Los otros casos en Chile donde han surgido dudas sobre los beneficiarios

Aunque generó sorpresa y más de alguna molestia en la ciudadanía que más de 400 mil personas hicieran eventualmente mal uso de un beneficio fiscal, no es la primera vez que ocurre.

Una revisión sobre el tema se traduce en un listado de casos en que se habría tratado de sacar provecho de beneficios que entrega el Estado, sin cumplir los requisitos para ello, despertando debate en la población y más de algún cambio en la institucionalidad.

Ha ocurrido en diversos ministerios o servicios dependientes. Una de las situaciones más emblemáticas es el que conoce como de falsos exonerados políticos, que hasta la fecha era el que involucraba más denuncias.

De su existencia se comenzó a hablar públicamente desde el año 2008, pero solo en 2010, al inicio del primer Gobierno de Sebastián Piñera, el Ejecutivo presentó una denuncia en contra de quienes resulten responsables por el delito de documentación falsa, porque los supuestos infractores habrían falseado información para acceder a los beneficios que le otorga la Ley 19.234 (modificada en dos ocasiones).

Si bien al inicio se hablaba informalmente de cientos de personas, finalmente se investigó a 6.452, aunque sólo unas pocas fueron sancionadas, con penas que iban desde 41 días de pena remitida hasta tres años y un día de libertad vigilada, con una multa de 2 UT mensuales, que corría para todos los casos.

Franquicia bajo presión

Otro de los servicios que se ha visto afectado en varias ocasiones en el Servicio Nacional de Capacitación (Sence). Al menos desde el año 2003 existen denuncias sobre mal uso de la franquicia tributaria en que se basa el sistema y que consiste en la posibilidad de descontar del impuesto a la renta a pagar anual hasta 1% de la planilla anual de remuneraciones de los trabajadores contratados, por concepto de gastos en capacitación.

En esa época se denunció que algunas empresas relacionadas con la gran minería, exigían a los postulantes a un trabajo tener aprobados cursos que se debían hecho dentro de la empresa y destinaban a otros usos los recursos que recibían a través de la franquicia. Incluso en 2012 se apuntó a ejecutivos de algunas compañías que habrían realizado viajes con cargo al beneficio, lo que obligó al Ministerio del Trabajo a fiscalizar y una comisión de la cartera determinó la modernización del sistema.

De hecho, en junio de 2019 el Sence presentó una denuncia penal contra todos quienes resultaran responsables por el eventual desvío de fondos de capacitación para otros fines.

“Te caché”

Las casas fiscales también han sido motivo de abusos de parte de algunos beneficiarios que venden o arriendan los inmuebles, a pesar de que la ley se los impide. Esto se estaba comenzando a repetir con tanta frecuencia, que el Ministerio de Vivienda decidió intentar ponerle freno a través del programa “Te caché”, que invita a los propios vecinos a denunciar estos hechos.

La intención es que la política de facilitar el acceso a estas viviendas llegue a las personas que realmente las necesitan.