El gobierno argentino negó ayer rotundamente que vaya a aplicar una devaluación, ante la rápida caída del peso y los crecientes temores de una abrupta corrección. Pero las declaraciones no convencen a los analistas, que recuerdan que lo mismo hizo en enero, justo antes de recortar la cotización de la moneda local en 20%, pese a que la presidenta Cristina Fernández había prometido que eso nunca sucedería en su gobierno.
Las presiones por un ajuste crecen a medida que aumenta la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y caen las reservas del banco central.
La cotización del dólar paralelo, conocido como blue, subió el miércoles a un máximo histórico de 14,38 pesos argentinos, elevando la brecha con el tipo de cambio oficial a 71,6%, tal como sucedió antes de la devaluación de enero. Ayer, el dólar blue no operó debido a un paro nacional.
La divisa oficial, en tanto, está en 8,4 pesos argentinos, y para defender ese nivel el banco central ha realizado millonarias intervenciones en el mercado cambiario.
La amenaza de corrida cambiaria crece a medida que los ahorristas y empresas, que enfrentan una alta inflación y el segundo default del país en trece años, buscan refugiarse en dólares.
Las autoridades, en cambio, insisten en atribuir la disparada del dólar a “maniobras de los fondos buitre que cuentan con cómplices en la Argentina”, afirmó ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. “Los medios y las agencias de noticias mienten sistemáticamente respecto del valor de esa transacción para inducir a un proceso de devaluación que, por supuesto, no va a ocurrir”.
Recesión y más inflación
Los economistas y el mercado discrepan de la versión oficial. “Cuando aumenta la brecha cambiaria aparece el estímulo para pasarse de un dólar a otro. Cuando en enero se devaluó había una brecha cambiaria similar, con una tasa de interés por debajo de la inflación. Ahora la inflación ya absorbió la devaluación y el alza de tasas. La expectativa es que aumente el tipo de cambio. Estamos volviendo al punto de enero e incluso estamos peor porque ya hay un contexto recesivo”, explicó a El Cronista el economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno.
Los economistas advierten que la brecha cambiaria superior a 70% y la expectativa de devaluación que conlleva provocará que se atrasen exportaciones y se adelanten importaciones, lo que explicó la caída de las reservas el año pasado.
Asimismo, el aumento del dólar paralelo hace prever mayor inflación. “El mercado está anticipando una pérdida del valor del peso. Si el peso vale menos, los salarios también, lo que repercute en menos demanda agregada. Complica a la macroeconomía y hay mayor probabilidad de una caída más profunda del nivel de actividad”, puntualizó Ramiro Castiñeira, economista de la consultora Econométrica Castiñeira.
Capital Economics espera que el dólar oficial se devalúe a 10 pesos argentinos hacia fines de año. “Eso agravaría la inflación y restaría aún más a los ingresos reales. Por lo tanto, esperamos que el PIB se contraiga hasta 3% este año”, escribió un equipo de analistas liderado por Neil Shearing en una nota a clientes.
En lo que va del año, el peso argentino ha caído 22%.
Incapacidad para pagar
La caída en las reservas tiene un componente adicional: el país, que está en un default “técnico” porque por orden judicial no pudo cumplir sus obligaciones con acreedores internacionales, puede quedarse sin dinero para pagar.
“Una vez que las reservas internacionales comiencen a descender o se acelere la debilidad del tipo de cambio, eso debería impactar a los bonos negativamente”, dijo a Bloomberg el director de estrategia de renta fija para Latinoamérica de Jefferies, Siobhan Morden. “La no voluntad de pagar podría convertirse en incapacidad para pagar”.
Morden estima que las reservas, que el país usa para pagar la deuda externa, podrían bajar a un mínimo de ocho años de US$ 22 mil millones para fines de año, desde los US$ 28.600 millones actuales.
