Si bien la quina es propuesta por el Presidente Gabriel Boric, los nombres deben ser ratificados por el Senado, por lo que se requiere de un acuerdo político. Así, tanto en el Gobierno como en la oposición han estado buscando alternativas para que sean parte del proceso.
Múltiples normas en consulta, una serie de oficios enviados a las AFP y reuniones semanales. Así se prepara el Gobierno para marcar el pulso de la implementación de la reforma de pensiones.
Mientras los preparativos se desarrollan en distintos servicios públicos y en instituciones privadas ligadas a la previsión social, por su parte, el Ejecutivo debe cumplir con una serie de hitos establecidos en la ley.
En ese contexto, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que deberá financiar las prestaciones del Seguro Social, es uno de los organismos que concentra las miradas de los expertos en la materia.
En marzo, el Ministerio de Hacienda nombró a la abogada y asesora de la Coordinación de Mercado de Capitales de dicha cartera, Catalina Coddou, a cargo de la preinstalación del Fondo. Sin embargo, no es la única designación que debe realizar el Gobierno para echar a andar el FAPP.
Con la reforma publicada hace prácticamente un mes, una de las primeras acciones que deberá concretar el Ejecutivo será el envío por parte del Presidente Boric, de la propuesta de consejeros del FAPP, que según la ley, debería darse al mes siguiente a su publicación, es decir, durante abril.
Intensa búsqueda
Hace semanas que comenzó el sondeo de candidatos, pero la búsqueda, según distintas fuentes, está cuesta arriba.
¿El problema? Las inhabilidades que estableció la ley de reforma de pensiones acotan el universo de personas que podrían acceder a una silla en el nuevo consejo.
Además, este nombramiento se cruza con otras nominaciones que debe hacer La Moneda este año, como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el consejero del Banco Central a fin de año y superintendente de Pensiones en los próximos meses. Este último, a través de Alta Dirección Pública.
La intención del Gobierno es encontrar a personas idóneas para el FAPP, con un perfil que mezcle distintas profesiones y experiencia y ojalá, con un equilibrio entre académicos expertos en distintas materias, con personas que cuenten con experiencia en gestión de cartera de inversiones.
Este último perfil es el más complejo de encontrar actualmente. En primer lugar, la ley inhabilita a personas que tengan participación en la propiedad de una AFP, una AGF o compañía de seguros de vida, junto con aquellos que tengan una participación en las empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de éstas.
Tampoco podrán ejercer como tal los corredores de bolsa y agentes de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales (gerentes, subgerentes o personas que representen a la empresa o tomen decisiones de relevancia) y administradores.
La inhabilidad establecida en la ley también pesa para los directores y personal de bancos e instituciones financieras, trabajadores de AGF, compañías de seguros y de las AFP.
Estas últimas prohibiciones complejizan aún más la búsqueda, ya que solo podrán ingresar al FAPP si salieron de una empresa del sector financiero hace 12 meses.
Las opciones que se perfilan
Pese a lo anterior, en el Gobierno y en la oposición aseguran que existen nombres que podrían jugar un rol destacado en el Consejo.
Algunos de los nombres que se repiten entre los conocedores del proceso como posibles candidatos que podría evaluar el Gobierno son el expresidente de BancoEstado y exvicepresidente del Banco Central, Enrique Marshall. El economista es actualmente el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales de Hacienda y varios lo mencionan incluso como posible presidente del FAPP.
Además, señalan a la economista y exintegrante de la mesa técnica de pensiones, Paula Benavides, aunque también aseguran que es un perfil atractivo para otros nombramientos, como, por ejemplo, el CFA.
Otro nombre que mencionan en varios sectores es el del exregulador Guillermo Larraín.
Si bien la quina es propuesta por el Presidente, los consejeros deben ser ratificados por el Senado, por lo que se requiere de un acuerdo político.
En la derecha aseguran que han levantado posibles candidatos, pero reconocen que ha sido una misión compleja, pues muchos expertos tienen alguna inhabilidad, especialmente algún directorio y otros, por distintas razones, dicen no estar disponibles para asumir este reto.
Sin embargo, existen algunos que cumplen con lo que establece la ley y con el perfil, como la economista y también exintegrante de la mesa de pensiones, Soledad Hormazábal.
Distintas fuentes señalan que sería ideal que hubiera un abogado entre los consejeros. Así, aparecen nombres como el del exsubsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.
Los consejeros durarán seis años en sus cargos y podrán ser reelegidos para un nuevo período consecutivo por una sola vez. La dieta será de UF 18 ($ 700 mil) por cada sesión a que asistan, con un máximo de 14 sesiones por mes calendario.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Hacienda
