Solo dos meses restan para que finalice la vigencia de la actual ley de servicios básicos, que impide el corte por no pago, dando la opción de postergar el cobro de deudas, pero aún es un misterio lo que sucederá después con las cuentas y la morosidad acumulada.
En ese escenario, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzó a discutir una moción que fue ingresada el 18 de agosto, cuyo objetivo es extender el plazo de la normativa en un año para impedir los cortes y ampliar la cobertura de la población resguardada al 100% de vulnerabilidad.
La iniciativa -impulsada por los diputados Boris Barrera, Amaro Labra, Rubén Moraga, Jaime Naranjo, Karol Cariola, Camila Vallejo, entre otros- obligó a sacar las calculadoras de las autoridades, quienes ya adelantaron su negativa de seguir prorrogando esta ley y más bien apuntan a focalizar las ayudas.
Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la deuda eléctrica residencial se ha incrementado y al 31 de agosto asciende a $ 275.490 millones, lo que ha significado un crecimiento en cantidad de clientes morosos de 213 mil desde el inicio de la pandemia. Asimismo, solo uno de cada cuatro cuentas morosas consume en promedio más de $ 60 mil al mes, pero representan el 46,2% de la deuda total residencial.
"Nos parece relevante mencionar que en algún grado, y es esperable también pensarlo, que los clientes que tienen mayores niveles de consumo, cuando cesan en los pagos, acumulan en la deuda total proprocionalmente mucho más que el resto", advirtió este martes en el Congreso el titular de la SEC, Luis Ávila.
Pero Ávila además simuló el impacto de la moción. Asumiendo una proyección lineal de morosidad eléctrica, la deuda alcanzaría los $ 420 mil millones, un crecimiento de más del 50% sobre el saldo total que está a agosto de este año. Y, además, aumentando también la deuda promedio de los actuales $ 378 mil a $ 544 mil.
Los clientes de gas por medidor han aumentado en 28 mil desde marzo de 2020 y al 31 de agosto mantienen una deuda promedio de $ 273 mil, con un monto de $ 22 mil millones en deuda. Pensando en una proyección lineal de esta deuda, al 31 de diciembre de 2022, se proyecta llegar a $ 41 mil millones con un crecimiento de 80% sobre el saldo que registra a agosto de 2021.
"El pensar en extender este plazo supondría un incremento intensivo de los montos acumulados de deuda y creo que, al menos desde los números, muestran claramente que el mayor crecimiento de la deuda se produciría en hogares de mayores consumos", dijo Ávila.
En esa línea, precisó que "se hace imperativo identificar aquel segmento de clientes probablemente de los más altos ingresos con altos consumos para que se pongan al día en la medida que puedan estar pagando y eso permite apoyar a aquellos hogares que realmente lo necesitan".
Esto, dijo, "toda vez que en el toral de la deuda lo que estamos constatando es que nueve de cada 10 chilenos que tienen deudas con sus compañías eléctricas o de gas están pagando la cuenta". Por esto, sugirió: "Las ayudas pensaría que es mejor focalizarlas".
La advertencia de la SISS
En paralelo, la Superintencia de Servicios Sanitarios (SISS) también encendió las alertas. La entidad indicó que a diciembre 2018 había un cierto nivel de clientes morosos que representaba cerca del 5,5% del sector sanitario. Sin embargo, ha subido y se ha mantenido relativamente estable durante un año en torno al 11%. En concreto, se pasó de 300 mil a prácticamente 600 mil clientes morosos producto de la pandemia y eso se ha sostenido durante el último año.
Así, se ha transitado de una deuda de $ 94 mil millones a prácticamente $ 200 mil millones a septiembre de este año. "Esta deuda representa del orden del 15% de los ingresos de explotación de las empresas sanitarias. Pasaron de un 7% de deuda a este 15% y aquí sí se puede ver que hay una tendencia al alza. La deuda ha ido creciendo consistentemente mes a mes pese a que los clientes con morosidad se han mantenido más o menos constantes", puntualizó el superintendente Jorge Rivas.
Sobre la propuesta de proyecto de postergar en un año la vigencia de la ley, Rivas reconoció que lo ven con dificultad para las empresas sanitarias. "Creemos que lo mejor es recuperar la normalidad de los pagos de modo que no se ponga en riesgo la calidad de los servicios en el mediano plazo por déficit de financiamiento", afirmó.
Según explicó, el sector sanitario lo comprenden 53 empresas sanitarias que prestan el servicio en todo el país y la gran mayoría son empresas pequeñas que no tienen grandes espaldas financieras. "Estas empresas ya llevan soportando hace un año y medio estas deudas. Como regulador estamos enfrentados también a una sequía tremendamente severa y hemos tenido que instruir a muchas empresas sanitarias a que incrementen sus inversiones en el año pasado y en los próximos años producto de la sequía", dijo.
La autoridad agregó que las empresas voluntariamente accedieron a no cortar el servicio por varios meses antes que se aprobara la ley y ademá,s como autoridad, han tenido que exigirle "muchísima más inversiones porque la sequía está causando estragos".
"Desde ese punto de vista, es una situación compleja para las empresas sanitarias porque tienen que hacerse cargo también de la sequía, tienen que hacer más inversión. Nosotros vemos que habría empresas que podrían enfrentar riesgos financieros porque esto ya no puede seguir prolongándose por mucho tiempo", advirtió.
Considerando que hay muchos clientes que tienen deudas de hasta 18 meses, si se prolongara la ley por 12 meses más, probablemente ellos van a acumular una deuda de 30 meses. "Para cobrar una deuda que se acumuló por 30 meses, la verdad es que no creemos que haya un algoritmo viable porque, si uno le quisiera cobrar el 20% de eso que fue acumulando, estaríamos hablando de siete, ocho o diez años para nivelar a ese cliente que quedó moroso en este período", detalló.
Y recalcó: "Vemos muy difícil seguir extendiendo el plazo y que se va a ir incrementando esta deuda de estos clientes que simplemente no tienen esta capacidad de pago. Vemos complejo el escenario para las empresas sanitarias. creemos que se puede poner en varios aprietos a la mayoría de las empresas sanitarias porque no van a tener las espaldas financieras de hacer frente a la sequía y también de seguir asumiendo esta deuda que no pueden pagar los clientes".
Actualmente, dijo que están caracterizando la deuda y los clientes en esta industria para elaborar alternativas que después se puedan discutir. "Probablemente sea mejor focalizar esta ayuda en efectivamente estos clientes que no van a tener cómo absorber esta deuda en el futuro", enfatizó.
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