Nicolás Cataldo en modo Subdere: descentralización, activar licitaciones desiertas y cambios a política de zonas extremas

Esta semana Nicolás Cataldo cumple 60 días como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere). Un cargo al que el profesor de Historia de la Universidad de Valparaíso y militante del Partido Comunista llegó después de su fallido arribo a la subsecretaría del Interior y desde el cual se ha puesto al día con la misión encomendada por el Presidente Gabriel Boric de entregar mayor autonomía a las autoridades regionales y comunales de forma de materializar la prometida descentralización.    

Con sede en La Moneda, no es misterio que la Subdere es una de las reparticiones preferidas por los partidos políticos para que sea conducida por uno de sus militantes, no solo por su trabajo cercano con los alcaldes, sino que por la posibilidad de entrega directa de recursos a los municipios para enfrentar diversos problemas.

A fin de año o principios de 2023 se espera tener definido si se presentarán indicaciones a un proyecto en curso o ingresará un texto nuevo sobre rentas regionales.

Hasta la llegada del especialista en diseño de políticas públicas y tramitación legislativa -fue también jefe de gabinete en 2014 de la entonces diputada Camila Vallejo-, la repartición era liderada por Miguel Crispi (Revolución Democrática), quien pasó a ser jefe de asesores en el segundo piso.

Una vez ya instalado, Cataldo mantuvo a gran parte del equipo en la Subdere y, de hecho, solo sumó a su jefe de gabinete, Eric Olivares, y a la jefa de asesores, Andrea Encalada, con quienes trabajaba en la subsecretaría de Educación desde marzo de 2022.

Su agenda contabiliza reuniones con cerca de 70 alcaldes, según señalan en su entorno y ya ha realizado giras a la Región de Magallanes y de Los Ríos.

Su prioridad, dicen desde el equipo del subsecretario, es ayudar a los alcaldes en momentos complejos en materia económica y, por eso, consideran fundamental que se apruebe el alza de 6,2% real del presupuesto municipal para 2023.

Los recursos para los proyectos de mejoramiento urbano (PMU) duplicaron el monto máximo de financiamiento al pasar de $ 75 millones a $ 152 millones (2.500 UTM), dando la posibilidad al desarrollo de proyectos de mayor envergadura.

Actualmente, las iniciativas de inversión PMU no requieren para su ejecución de la aprobación por parte del Sistema Nacional de Inversiones (RS). Sin embargo, explican desde la Subdere dado el contexto inflacionario, donde los materiales de construcción han subido más de un 35%, acompañados del aumento del salario mínimo y el costo de la mano de obra, es que existe mucha dificultad en la adjudicación de licitaciones por el monto actual. 

Esta modificación busca permitir suplementar a los proyectos que resienten reiteradas licitaciones desiertas para buscar su ejecución siempre manteniendo las restricciones en que el suplemento no puede superar el 30% del monto inicial del proyecto ni el monto máximo de asignación permitida.

Probidad y zonas extremas

Otra prioridad es seguir implementando la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y mejorar el financiamiento para municipios de comunas mineras, donde ha participado en reuniones con Hacienda que dieron origen a las indicaciones presentadas al proyecto de royalty actualmente en discusión.

Para fin de año y principios de 2023 se está definiendo si se presentará indicaciones a un proyecto en curso o ingresará un texto nuevo a la normativa de rentas regionales y municipales; y se lanzará próximamente un Sistema de Asistencia Técnica Especializada (SETA) a municipios para levantar 2 mil proyectos en un año en 177 municipios.

Esta agenda de trabajo de la subsecretaría incluye el anteproyecto de probidad en la función municipal; y una reformulación a la política de zonas extremas y de rezago. Esta última medida sería mediante un cambio administrativo, debido a que no se requiere ley. La idea es modernizar esta modalidad y ajustarla a los tiempos actuales donde se estudian diversas medidas.   

En la actualidad, las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes, además de las provincias de Chiloé y Palena, cuentan con una serie de beneficios tributarios por inversiones, así como de bonificación a la mano de obra.