En el Servicio de Impuestos Internos (SII) sabían que la puesta en marcha de la plataforma para acceder al Bono de Clase Media, de $ 500 mil para quienes percibieran ingresos promedio entre $ 400 mil y $ 2 millones en 2019 y registraran caídas de sus ingresos de al menos 30% en julio, sería un desafío.
Implementar un mecanismo de autodeclaración no era una tarea ajena para el organismo liderado por Fernando Barraza, ya que seguía un patrón similar a la declaración anual de impuestos, donde la persona entrega datos que, a posteriori, son ratificados o desestimados por el servicio.
Sin embargo, esta ocasión era distinta por dos razones: primero, por el poco tiempo en que se impulsó el proceso; y segundo, porque -a diferencia de la Operación Renta, en la que el SII entrega una declaración pre llenada y el contribuyente la confirma o complementa-, en este caso el sistema dependía de la buena fe al ingresar los datos, ya que las rentas percibidas en julio tienen un desfase de información de alrededor de dos meses. O sea, el SII recién en septiembre accedería a esa información para cotejarla con la declarada.
Es por ello que en el organismo y el Ministerio de Hacienda sabían que una proporción importante de contribuyentes accederían sin cumplir a cabalidad las condiciones. Para ello, la Ley que creó el instrumento establecía con claridad que habría un proceso posterior de chequeo de antecedentes para darle la posibilidad a los beneficiarios de rectificar y devolver el monto. Incluso, al realizar la postulación se advertía de aquello. Sin embargo, la magnitud los sorprendió.
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“Nunca pensamos que más de 400 mil personas accederían sin cumplir los beneficios. Hay varios que se aprovecharon”, señalan altas fuentes involucradas en el proceso.
Múltiples fuentes
El proceso de pago y revisión de los antecedentes de parte del SII se realizó en tiempo récord, ya que recién hacia fines de septiembre pudo disponer de los datos para cotejar los antecedentes recibidos con la información efectiva de remuneraciones.
Para ello, el SII procesó y cruzó información proveniente de la Superintendencia de Pensiones y BancoEstado (para determinar sueldos tributables y percibidos), Suseso (trabajadores con licencias médicas en julio), AFC (trabajadores suspendidos o cesantes), Contraloría (nómina de funcionarios públicos) y Tesorería (bonos devueltos).
De esta forma, el SII realizó un análisis exhaustivo en tiempo récord y comenzó a construir el informe de verificación, que dio como resultado a 437 mil personas que cobraron el bono sin acreditar una caída de ingresos de al menos 30%, de los cuales 37 mil son funcionarios públicos.
El 25 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, envió un oficio ordinario (N° 2148) a Barraza consultándole sobre los resultados del proceso, comunicación que recibió respuesta fechada el martes 29 de septiembre.
La preocupación de La Moneda
Al recibir la información, la primera reacción de Briones fue de sorpresa. Así se lo comunicó a su gabinete y a sus asesores más cercanos como el subsecretario Francisco Moreno y el director de Presupuestos, Matías Acevedo.
Tras ello, contactó directamente al presidente de la República, Sebastián Piñera, a quien detalló la situación y explicó que el SII daría a conocer durante la mañana del viernes la información.
Según conocedores de la conversación, Piñera le solicitó que hiciera “todo lo posible” por recuperar el dinero de los bonos obtenidos de forma indebida, pero también le encomendó perseguir las eventuales responsabilidades de los involucrados para dar una señal a la opinión pública de que “no queda impune intentar defraudar al Estado”, sobre todo en medio de una pandemia.
En la misma jornada, el ministro se comunicó telefónicamente con el contralor general, Jorge Bermúdez, y con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para dar cuenta de los hechos y las medidas para recuperar los fondos.
Bermúdez le transmitió que era muy complejo operativamente realizar los 37 mil sumarios a los funcionarios públicos involucrados, y le habría sugerido que sean los servicios los que realicen esa acción para, a posteriori, que el ente fiscalizador tome razón de las eventuales sanciones. Mientras que con Abbott la conversación se enfocó en las sanciones penales que podría afectar a los involucrados.
Ayer, de hecho, la Fiscalía formalizó el inicio de una investigación penal, que estará a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer.
