Las dudas de las empresas sobre la nueva norma de responsabilidad social y sostenibilidad de la CMF

Diversas dudas han surgido al interior las empresas respecto de la nueva norma que busca implementar la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que modifica el Reporte de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible.

Mayor información sobre políticas ambientales, brechas salariales, equidad de género, integración de minorías o planes para detectar conductas que puedan afectar la libre competencia e informar sobre su huella de carbono, son parte de las nuevas exigencias.

Si bien la propuesta normativa finalizó su período de comentarios, en marzo comenzarán las mesas consultivas entre la CMF y las empresas, de modo de conocer las principales inquietudes.

PwC Chile organizó mesas de trabajo con algunas compañías para conversar sobre los nuevos cambios. 

En la reunión entre PwC y las empresas se concluyó que, en general, la iniciativa es valorada por el sector empresarial chileno, pero su implementación debería ser paulatina.

DF tuvo acceso a los principales puntos tratados en las mesas y consignó aquí las principales inquietudes que tiene el mercado de la futura norma.

• Percepción general: existió una recepción positiva por parte de las empresas. Las modificaciones significarían un paso para Chile, con la intención de asemejarse a países con altos estándares como EEUU. Esto podría responder a las exigencias de mayor acceso a información de parte de los inversionistas extranjeros, quienes ven la incorporación de los nuevos indicadores exigidos como algo imperativo, comentaron los asistentes.
• Implementación progresiva a partir de 2022: los participantes sugirieron que el proceso sea implementado de manera progresiva, ya que la entrada en vigencia en 2021 sería muy apresurada, considerando que aún no se emite la norma definitiva. 
• Diversidad: la normativa establece la divulgación de información, indicadores y medidas respecto de diversidad de género, edad u otros relevantes, en el órgano de gobierno corporativo, entre los empleados, y remuneraciones entre hombres y mujeres. Las empresas sostuvieron que sería necesario ahondar más en indicadores respecto de personas en situación de discapacidad, incluyendo el tipo de su condición y grado, así como la existencia de algún plan de integración. Asimismo, se cuestionó que la CMF exija revelar aquellos grupos minoritarios que tuviera la empresa por objeto incluir. Se argumentó que sería discriminatorio que una política privilegie a algunas minorías por sobre otras en su contratación.
• Energía: la nueva regulación exigirá que se informe sobre las políticas que tienen las empresas para reducir el uso de energía, o incentivar el empleo de energías renovables. En particular, se deberá informar el porcentaje del total de combustibles utilizados que proviene de fuentes renovables y el porcentaje del total de consumo de energía eléctrica de fuentes renovables, entre otros. Sobre este punto, existen dudas respecto a la disponibilidad de información relativa a la electricidad de origen renovable, lo que podría traducirse en un levantamiento de información o implementación de sistemas de medición que actualmente no existen.
• Dimensión ambiental: la propuesta normativa exige a las empresas dar cuenta de las políticas que haya adoptado a objeto de reducir el uso de materiales e insumos. Al respecto, surgieron dudas respecto de la posible estigmatización de ciertos tipos de industria que se basan en insumos difícilmente reemplazables por renovables. También, las compañías comentaron que sería un exceso de información a reportar, con costos asociados para las firmas. Sin embargo, la unanimidad de éstas dijeron que el desafío más importante en Chile es la gestión del agua y la priorización de su reutilización.
• Brecha Salarial: las empresas indicaron que se debería exigir dentro de la política de diversidad la inclusión de temas de brecha salarial. Eso sí, mencionaron que en algunas categorías de cargos, como las gerencias, los distintos roles al interior de una compañía no son equivalentes entre sí. Esto haría más complejo el cálculo de la brecha salarial entre hombres y mujeres en situaciones donde los cargos no sean análogos entre sí.
• Contexto social: las entidades recomendaron tener en vista el contexto social post octubre 2019, ya que existe información que podría ser altamente sensible sin ser realmente un aporte a la trasparencia y sostenibilidad. 

