La abogada Isabel Aninat, decana de Derecho de la UAI, ha sido una de las principales voces técnicas del debate constituyente que arranca con fuerza este 2021, luego del plebiscito del 25-O, donde su opción en la papeleta permanece en su espacio privado: "Siempre he mantenido que mi voto es secreto. Es lo último que me va quedando de secreto", relata con humor la jurista que integró el Comité de Expertos que redactó la propuesta de texto de reforma constitucional que abrió camino al proceso constituyente. Lo hizo como representante de Evópoli, aunque aclara que nunca ha militado en algún partido.
Investigadora del CEP hasta mediados de 2020, Aninat (Santiago, 1984) analiza en esta conversación virtual los desafíos de Chile en el futuro inmediato desde la perspectiva constitucional, en un momento marcado por la nueva carta fundamental. Sus lecturas delatan sus intereses. Al terminar esta conversación, recomienda el libro que está leyendo: "Los aspectos económicos de la Constitución", editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara.
- En el itinerario constituyente, la primera fecha marcada en el calendario corresponde al 11 de enero, cuando se inscriben las candidaturas...
- Mostrará dos cosas: el interés que ha generado el proceso en personas que, quizá, antes no participaban activamente de discusiones políticas. Es una buena noticia. En segundo lugar, la discusión que se está dando -cómo se configuran las coaliciones- no es solamente en torno a los convencionales constituyentes, sino que tiene relación a cómo se configuran las fuerzas para el resto del 2021, que es un año electoral y, excepcionalmente, muy electoral. El 11 de abril va a ser interesante, porque vamos a tener cuatro elecciones con distintas reglas.
- ¿Qué piensa sobre el papel de los partidos?
- Es muy bueno que muchas personas quieran ser parte de la constituyente y, en general, del debate público y político. Eso se ve especialmente con los independientes. Pero tengo una opinión muy impopular: el gran desafío que tenemos para los próximos años pasa por darle más fortaleza a los partidos políticos. Hoy hablar de los partidos es como elegir la peor causa posible. Sin embargo, soy una firme convencida de que la democracia es con partidos.
- ¿Es de las que sostiene que la elección de convencionales el 11 de abril es incluso más importante que la presidencial?
- Obviamente que el resultado de la convención es extremadamente relevante para el futuro del país. Pero la presidencial, asumiendo que seguimos siendo un país presidencialista, tiene que ver con algo que hoy en día quizás no está en nuestro radar: la implementación de una nueva Constitución. Esos procesos de transición que se dan entre constituciones que son complejos y muy desafiantes para la institucionalidad.
- ¿Qué desafíos deberá enfrentar quien gane la presidencial este 2021?
- Le va a tocar un país -esperemos-, saliendo de una crisis económica con grandes desafíos en temas de política social. Este año hemos visto muy patentemente que en muchos aspectos se necesitan reformular las políticas sociales. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué le podemos exigir? Ojalá que 2021 sea un año en que la elección presidencial nos traiga muchas ideas en torno a este asunto.
- Desde el plebiscito hasta ahora, algunos sectores, como el PC, han intentado abrir un debate sobre el quórum. ¿Se volverá a abrir la discusión en torno a este asunto?
- Esas voces que surgen son muy minoritarias y más bien lo que hay es un compromiso de la mayoría con el itinerario constituyente. Pero resulta probable que en la medida que se empiece a acordar el reglamento de la convención, estas mismas voces vayan a tratar de proponer cuestiones que son contrarias al acuerdo.
- Usted ha escrito mucho sobre los escaños reservados para los pueblos indígenas. ¿Quedó conforme con la fórmula?
- Que tengamos escaños indígenas es una muy buena noticia. No era fácil. Dicho eso, hay que destacar que fue una discusión que duró un año, lo que demuestra es que, si bien hubo un acuerdo, me cuesta ver que se trate de un tema preponderante para todo el espectro político. Los escaños reservados podrían haberse resuelto mucho antes de manera de evitar tener lo que estamos viendo: reasignación de la cantidad de convencionales por distrito a pocos días de inscripción de las candidaturas, con los efectos que eso tiene en términos de representación.
- ¿Ayudará a darle una salida institucional al conflicto mapuche y resolver su exclusión política?
- Por supuesto que la Constitución importa mucho para la discusión de los pueblos indígenas. Ha sido una demanda y una propuesta de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, todos. Una promesa incumplida. Ahora ¿basta con las disposiciones constitucionales? Yo creo que no. Los temas indígenas exigen abordarlos de una manera mucho más sistémica de lo que estamos acostumbrados.
- ¿Qué se juega Chile en este 2021?
