Estudió arquitectura en la Universidad de Chile y luego realizó un magíster en diseño urbano en Inglaterra. Se quedó viviendo un par de años en Europa y, a su regreso a Chile, Paz Serra Freire decidió recalar con su familia en La Araucanía. Fueron dos décadas en el sur de Chile. Profesora, decana y Seremi de Vivienda. Con la nueva administración de Sebastián Piñera, le ofrecieron ser la jefa de la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Aceptó.
¿Cuál es la misión de la DDU? Estudiar y definir las políticas nacionales que orientan el desarrollo urbano y territorial y establecer, a partir de ellas, las normas que rigen el urbanismo y la construcción, correspondiéndole además desarrollar los programas de inversiones urbanas del Minvu.
“Tengo una formación en el urbanismo con muchos años de experiencia; desde que salí de la carrera de arquitectura me dediqué a esto y tengo muchas convicciones a partir de eso. Creo que, para este cargo, es muy idóneo una persona que tenga un perfil de estas características, con una idea de cómo tiene que hacerse ciudad”, afirma la autoridad, en cuyo período ha debido enfrentar la llamada judicialización inmobiliaria.
En medio de este escenario, hace exactamente siete días se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 14 firmado por el Presidente Sebastián Piñera, en conjunto con el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg. No pocos sostuvieron que con ese Decreto, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se establecía a todo evento la certeza jurídica para los permisos otorgados por las direcciones de Obras Municipales (DOM).
Paz Serra explica que este nuevo decreto fue en respuesta a que la Contraloría cuestionó algunos incentivos y condiciones incorporados en planos reguladores. “Hay situaciones como soterramientos de cable, sistemas de agrupamiento, zonas de conservación histórica, son cosas muy propias de cada plan regulador. Nosotros intervenimos y observamos toda esta batería de normativas locales y nos parece pertinente validarlas y ahí entramos en conversaciones con Contraloría y finalmente después de exponer las distintas versiones jurídicas, llegamos a una que a ambos órganos del Estado nos satisface. No era exactamente lo que nosotros habíamos propuesto, pero es bastante semejante”, dice la jefa de la DDU.
- El primer inciso del nuevo decreto señala que “los permisos, aprobaciones y autorizaciones emitidas por los Directores de Obras Municipales gozan de una presunción de legalidad…”, pero el inciso final del artículo 3 de la Ley 19.880 del 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, apunta a exactamente lo mismo: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad”. ¿Por qué se incluyó un párrafo de la Ley 19.880 y se incorporó en este nuevo decreto?
- Eso no estaba en la Ordenanza General de Urbanismo.
- Pero está en la ley de bases...
- Sí, pero lo que redunda no daña. ¿A qué punto quiere llegar?
- Algunas personas señalaron que venía a zanjar los problemas que enfrentaban las inmobiliarias. ¿Crees que este decreto va a solucionar la judicialización?
- No. Nosotros sabemos que tiene efectos en las inmobiliarias en algunas comunas, pero eso nunca ha sido la razón que nos ha movilizado a formular una modificación de la ordenanza. Ni en este caso, ni en ningún otro. Nosotros vamos por una idea de ciudad y en este caso, obviamente, van a haber proyectos que se van a destrabar, buenos o malos, algunos que conocemos, otros que no, pero lo que está como principio es respetar el ordenamiento territorial de escala local.
- ¿Hay respeto por la normativa entre las empresas socias de la CChC?
- Ese es un juicio de valor, pero puedo decir que he conocido todo tipo de empresas, hay personas que han hecho inmensos aportes de buenos proyectos a esta ciudad y otros que no.
- ¿Por qué se omitió en el nuevo decreto que, como en la misma Ley 19.880 se expresa, “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado”?
- La verdad es que nosotros, y en general todos los abogados saben que un acto administrativo como un permiso de edificación, puede ser objetado por los tribunales o dejado sin efecto por la propia administración.
- La Asociación de Oficinas de Arquitectos señaló en un informe del año pasado que las circulares de la DDU han pasado a ser un nuevo marco regulatorio, sin mediar procesos de revisión...
- Efectivamente, el objetivo de las circulares es aclarar. Y se producen a veces situaciones no consideradas en la redacción original y se va aclarando. Lo que sí, es que en tribunales, una circular ha tomado “carácter de ley” cuando es la única herramienta que se ha referido a un tema. Y ahí aparecen estilos. El gobierno anterior sacó muchas circulares. Lo orientó muy hacia la línea de circulares y probablemente eso generó comentarios como los que hizo la AOA. Y en esta administración hemos, a raíz de observaciones como esa, reducido la cantidad de circulares y hemos optado más por las modificaciones de la ordenanza. Hemos actuado más en base a decretos que a circulares.
