Por Alex Barker
Bruselas
El plan de Europa para un impuesto a las transacciones financieras expansivas chocó contra un muro luego de que el mayor asesor jurídico de los ministros de Finanzas concluyera que supera la jurisdicción nacional, “infringe” los tratados de la UE y discrimina a los Estados no miembros.
El documento inusualmente contundente del Servicio Jurídico del Consejo de la UE, que obtuvo Financial Times, da un duro golpe a una propuesta de la Comisión Europea de introducir un impuesto de 35.000 millones de euros (US$ 46.430 millones) de la eurozona con alcance global.
Aunque las conclusiones no son vinculantes, es probable que la fortaleza de las objeciones jurídicas aceleren las jugadas a reducir el diseño de cualquier tributo común. Una nueva versión podría parecerse más a un impuesto de timbre. Funcionarios británicos dijeron que el documento “reivindicó” la decisión de organizar un desafío legal de forma separada.
Once estados de la eurozona -entre ellos Francia, Alemania, España e Italia- quieren acordar un impuesto conjunto, pero las negociaciones se estancaron debido a que Estados clave se opusieron por el amplio alcance del plan original y los riesgos efectivos de su aplicación.
La Comisión insiste en que su diseño es indiscutible y dijo que el debate jurídico no necesariamente descarrilará las conversaciones.
El documento legal del Consejo cuestiona un elemento central del “principio de residencia”, que busca aplicar el impuesto de las instituciones fiscales de acuerdo al lugar donde tienen su domicilio social, en vez de donde se ejecute la operación.Esta medida contra la evasión permitió que el llamado “impuesto Robin Hood” alcanzara una red mucho más amplia, incluyendo operaciones en Londres, Nueva York y Singapur, así como grupos fuera de la eurozona que mantienen negociaciones con contrapartes en el área fiscal.