- Esto remite a otra pregunta: ¿cuál es el problema que viene a solucionar una nueva Constitución? Yo pienso que la nueva Constitución deberá resolver cómo tenemos una mejor política. Nos está costando cada vez más ponernos de acuerdo. Un asunto central, por lo tanto, es cómo tener instituciones y reglas que lo que permitan sea una mejor deliberación política. Lo estoy diciendo en el sentido amplio: pasa por pensar en el régimen político, en cuál es la relación entre el Congreso y el presidente de la República, pero también en cuál es la relación entre el Estado central y los gobiernos locales y municipales, por ejemplo. El futuro probablemente nos va a traer desafíos mucho más exigentes.
- ¿Cuesta llegar a acuerdos?
- Tenemos una deliberación política a la que le cuesta alcanzar acuerdos en temas difíciles. Un ejemplo: pensiones, la reforma a las isapres... Como nos cuesta alcanzar esas reformas que son muy necesarias, las dejamos arrastrar, arrastrar para que se solucionen por otras vías.
- ¿Qué sistema de gobierno ayudaría a una mejor deliberación política?
- El mejor modelo es pasar derechamente a un parlamentarismo. Dicho eso, pienso que para Chile es poco factible y vamos a terminar con un presidencialismo no como el actual, sino con ajustes. Prefiero esa alternativa antes que transitar hacia un régimen híbrido, como es el semipresidencial.
- ¿Darle más atribuciones a un Congreso impopular?
- Es la discusión del huevo o la gallina. El Congreso funciona más o menos -algunas personas dirán mal, algunas personas dirán pésimo-, pero funciona de esta manera porque no tiene las reglas y los incentivos para hacerlo mejor. Si continuamos ahogando al Congreso, que es el lugar donde se tiene que producir la deliberación política, porque es el único lugar en que todos y todas podemos estar representados y acceder con las mismas reglas del juego, entonces ¿qué valor le asignamos? ¿Le asignamos un valor de buzón? Yo creo que no. ¿Le asignamos un valor que pueda tener más injerencia? Yo creo que sí.
- ¿Qué otras reformas al Estado le parecen fundamentales?
- La separación a nivel constitucional de la política de la administración. Es necesario establecer la diferencia entre el gobierno de turno y la administración permanente. Solo de esa manera vamos a tener una verdadera carrera funcionaria o un servicio civil fuerte. Un segundo asunto: las demandas y las necesidades son mucho más multisectoriales. Un Estado debiera funcionar con una lógica mucho más coordinada y flexible, porque, de lo contrario, forzamos a la persona a adaptarse al Estado, a tener que ir de servicio en servicio, de papel en papel. Es una lógica que hacia el futuro no debiera existir.
- ¿Está por incluir más órganos en la Constitución?
- Hay una idea de que mientras se logre tener una autonomía constitucional podemos resolver problemas que arrastramos. Yo creo que no, que no pasa por incluir más órganos en la Constitución. Podemos llenarnos de órganos que tienen una mención constitucional, pero que luego no tienen el efecto esperado. Hay que dejar un espacio importante en materia de modernización del Estado a la ley y a la gestión. La autonomía constitucional lo que hace es que te retrae del control democrático por una parte y, por otra, dificulta la coordinación.
- ¿Qué pasaría en Chile si hay un Estado social?
- La discusión de los derechos sociales va a ser uno de los ejes centrales de la constituyente. ¿Qué derechos sociales deberían consagrarse? Y, ¿cómo deberían consagrarse? Tiene mucho que ver con la exigibilidad. Si pueden o no ser exigibles ante los tribunales de Justicia y de qué manera. Yo soy partidaria de dejarlos como objetivo de la política más que exigibles ante los tribunales, por todas las dificultades que acarrea esto último. Los derechos que se incluyan deben pensarse de manera mucho más sistémica.
- ¿Este 2021 está en juego la refundación del país?
- Por supuesto que una nueva Constitución es un momento como de página en blanco. Podemos cambiar el régimen político quizás de una manera que nunca lo habíamos pensado. Pero también yo lo miraría con un halo mucho más optimista, con más esperanza: muchas veces lo que hemos podido hacer son ajustes en el margen a ciertas instituciones o funcionamiento de ciertos aspectos y quizás es momento -ojalá-, de hacer transformaciones de una manera mucho más sistémica. Por otra parte, la tradición constitucional chilena es muy importante en ciertos aspectos. No digo que hay cosas que no se pueden cambiar, por supuesto que no, pero podemos aprender de lo que hemos vivido.
- Ya vemos muchos posibles candidatos a la presidencial. ¿Cuál es el suyo?
- No tengo candidato. Falta mucho, no hay que adelantarse.
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