Los próximos pasos
Desde el servicio se enfatiza que no se ha hablado de “fraude” ni de “malversación” de fondos públicos, sino más bien de “diferencias” en los ingresos declarados, ya que existe la posibilidad de que existan algunos trabajadores que simplemente se hayan equivocado en su postulación.
Por lo mismo, el viernes el organismo empezó a notificar con alertas desplegadas en la web del SII del inicio del proceso de reintegro de los montos, el que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que no implicará ni reajustes, multas ni intereses para quienes devuelvan el dinero.
El sábado, el SII envió un correo a los miles de involucrados, mensaje que tuvo una tasa de apertura superior al 75%, más del doble que una comunicación normal del servicio, lo que da cuenta del alto interés por regularizar. Muestra de ello es que la a fecha 15 mil personas han restituido los montos, mientras que otros 5 mil han consultado por su situación.
En la entidad recalcan que el proceso replicará el nuevo modelo de cumplimiento tributario. Primero, se contacta al contribuyente para informarle su situación, entregándole la posibilidad de restituir el bono sin reajustes, multas o intereses, o entregar los antecedentes que demuestren que sí cumple los requisitos legales. Luego, si no hay respuesta o el involucrado insiste en la falta sin respaldar la información, se transita hacia un proceso más complejo, que implica distintas acciones de tratamiento y -eventualmente- denuncias o querellas. Eso sí, en el SII recalcan que la acción penal se utilizará como último recurso.
Tanto en el servicio como en Hacienda apuntan a recuperar parte importante de los US$ 256 millones involucrados en la primera etapa, mientras que en los procesos de fiscalización se lograría recuperar la totalidad de los fondos.
Las sanciones que arriesgan los funcionarios públicos
Los abogados Luis Cordero y Carlos Gutiérrez analizan lo sucedido y las normas que rigen al personal del Estado, pero también qué pasará con los particulares que habrían obtenido el bono de un modo indebido.
Por Rodolfo Carrasco
Si bien los trabajadores del sector público -así como los privados- tienen hasta el 30 de noviembre para devolver los dineros obtenidos de forma indebida, en paralelo ya se iniciaron sumarios en diversos organismos públicos. ¿Qué sanciones arriesgan? Atendiendo la legislación que los rige a los primeros, existe el riesgo de incurrir en "responsabilidades disciplinarias", explica el abogado Luis Cordero, si hicieron una declaración jurada de disminución de ingresos que objetivamente no tienen.
Como referencia, precisa el doctor en derecho administrativo de la U. de Chile, entendiendo que la jurisprudencia de la Contraloría obliga a la restitución de beneficios mal percibidos u otorgados a funcionarios del aparato estatal.
Ellos, dice Cordero, tienen una obligación adicional de hacer prevalecer el interés general por sobre el particular. "De hecho, los sumarios que se van a abrir serán para ver si deliberadamente engañaron al sistema. Pueden acreditar que fue un error o considerar una falta grave a la probidad", advierte.
Además, sean de planta, contrata u honorarios "el estatuto administrativo les impone tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Implica que si usted afecta ese desempeño social puede ser sancionado, aun cuando sea una actividad privada".
Fraude de subvenciones
Más allá de la falta o sanción que se aplique en función de la calificación que realice cada servicio, el socio de Canales Parga Abogados Laborales, Carlos Gutiérrez, explica que también existe un delito para el caso en que cualquier persona obtenga subvenciones con dolo, denominado Fraude de Subvenciones, el cual se encuentra contenido en el artículo 470 N°8 del Código Penal.
Así, aclara, las declaraciones juradas con eventual información falsa, "pueden ser consideradas graves y también podría configurar otro tipo penal".
En todo caso, considera que "el hecho de una posible devolución del dinero puede restarle gravedad al asunto".
En el caso del mundo privado, sostiene que las sanciones "dependerán de sus funciones y las obligaciones pactadas".
A su juicio, en el Código del Trabajo el estándar sobre el comportamiento del trabajador es "menor" que el de funcionarios públicos y, por esa razón -agrega-, "el falseo de la información o aprovechamiento de subsidios de acuerdo con las causales que establece el artículo 160 del Código del Trabajo, deben ser en principio, en el desempeño de sus funciones. El artículo 160 N°1 letra A requiere, por ejemplo, que la falta de probidad sea en el desempeño de las funciones del trabajador. Lo cual, aparta la responsabilidad del trabajador por una conducta de estas características y una eventual causal de terminación del contrato".
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