“La circular es una herramienta rápida, expedita, que no tiene mayor consulta y aclara, pero las cosas que nos parecen más sustantivas hemos ido por la vía del decreto y siempre con una consulta simplificada”, dice.
En el caso del decreto 14 no se hizo consulta ciudadana. Pablo Sepúlveda, asesor del gabinete de la DDU, justifica: “Nosotros tenemos un decreto que regula casos en que debe ir o no a consulta pública y establece ciertas excepciones que tienen que ver con la urgencia o la naturaleza de la materia tratada. Y en este caso, como se trata de entregar o establecer principios como es la certeza jurídica -que están en la Ley- y, además, bajar ciertas disposiciones que dicen relación con la cohesión territorial y la sustentabilidad urbana -que ya están establecidas en la ley de aportes y de transparencia urbana- nos parece que es suficiente para invocar esa situación de excepción”.
Mejorar coordinación en el Estado
- ¿Crear un alcalde mayor es una solución a las diferencias en materia urbanística entre las comunas?
- Más que una figura política mayor, me importa un instrumento de planificación mayor, porque hoy día en un área metropolitana como esta conviven 52 comunas, donde 47 están conurbadas y tienen su propio Plan Regulador.
En el caso de Santiago está el PRMS, pero le falta todavía tener una bajada relacionada a los programas, a la inversión pública, a que realmente se convierta en una única ciudad. Por ejemplo, Av. Kennedy tiene un perfil de más de 100 metros de ancho, lo que podría permitir perfectamente una altura acorde con ese perfil de vía. No obstante, la comuna de Las Condes tiene una altura y Vitacura otra mucho más baja.
- ¿Cómo se soluciona eso?
- Mejorando el instrumento. El Estado tiene una situación de descoordinación que hay que mejorar. Y eso pasa por la modernización del Estado, no es sumar ministerios, ni autoridades... es coordinación.
- ¿Pero cómo se consigue? ¿Se obliga a un alcalde? ¿Hay que cambiar la ley?
- Es un poco más profundo que eso, porque hay muchos alcaldes que han estado en eso, porque la altura se politizó. ¿Y por qué se politizó? Porque hemos estado en esta cosa pendular de pasar de dos pisos a 40, entonces, la ciudadanía reacciona por tener una mejor calidad, y se produce un vínculo que termina exagerando las situaciones técnico urbanas. Falta instalar en la opinión pública cosas como la densidad equilibrada, mejorar la calidad de vida a partir de la accesibilidad de los servicios.
Permisos de edificación podrán solicitarse vía web a contar del próximo año
Dos nuevos trámites agregará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a la plataforma web bautizada como DOM en Línea que lanzó este año, con miras a agilizar procesos administrativos de las direcciones de Obras Municipales (DOM).
Serra adelanta que se trata del documento de obras menores, "que se va a implementar pronto" y los permisos de edificación, cuya digitalización ha sido un anhelo de larga data por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Este último, se espera que se pueda tramitar de manera online el próximo año.
Actualmente, el Minvu ha firmado un convenio con más de 120 municipios de todo el país para sacar por internet tres documentos: el certificado de número, el de informaciones previas y el declaratorio de utilidad pública.
Estos tres trámites, de acuerdo a la normativa vigente, deben emitirse en un plazo máximo de entre siete a 15 días. Sin embargo, con DOM en línea podrá reducirse este plazo y emitirse en dos días hábiles.
El plan piloto partió en la comuna de Casablanca y este año debutará en un total de 18 comunas del país. Son 345 municipios en Chile y la implementación se hará de manera gradual, para lo que se tiene previsto un horizonte de cinco años.
Si bien la plataforma no tiene costo alguno para las municipalidades, deben contar con el hardware adecuado para que se pueda instalar.
Sin embargo, en estos meses de evaluación la división ha notado un trabajo más lento a lo esperado por parte de las comunas para poner en marcha esta plataforma, por lo que tomaron la decisión de acompañar el proceso con la instalación de un software.
"Ahora estamos evaluando, ya lo tenemos cotizado y estamos próximos a implementar un software que facilita incorporar sus datos al sistema de DOM en línea. Y con eso poder hacer que estos municipios que están trabajando, pero muy lentos para nuestro gusto, poder apurarlos", dijo Serra.
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