Empresarios valoran cambios a permisos, pero ven con preocupación las mayores atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente

Con un optimismo incipiente ven al interior del mundo empresarial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la cual contempla la creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial y una reforma a la entrega y plazos de los permisos distintos a los ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas.

Y es que si bien los gremios empresariales aún no conocen el articulado del proyecto, hasta el momento destacan que la propuesta legislativa iría en la dirección correcta.

La primera en plantear una primera lectura fue la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien incluso dio un discurso en el acto en La Moneda en que se anunció la iniciativa.

“Valoramos que el Presidente haya tomado el desafío de resolver los nudos que enfrentan los proyectos de inversión encargando el diseño de dos proyectos de ley que buscarán resolver la burocracia asociada a los permisos”, dijo la líder de los industriales.

Con relación al contenido de la reforma, y sincerando que no conoce el detalle particular de las propuestas, Navarro sostuvo que en el proyecto de reforma a la ley 19.300 (Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente) “vemos avances concretos en el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su rol de coordinador del sistema”, comenzó destacando.

También destacó los avances relacionados a la precisión de contenidos mínimos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA); la limitación a la exigencia de consultas de pertinencia por organismos sectoriales; el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA); y la ampliación de la tramitación acelerada para aquellos proyectos que ingresaron vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “y son de necesidad pública impostergable, junto con su equivalente para proyectos o actividades que hayan sido planificados mediante un instrumento sometido a Evaluación Ambiental Estratégica”.

Navarro sinceró que hay otros aspectos que le generan preocupación. “Aún vemos con preocupación varios aspectos del proyecto en materia de participación y de mayores atribuciones que se le entregan al Ministerio de Medio Ambiente en desmedro de avanzar hacia una visión más integral que pueda incluir también a otras autoridades”, sostuvo.

En esa línea, la dirigenta gremial agregó que los proyectos tienen que nutrirse “con la mirada de las comunidades que realmente son vecinos o serán afectados por las iniciativas en discusión”, dijo, agregando que “lo que definitivamente no es razonable es dejar un proceso abierto donde participen grupos que no tienen ninguna relación con el proyecto o que durante el avance de la iniciativa aparezcan nuevas inquietudes que no fueron levantadas al principio del proceso de participación, porque terminan afectando la certeza jurídica y la velocidad con la que avanza la inversión en Chile”, planteó.

Con relación a los permisos sectoriales, la líder de los industriales valoró que se establezca un procedimiento que permita reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas del titular del proyecto, u otras técnicas, en razón del riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto, un cambio que, a su juicio “permite agilizar los plazos de tramitación”.

También destacó que se establezca a la plataforma Super como la ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales y para la presentación de declaraciones juradas y avisos por parte de titulares. “Otro elemento destacable es la creación de un órgano público que tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las normas de tramitación y liderar y guiar a los servicios en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales”, dijo Navarro.

La reacción de los pares

Al interior de otros gremios empresariales también hubo una positiva primera evaluación de la reforma.

“Nosotros esperamos que este proyecto de ley haga mucho énfasis no solo en reducir la cantidad de permisos, sino también en que se respeten los plazos, alguien los tiene que hacer cumplir”, sostuvo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña. 

Desde su perspectiva la propuesta, además de reducir la burocracia involucrada en estos procesos, debe implementar sanciones efectivas cuando alguna de las partes involucrada no respete lo establecido. “Esto es para ambos lados, si las personas, los empresarios o los inversionistas no cumplen con lo prometido tienen que caer sanciones importantes; si los funcionarios no cumplen con los plazos, tienen que caer sanciones”, dijo, destacando al mismo tiempo que se avance en, por ejemplo, la implementación de declaraciones juradas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, destacó que la iniciativa “constituye un aporte a la agenda pro crecimiento. Creemos que estas medidas permitirán reducir los tiempos y costos asociados a la materialización de nuevos proyectos y así reactivar la inversión, junto con poner foco en resolver un problema que se ha constituido como un dolor de cabeza para las Pymes que buscan concretar nuevas iniciativas”.

Para él, la presentación de este proyecto “es una tremenda oportunidad que tenemos para avanzar, pero entendemos que la discusión ahora debe darse en el Parlamento. Nosotros como sector privado hemos aportado entregando argumentos técnicos a esta discusión para robustecer esta iniciativa. Sabemos que también es una tremenda oportunidad para las Pymes, ya que, junto con avanzar en los tiempos de respuesta, contribuirá a disminuir la incertidumbre de quienes buscan invertir en nuestros sectores”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, calificó como una "muy buena noticia" el paquete de medidas, anticipando que ayudarán a mejorar la productividad de la economía.

"Ya tenemos un diagnóstico claro respecto del impacto en la excesiva demora en la tramitación de permisos, algunos relevantes, pero carentes de una sistematización que impide un mayor crecimiento de la economía, la inversión, la creación de empleos. Llamamos a todos los sectores políticos para que este proyecto tenga un apoyo transversal de manera de tramitarlo con la máxima celeridad para que sea una realidad en el menor tiempo posible”, planteó.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, calificó como positivos los anuncios del Ejecutivo, los cuales dijo apuntan a "reducir incertezas, plazos y espacios de discrecionalidad en la tramitación de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, especialmente para la industria minera, sector productivo expuesto a una gran cantidad de regulaciones”.  

“Tenemos que estudiar los anuncios con profundidad, pero desde ya valoramos que la autoridad se haya sensibilizado de la importancia que tiene abordar estos temas prontamente. De la misma forma, esperamos que el Congreso pueda avanzar rápidamente en su aprobación, otorgando al mismo tiempo las facilidades para proponer y conversar posibles mejoras", complementó el timonel de la minería.