El Parlamento Europeo respaldó un borrador de actualización de las reglas de derecho de autor de la Unión Europea que podría aumentar la carga sobre las plataformas de Internet, incluyendo a YouTube y Facebook, al pedirles que filtren el contenido que suben millones de usuarios.
La propuesta de reformar la directiva de derecho de autor del bloque ha sido promocionado como una forma de dar a los autores, editoriales y músicos más derechos para que les paguen por su contenido en la era digital. Los parlamentarios en Estrasburgo votaron ayer 438 a favor del plan y 226 en contra.
La votación del parlamento se produjo tras más de dos años de un feroz lobby que enfrentó a los creadores de contenido, incluyendo a Paul McCartney, con los defensores de la libertad, como el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales.
Si se adoptan, las medidas demandarían que las empresas de redes sociales cooperen de “buena fe” con quienes tienen los derechos cuando el material que suben los usuarios -como música, videos e imágenes- no respete las reglas de derecho de autor.
Sin embargo, los parlamentarios votaron por excluir plataformas más pequeñas de los requerimientos para retirar contenido.
Las controversias
El voto no cambia inmediatamente las reglas de copyright, pero permitirá a los parlamentarios abrir negociaciones con los gobiernos de la UE y la Comisión Europea sobre los cambios finales.
La eurodiputada alemana Julia Reda, crítica de las obligaciones de filro, dijo que la nueva versión del texto sólo hizo “cambios cosméticos”. “Esta ley deja a los sitios y aplicaciones sin otra opción que instalar filtros de subida que pueden tener errores”, sostuvo. “Cualquier cosa que queramos publicar tendrá que ser aprobada por estos filtros y contenido perfectamente legal, como parodias y memes, quedarán en la mira”.
Otra parte del texto que generó controversias es la que hará que plataformas como Google sólo puedan mostrar palabras individuales cuando muestren vínculos a contenidos como noticias. Las críticas apuntan a que el llamado “derecho de vecindario” es en realidad un “impuesto al vínculo”, y entorpecerá el libre flujo de la información.
Las plataformas y los motores de búsqueda también tendrán que pagar a los publicadores y dueños de derechos por mostrar su contenido.