Un verdadero remezón está teniendo la industria financiera a nivel mundial. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló el domingo que los principales bancos del mundo omitieron sus controles de prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo.
Mediante una exhaustiva investigación en que se analizaron más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (Suspicious Activity Reports, SAR, su sigla en inglés) que los bancos enviaron entre 2000 y 2017 al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se descubrió que entidades como HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon y Standard Chartered realizaron diferentes operaciones con dineros obtenidos mediante corrupción, fraudes y narcotráfico, entre otras actividades ilícitas.
A pesar de ser multadas y advertidas por las transacciones que estaban realizando de manera ilegal por parte del fiscalizador estadounidense, nada detuvo a los grandes bancos para continuar sus operaciones.
De acuerdo con los antecedentes que publicó ICIJ, algunas de estas firmas tienen "conexiones" con bancos chilenos. El Consorcio explicó que dentro de la información disponible se identificó los "servicios corresponsales proporcionados por bancos con sede en EEUU". Dentro de esta categoría figuran tres firmas chilenas: Banco de Chile, Banco Security y la extinta Intervalores Corredores de Bolsa. Sin embargo, el informe no ahonda en los detalles de ese nexo.
En el caso de la compañía ligada al grupo Luksic y Citibank, su vínculo sería con Deutsche Bank. Consultado Banco de Chile sobre cuál es la relación que mantiene con la firma alemana, la entidad declinó hacer comentarios. Pero según los estados financieros de Banco de Chile al 30 de junio, tiene préstamos por $ 11.944 millones con Deutsche Bank.
Según la investigación de ICIJ, la firma teutona instruyó a clientes de países sancionados internacionalmente como Irán, Siria, Libia, entre otros, a realizar sus transacciones con mensajes claves para que pasaran desapercibidos por parte de las autoridades estadounidenses. Por esto, Deutsche Bank debió pagar una multa de US$ 258 millones en 2015.
Esta cifra no lo desanimó a continuar realizando similares operaciones. Entre 2015 y 2016 movió cerca de US$ 215 millones del multimillonario ucraniano Ihor Kolomoisky a una cuenta en las Islas Vírgenes. Kolomoisky en ese entonces era sospechoso de un masivo lavado de dinero en su país de origen. Seis meses después de realizar estas operaciones, el banco levantó la alerta por fraude.
Banco Security aparece en los archivos del caso "conectado" con el banco británico Standard Chartered. Al cierre de esta edición, Banco Security no emitió comentarios al respecto.
Standard Chartered es otro de los pesos pesados que está involucrado. La firma con sede en Londres despidió a dos empleados que ayudaron al FBI en una investigación sobre transferencias a empresas en Sudán, Irán y Libia. El banco cambió los nombres de las compañías para ocultarlas y así evitar sanciones.
Las 12 transacciones
Entre las operaciones sospechosas de lavado de activos aparece 12 veces mencionado Itaú Corpbanca Colombia por reportar dichos movimientos, entidad que es controlada desde Itaú Chile. Las operaciones identificadas en el caso FinCEN citadas por las investigación se realizaron entre septiembre de 2012 y enero de 2013. En aquel tiempo el banco era controlado por el grupo Saieh y se fusionó con Itaú recién en 2016.
Las operaciones tuvieron múltiples origenes desde Helm Bank en EEUU hasta bancos con plaza en Grecia, Rusia y Chipre. En total se realizaron 63 transacciones durante este período. De ellas, 21 transacciones fueron a parar a cuentas de Helm Bank en EEUU por casi US$ 1 millón. Mientras que 42 transacciones se hicieron con destino a Ecuador por US$ 2,2 millones, al Banco Pichincha y al Banco Internacional.
Consultado Itaú Chile sobre estas operaciones, la compañía ligada a ItaúUnibanco y CorpGroup declinó emitir comentarios.
