Como el atentado más violento en los últimos años ha sido calificado lo ocurrido la madrugada de este domingo en Quilaco, en la Región del Biobío, cuando desconocidos realizaron un ataque incendiario en contra del proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, de Rucalhue Energía SpA, propiedad del conglomerado China International Water & Electric Corp (CWE), firma con seis décadas de experiencia en proyectos energéticos en más de 32 países.
La iniciativa involucra US$ 350 millones y ha debido enfrentar oposición por parte de organizaciones ambientales y comunidades indígenas. Obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en abril de 2016 y hoy está en plena construcción, con un avance del 20%.
“Es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de esto. Esto es un atentado a la forma en que se desarrollan los proyectos en nuestro país”, dice Rucalhue Energía.
Consultado por cuánto se atrasará la construcción de la central en este nuevo escenario, el gerente legal de Rucalhue Energía, Diego Vio, sincera a DF que evaluarán los daños y las medidas que hay que tomar.
“Recién hoy hemos podido ingresar al área del proyecto. Esperamos que, en el transcurso de la semana, tener una mayor claridad respecto a los plazos y las condiciones de seguridad para retomar nuestras operaciones en el área afectada. Una vez que contemos con esta información, podremos evaluar el impacto que este cierre temporal ha tenido en nuestros planes y ajustar nuestros cronogramas para cumplir con nuestros compromisos”, sostuvo.

Hasta este lunes, se contabilizaban 51 vehículos quemados, 47 camiones, una motoniveladora, dos retroexcavadoras y un camión aljibe de combustible. “Las pérdidas ascienden efectivamente a varios millones de dólares, solo en términos de los camiones hay que considerar pérdidas en promedio del orden de los US$ 150.000 por cada camión”, aseguró Vio.
Según consignó El Mercurio, la Embajada de China condenó el hecho y exigió al Gobierno “una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”.
Pero Vio pone paños fríos: “Este es el primer proyecto de la compañía en Chile, y mantenemos la confianza y la convicción de que es un buen proyecto viable y aprobado por el Estado de Chile. Es un proyecto que ha confiado en la institucionalidad chilena, a pesar de las dificultades que ha tenido”.
Aunque reconoció: “Nuestra convicción no ha cambiado, pero sin duda que este acto remece un poco la confianza y debería llamar a la reflexión a todos, de cómo se están haciendo las cosas en Chile, y cómo la institucionalidad es capaz de enfrentar este tipo de temas”.
Respecto a cuánto invertirán ahora en mayor seguridad, Vio es enfático: “Nuestra impresión es que lo que vivimos en horas de ayer es un atentado contra la institucionalidad del Estado de Chile y es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de esto. Esto es un atentado a la forma en que se desarrollan los proyectos en nuestro país”.
Por esa inquietud se reunieron, por aproximadamente una hora estuvieron, este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y representantes de Rucalhue Energía.
Trascendió que los inversionistas chinos pidieron seguridad permanente en la obra. Cordero les manifestó que es evidente que el proyecto no se debe detener y que el Gobierno está evaluando con Carabineros el resguardo continuado.
Hacienda y Cancillería
Sobre el tema también se refirieron los titulares de Hacienda y Relaciones Exteriores. El canciller Alberto van Klaveren sostuvo que “hay coincidencia en la apreciación de la gravedad de lo ocurrido entre el gobierno nuestro y la embajada de China. Recogemos la preocupación por la gravedad de lo que sucedió y, por cierto, desde el momento en que el Gobierno ha calificado esta acción como terrorista se están utilizando todos los elementos a nuestro alcance para lograr un esclarecimiento de los hechos”.
El ministro Mario Marcel señaló que “lo más importante es que los inversionistas sean de China o de otro país, que están desarrollando proyectos importantes para Chile, tengan la tranquilidad de tener la protección necesaria frente a este tipo de ataques, se tomará esta experiencia para ver qué es necesario fortalecer y cómo planificar de mejor manera la protección a proyectos de inversión”.
El titular de Hacienda llamó a aprobar el proyecto sobre infraestructura crítica que tramita el Congreso. “Justamente centrales eléctricas y de agua potable, telefonía responden a este concepto y si tuviéramos esa legislación en aplicación podríamos movilizar no solo a las policías, sino que también a las FFAA y no solo en territorios que están en zona de estado de emergencia, sino que en todo el país”, enfatizó.
Un punto clave que está cada vez más latente es cómo las empresas enfrentan la incesante inseguridad y qué ocurre cuando se ataca una zona estratégica para el sector eléctrico.
Y es que en la Región del Biobío están operando más de 5.000 MW. Entre las iniciativas más relevantes en cuanto a capacidad instalada están las hidroeléctricas Ralco (690 MW), Pangue (467 MW) y El Toro (444 MW) de Enel. Le sigue la termoeléctrica Santa María de Colbún (374 MW) y la hidroeléctrica Antuco (329 MW) de Enel.