtió que el espacio fiscal para el gasto “es muy reducido” para los próximos años.
En concreto, Rodríguez expuso que “no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento también permanentes”.
El economista mencionó que las fuentes de financiamiento pueden venir de mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión, reasignaciones y una mayor eficiencia del gasto.
Respecto del gatillo que definió el Gobierno para que se pueda subir la PGU con responsabilidad fiscal, afirmó que se cumple conceptualmente el principio de gastos e ingresos.
Con todo, advirtió sobre algunas materias que deben mirarse con atención. Rodríguez aseguró que la sostenibilidad fiscal debe analizarse considerando el conjunto de gastos e ingresos estructurales.
Además, aclaró que en caso de que se gatille lo que establece la ley, pero a futuro bajen los ingresos estructurales, dado que la PGU es un beneficio de seguridad social que no se puede retroceder, habría que ajustar gastos en alguna otra partida.
Guillermo Larraín por división de funciones en reforma de pensiones: “No estoy seguro que sea una buena idea”
El economista y exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, expuso ante los diputados y los instó a llegar a un acuerdo político que permita a los técnicos concordar las mejores soluciones para hacer cambios al sistema previsional.
El economista analizó algunos elementos de la reforma de pensiones. “La PGU es absolutamente necesaria, pero es insuficiente para estabilizar y dar sustentabilidad al sistema previsional”, dijo Larraín, argumentando que “necesitamos instrumentos nuevos” para llegar a la clase media acomodada.
Larraín es uno de los defensores de la idea de que se divida el 6% extra, inyectándole solidaridad.
Sobre la reorganización de la industria, explicó que cuando un sistema parte de cero, “me parece una buena idea partir con la industria separada”, pero planteó: “No estoy seguro que sea una buena idea” tras 40 años de existencia.
Además, advirtió sobre los plazos. “En pensiones no podemos pensar en transición de dos años, tenemos que pensar en transición lenta”, sostuvo. Planteó que para separarla, se requeriría de una transición de una década, como mínimo.
También, se refirió a la licitación del stock que plantea la reforma, asegurando que hacerlo por el 10% “es totalmente excesivo”. Añadió que se podría lograr el mismo objetivo con una menor proporción.
Alejandro Charme y 6% de cotización adicional: “No nos dimos cuenta que la fórmula mató al Seguro Social”
El abogado y asesor de RN, Alejandro Charme, apuntó a que los estudios entregados por los especialistas y del Gobierno llegan a la misma conclusión: “El problema actual del sistema de pensiones es la clase media, las mujeres y la clase media alta”.
Durante su presentación, señaló que dentro del 3% que el Gobierno planteó enviar a cuentas individuales con solidaridad intrageneracional, el 2,1% irá a la cuenta individual, de acuerdo a la renta de cada persona, mientras que el otro 0,9% irá a la cuenta individual, pero de acuerdo al sueldo promedio de ingresos.
“Esto quiere decir que todos los que ganen sobre el sueldo promedio estarían haciendo solidaridad (intra) y los que ganan menos del sueldo promedio estarían recibiendo esa solidaridad”, precisó.
Respecto a la alternativa de distribución de 3% y 3% señaló que “empezamos a jugar con los números y al final la fórmula quedó fija. Jugamos tanto con los números que no nos dimos cuenta que la fórmula mató al Seguro Social”.
Charme ejemplificó que, en el caso de un hombre que empieza a cotizar a los 25 años, por un sueldo bruto de $ 800 mil, que ahorra por 22 años y se pensiona a los 65 años, recibiría $ 12 mil con el Seguro Social. Es decir, al aportar 3% al Seguro Social, recibiría $ 56 mil menos que si aportara a su cuenta de capitalización individual.
David Bravo y discusión de tasas de reemplazo: “Es absurdo pensar que la última remuneración es reflejo de la historia laboral”
El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, ha vuelto a estar al centro de la discusión previsional luego de que se levantara un debate metodológico en torno a las tasas de reemplazo.
Este miércoles, Bravo insistió en que la forma correcta de medirlas es considerando el historial de cotizaciones, mientras que el estudio del Gobierno -con asesoría de los economistas Rodrigo Vergara, Paula Benavides y Gabriel Ugarte- planteó los últimos 12 meses.
“El ministro dio su opinión ayer (martes) y coincido con él en que usar el indicador incorrecto es absurdo”, dijo Bravo. Y agregó: “Considero que es absurdo pensar que la última remuneración en realidad es reflejo de la historia laboral de las personas”.
También se refirió al foco de la discusión de la reforma. “Los pensionados actuales tienen tasas de reemplazo que son mayores que las que van a tener los de los próximos cinco años, 10 años o 40 años”, planteó. Añadió que “la difícil tarea del mundo político y técnico es cómo tener presente a los ciudadanos actualmente pensionados con el mismo peso de aquellas personas que se van a pensionar después”. Concluyó que “si la evidencia dice que los pensionados futuros están en mayor detrimento, lo lógico sería que los instrumentos correspondan con aquello”.
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