Las reservas líquidas netas –que excluyen los activos que no pueden usarse rápidamente para pagar deuda– caerán a cerca de US$ 8.800 millones, menos que los US$ 10 mil millones que se necesitan en 2015 para realizar pagos en moneda extranjera, advirtió Bank of America. Esa medida excluye los depósitos en dólares en los bancos locales y los préstamos de instituciones multilaterales, además de derechos de emisión especiales del FMI y el oro. “Es un margen muy estrecho” entre las reservas líquidas netas del país y la deuda que va a vencer, aseguró a Bloomberg el economista jefe para América Latina de Bank of America, Marcos Buscaglia.
Argentina cayó en default el mes pasado cuando una corte de Nueva York bloqueó el pago de intereses por
US$ 539 millones debido a que la presidenta Cristina Fernández no le pagó de forma simultánea a los acreedores que no se acogieron a los canjes de 2005 y 2010, conocidos como holdouts.
El gobierno ha usado las reservas para pagar deudas desde que el país quedó fuera de los mercados de capital internacionales por el default de 2001. “No hay señales de que Argentina pueda volver a los mercados pronto, así es que la caída en las reservas y la rápida apreciación del peso es una preocupación”, afirmó a Bloomberg el analista de UBS Wealth Management, Jorge Mariscal.
Goldman Sachs y JPMorgan Chase estiman que las reservas totales bajarán a US$ 24 mil millones para fines de año.
Gobierno sufre segundo paro nacional en el año
La segunda paralización general en el año y la tercera desde que Cristina Fernández asumió el poder se realizó ayer en Argentina en medio del fuerte deterioro económico.
Camioneros, conductores de trenes y de metros, trabajadores portuarios y banqueros, entre otros, abandonaron sus puestos de trabajo por 24 horas para exigir la reanudación de las negociaciones colectivas y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Hugo Moyano, secretario general de la opositora Central General de Trabajadores (CGT) aseguró que la huelga "fue contundente" y agregó que esperaba que "la presidenta reflexione y se dé cuenta de que no puede negar la realidad".
Las primeras estimaciones de la CGT daban cuenta de una adhesión de cerca de 85%.
El jefe de gabinete Jorge Capitanich refutó esa cifra al indicar que "el 75% de los trabajadores manifestó su voluntad de trabajar en el día de la fecha, no adhiriendo al paro propuesto por un grupo de sindicatos de dirigentes sindicales opositores".
Por su parte, Carlos Tomada, ministro del Trabajo, sostuvo que "la gran mayoría del pueblo ha concurrido a trabajar a lo largo y a la ancho del país", citó Reuters.
"No se puede decir que lo que hoy ocurrió sea un paro general ni mucho menos un paro nacional. Cómo va a ser un paro general si los metalúrgicos trabajan, la construcción trabaja, si el transporte de pasajeros funcionó, si la mayoría del comercio funcionó", argumentó.
Rechazan demandas
El jefe de la cartera laboral aseveró que para el gobierno "no es prioridad" modificar el impuesto a las ganancias y descartó una reapertura de las negociaciones colectivas.
"Tenemos preocupaciones como los trabajadores ladrilleros como prioridad", manifestó Tomada y reiteró que el debate sobre el gravamen es "una cuestión de trabajadores que representan un 10% y claramente son los trabajadores de mejores ingresos", reprodujo el periódico local El Cronista.
Además, el funcionario expresó que "no hay condiciones que ameriten" la reapertura de las negociaciones colectivas y puntualizó que todavía "no se han terminado de cobrar" la gran mayoría de los convenios colectivos firmados por sindicatos y el sector empresarial.
De esta manera, el ministro cerró la puerta a las reivindicaciones que motivaron la paralización de ayer.
Tras el rechazo del gobierno, Luis Barrionuevo, jefe de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, advirtió que "el próximo acto no lo vamos a hacer en el Patio de las Palmeras (de la Casa Rosada, donde suele hablar la mandataria), lo vamos a hacer en la Plaza de Mayo".
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