Gobierno recurre a plazos definidos para acelerar la aprobación de la inversión pública

Con el fin de hacer que el proceso de inversión pública sea más rápido y eficiente es que los ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia decidieron reducir los tiempos de tramitación del Sistema Nacional de Inversiones (SNI).

En el marco de la actualización de las llamadas Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP) para el proceso de inversión pública, en enero se envió un oficio a todo el sector público para informar sobre los nuevos mecanismos que fijan plazos para las diferentes etapas del proceso.

Una de las principales modificaciones implica reducir los tiempos que tienen las contrapartes para la tramitación de los proyectos de inversión, relacionados con la evaluación de iniciativas, su asignación de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) -que depende de Hacienda- y su reevaluación.

“Como parte de los impactos esperados está mejorar la gestión de la inversión, así como generar mayor inversión, puesto que al reducirse los plazos, es posible gestionar un mayor número de iniciativas por año, propiciando una mejor y más efectiva ejecución presupuestaria”, destaca el subsecretario (s) de Evaluación Social, Matías Cociña.

Nuevos máximos

Durante el proceso de inversión pública es el Ministerio de Desarrollo Social -por medio de su División de Evaluación Social de Inversiones- el encargado de supervisar las iniciativas que plantean las diferentes instituciones.

En este marco, se ejecutan las etapas de análisis de admisibilidad de los proyectos y de Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) para que obtengan la recomendación satisfactoria (RS) y, luego, pueda solicitar identificación de recursos a la Dipres.

Durante su evaluación de RATE, estas pueden ser desaprobadas por falta de información u objetadas técnicamente, por lo que la institución debe responder a las observaciones y volver a su análisis hasta lograr la calificación RS, lo que se conoce como iteración.

¿Qué cambiará? Previamente, las instituciones podían presentar un número de iteraciones indefinidas, pero con la nueva normativa estas podrán ser hasta cuatro.

En el contexto anterior, solo la División de Evaluación Social tenía tiempos determinados de hasta 10 días hábiles para entregar una calificación de RATE y no existían plazos para las instituciones. Ahora se delinea un máximo de hasta 60 días hábiles para que las instituciones puedan responder a las observaciones. De no cumplir con los días establecidos, las iniciativas volverán a la primera etapa de admisibilidad de proyectos.

Una vez obtenida la RS, también se le dio plazo máximo a la Dipres para que resuelva la identificación de recursos en 20 días hábiles.

Estas medidas, explica la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, son parte del compromiso para reforzar la inversión pública adquirido durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2023. “En este oficio en particular, se actualizan las instrucciones y los procedimientos de las NIP, a fin de reducir los tiempos de tramitación, manteniendo la rigurosidad técnica de la evaluación social”, menciona.

Iniciativas de arrastre y reevaluación

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) también considera las iniciativas de arrastre y de reevaluación.

Las primeras son aquellas que ya pasaron por el análisis técnico económico y obtuvieron el visto bueno de RS, pero deben renovar esta autorización. De acuerdo a la nueva normativa, para optar a la aprobación automática será necesario que ingresen toda la información presupuestaria del año anterior.

En el caso de las iniciativas de reevaluación, que son aquellas que también fueron aprobadas con RS, pero deben volver a ser sometidas a evaluación debido a un cambio en las condiciones, ahora tendrán como máximo de 15 días hábiles previos al cierre de modificación presupuestaria de la Dipres para ingresar análisis técnico.

El SNI tendrá 15 días hábiles para resolver la primera iteración y 10 días para la siguiente, en cambio las instituciones tienen 15 días -acortados de 30- para responder a las observaciones.

También podrán optar a reevaluación bajo nuevas causales de liquidación de contratos; ingreso de una asignación no considerada en la solicitud de financiamiento; e iniciativas que superen los 60 meses de programación.

Además, el primer semestre de este año se presentará un instructivo para proyectos de Conservación de Infraestructura Pública para que la División de Evaluación Social de Inversiones tenga la facultad de su evaluación y un plazo de admisibilidad de 10 días hábiles.