Golpe en la bolsa
Los inversionistas no reaccionaron bien a la noticia. Las acciones de JPMorgan, Deutsche Bank y HSBC se desplomaron. De hecho, el papel del principal banco alemán llegó a caer más de 8%, mientras que el de HSBC llegó a mínimos de 1995 en la bolsa de Hong Kong y se hundió más de 6% en Londres.
En el sector financiero se defienden y explican que cuando los bancos alertan de actividades sospechosas, no significa que haya habido un acto delictivo. De hecho, Deutsche Bank afirmó que "debe tenerse en cuenta que se trata de información que los bancos identifican y presentan de manera proactiva a los gobiernos de conformidad con la ley. Los SAR son alertas de problemas potenciales, no hechos probados".
Mientras que Standard Chartered dijo que "presentamos un SAR cuando identificamos algo sospechoso o irregular en una transacción que cumple con los requisitos de presentación en el mercado local".
Repercusión en el Congreso
El caso no quedó indiferente en la escena política. El senador Felipe Harboe solicitó al presidente de la comisión de Economía del Senado, Álvaro Elizalde, citar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que aclare algunas dudas que surgieron con el reportaje del ICIJ, sobre todo para responder a consultas en torno a eventuales consecuencias.
"Le planteé al presidente de la comisión de Economía invitar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para preguntar qué medidas están adoptando en la industria financiera bancaria, para tener más información", comentó Harboe a DF.
El parlamentario agregó que también se pretende citar al regulador para conocer si este se ha comunicado con sus pares internacionales y saber qué grado de participación hubo, si cabe el caso, de bancos nacionales.
Consultada la CMF sobre el caso, el organismo presidido por Joaquín Cortez indicó que tomó "conocimiento de la información y se encuentra recabando antecedentes".
El regulador advirtió que "es importante reiterar que las eventuales infracciones a la normativa de la Comisión pueden ser sancionadas".
La labor de la UAF
Como el FinCEN en EEUU, el organismo que tiene la misión en Chile de dilucidar eventuales actos de operaciones financieras sospechosas es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad independiente que se creó en 2013 y que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
Sin tener la posibilidad de actuar de oficio, ésta se alimenta para hacer su trabajo de los informes que realizan las instituciones de las 38 industrias a las que supervisa, como bancos, administradoras de fondos de pensiones, administradoras generales de fondos, compañías de seguros, entre otras.
Conocidos como Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), las firmas supervisadas deben informar cada vez que detecten transacciones inusuales en sus sistemas. La UAF puede solicitar más información si lo requiere por cada operación que considere profundizar.
Si al analizar lo reportado por las mencionadas instituciones la División de Inteligencia Financiera de la UAF detecta señales que tengan indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, esta remite de forma confidencial uno o más informes al Ministerio Público, institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.
De acuerdo con cifras del organismo fiscalizador, en 2019 recibió 4.798 ROS, un 4,3% menos que los que se registraron en 2018. De ese total, 1.869 se originaron en los bancos, es decir, un 39%. Siguieron los casinos de juegos, con 886 reportes, y las AFP, con 448.
Además de los ROS, las entidades privadas que son supervisadas por la UAF deben enviar de forma mensual, trimestral o semestral los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que superen los US$ 10.000.
La investigación que remeció a los bancos mundiales
Más de 400 profesionales de 88 países -incluido Chile- trabajaron durante 16 meses como parte de la investigación que fue publicada este domingo en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
La base del reportaje fueron 2.100 reportes de actividad sospechosa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU. De acuerdo con el propio consorcio, los documentos fueron conseguidos por el medio BuzzFeed, los que luego fueron compartidos con la mencionada red global de periodistas, la que se reunió en una cita realizada el año pasado en Hamburgo, Alemania.
¿Cómo se obtuvieron los informes? Según BuzzFeed, parte de los reportes fueron recopilados por el Congreso estadounidense, con el objetivo de investigar la eventual interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016, mientras que otros habrían sido solicitados por distintas agencias de este mismo país. Con todo, los 2.100 documentos representan menos del 0,02% de 12 millones de informes de actividades sospechosas entre 2011 y 2017.
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