Las respuestas de la CMF

Consultada la CMF sobre las dudas que genera en el mercado la norma en cuestión, el Intendente de Regulación del Mercado de Valores, Patricio Valenzuela, respóndió por correo las siguientes inquietudes.

• Su implementación debería retrasarse un año y comenzar en 2022.
Todos los procesos normativos liderados por la Comisión para el Mercado Financiero consideran un análisis del impacto. Este proceso se nutre, entre otros antecedentes, de la información obtenida durante la consulta pública. La finalidad es que el Consejo de la Comisión cuente con una propuesta con el plazo en que sería razonable entre en vigencia la normativa. Esto, a objeto de minimizar el impacto que la regulación tendría en las empresas que deberán cumplirla.

El plazo definitivo de entrada en vigencia de esta norma en particular será determinado, en su momento, por el Consejo de la Comisión a la luz de esa recomendación proveniente del proceso de análisis de impacto más otros antecedentes o consideraciones que puedan surgir.

• Contexto social: se sugiere tener en vista el contexto social post octubre 2019, ya que hay mucha información que podría ser altamente sensible sin ser realmente un aporte a la transparencia y sostenibilidad.

La Comisión, al momento de establecer estándares de divulgación de información, siempre considera las necesidades y beneficios para los inversionistas, depositantes y asegurados, como también los costos y riesgos que esa divulgación conlleva para las entidades reguladas. Los estándares de entrega de información que finalmente se establezcan serán aquellos en que los beneficios para el mercado sean superiores a los costos y riesgos que enfrentarán las entidades reguladas.

• Energía: existen dudas respecto a la disponibilidad de información relativa a la electricidad proveniente de fuentes renovables, lo que podría traducirse en un levantamiento de información o implementación de sistemas de medición que actualmente no existen.
Esta es una de las diversas materias que se irán analizando con motivo del proceso consultivo. En particular, la Comisión ha estado sosteniendo reuniones con los Ministerios de Energía y Medio Ambiente a objeto de que la información que finalmente se exija sea consistente con otras exigencias de similar naturaleza y que generen el menor impacto en las entidades supervisadas.

• Diversidad: sería necesario ahondar más en indicadores respecto a personas en situación de discapacidad, incluyendo el detalle del tipo de discapacidad y el grado, así como la existencia de algún plan de integración. Asimismo, se cuestionó que se exigiera dentro de la política señalar aquellos grupos minoritarios que tuviera la empresa por objeto incluir. Se argumentó en base a que sería discriminatorio que una política privilegie a algunas minorías por sobre otras en su contratación.

Al igual que en otras temáticas, se espera que el proceso consultivo contribuya a mejorar las exigencias que están en la propuesta normativa.

• Brecha Salarial: las empresas indicaron que se debería exigir que dentro de la política de diversidad se incluyan temas de brecha salarial. Se mencionó que, en algunas categorías de cargo, como gerencias, los distintos roles al interior no son equivalentes entre sí. Esto haría más complejo el cálculo de la brecha salarial entre hombres y mujeres en situaciones donde los cargos no sean equivalentes entre sí.

Teniendo presente que el proceso de consulta pública tiene por finalidad que todo quien esté interesado pueda manifestar sus opiniones, la Comisión ha sostenido reuniones con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a objeto de que los requisitos que finalmente se establezcan puedan servir a aquellos inversionistas que privilegien en sus decisiones a aquellas empresas con mejores políticas, prácticas y metas en materia de disminución de brecha salarial e inclusión de la mujer dentro de la organización.

¿Cuál es la visión de la CMF al respecto?

El proceso consultivo es la instancia que le permite a la Comisión contar con todos los elementos necesarios para emitir disposiciones que contribuyan al desarrollo del mercado y disminuir las asimetrías de información en materias Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo. Todo lo anterior, introduciendo el menor costo y riesgo posible a las entidades fiscalizadas.