Vecinos de Totoral rechazan conciliación y Suprema deberá decidir futuro de Castilla

Por M. Bermeo y C. Mejías



Tal cual se preveía, la Junta de Vecinos de Totoral declinó llegar a un acuerdo conciliatorio con los propietarios del proyecto termoeléctrico Castilla, por lo que ahora será la Tercera Sala de la Corte Suprema la que deberá definir el futuro de la iniciativa.

En la audiencia de conciliación de ayer, las partes expusieron sus argumentos y aunque varios de los concurrentes estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con la central, al no ser unánime no se pudo conseguir un trato.

Alvaro Toro, abogado de la Junta de Vecinos de Totoral, dijo que el grupo no aprobó la conciliación porque hacerlo “era aceptar que se construyeran industrias contaminantes cerca de donde vive la comunidad. Porque los impactos son incalculables”, asegura.

Ahora la Tercera Sala, presidida por Sergio Guzmán, analizará el caso, sin un plazo determinado para fallar. En todo caso, uno de los abogados señaló que cree muy posible que la Corte apruebe ambos proyectos, considerando que gran parte de los grupos incumbentes están dispuestos a un acuerdo.

El abogado Lorenzo Soto, que representa a los algueros de la Bahía de Chascos, señaló que sus representados están dispuestos a una conciliación y que ésta podría producirse “antes o después del fallo”.

Una opinión semejante a la que tiene el abogado de Castilla, Pedro Pablo Gutiérrez quien señala “que siempre es una buena idea seguir conversando”. Además, agregó que “los proyectos, de hacerse, los vamos a realizar con la comunidad y no contra ella, lo que significa que vamos a buscar revivir los mismos acuerdos que han quedado pendientes”.

Compensaciones


En este caso, los extractores de algas presentaron una contra propuesta, en la que piden, entre otras cosas, mejorar el fondo de compensación propuesto por Castilla y que éste sea administrado por ellos y no por la empresa, un independiente y la misma comunidad, como proponía antes CGX, la sociedad mediante la que el brasileño Eike Batista y la germana E.ON construirían Castilla, a lo que accedió la empresa, con la condición de que los fondos sean usados en temas de impacto social, como becas de estudio, etc.

“Nos va a dejar conformes un acuerdo con las mayores exigencias ambientales para los proyectos (puerto y central) y mayores beneficios económicos”, como forma de compensación por los daños que se les causaría, dijo Soto. “La condición para negociar es que debemos tener injerencia directa en el destino de los fondos”, agregó.

Otro de los opositores, los pescadores cercanos a Caldera, pidieron que la central instalara una torre de enfriamiento, lo que no fue aceptado por la empresa por los efectos colaterales que traería.

Castilla, a su vez, entregó un terreno a los extractores de algas de Chascos y subió las compensaciones económicas, desde $ 8,7 millones por persona recurrente -unos 250 individuos- a $ 9,2 millones. También, aumentó el Fondo de Desarrollo Regional desde el 1% del valor del proyecto a 1,25%, es decir, un 25% más, llegando a unos US$ 62,5 millones, entre otras medidas.