El senador Hernán Larraín (UDI) y el diputado Rosauro
Martínez (RN) si bien valoraron las actuaciones del Ejecutivo para enfrentar la
situación que afecta al sector triguero señalaron que el problema que enfrentan
los agricultores es urgente y requiere de una intervención en el mercado para
estabilizar el precio del trigo.
"El pago que están recibiendo los productores de trigo de parte de los
molineros significa una pérdida por hectárea superior a los $ 200.000",
así lo afirmaron los presidentes de las Comisiones de Agricultura del Senado y la Cámara de Diputados, el
senador Hernán Larraín y Rosauro Martínez, respectivamente.
Los legisladores recalcaron que "la diferencia entre el precio
internacional o de internación del cereal es muy significativa en relación a lo
que se les está pagando a los trigueros, tal como lo acreditan las propias
cifras del Ministerio de Agricultura".
Por ello, explicaron que "es indispensable la intervención de la
empresa Comercializadora de Trigo (Cotrisa), (una sociedad anónima cerrada
creada por CORFO, donde el Fisco tiene el 97,24% de propiedad accionaria) para
estabilizar el mercado del trigo y los cereales".
Agregaron que "esta entidad debe intervenir como poder comprador cada
vez que hay alteraciones del mercado. No hacerlo refleja que no existe voluntad
política de las autoridades, cuestión que se traduce en un grave perjuicio
económico para miles de productores".
Recordaron que "la situación que afecta al sector triguero del país ha
sido motivo de análisis y discusión de las Comisiones de Agricultura del
Congreso. En ellas se han escuchado las opiniones de los diferentes sectores
involucrados, campesinos, productores agrícolas, dirigentes gremiales,
representantes del sector molinero y panificador, junto a la Ministra de Agricultura,
Marigen Hornkhol y sus equipos asesores, además de los representantes de Cotrisa".
Los presidentes de las Comisiones de Agricultura valoraron las actuaciones
que ha tenido el Gobierno en el último tiempo y que permiten enfrentar mejor
este dilema, a través del establecimiento de medidas antidumping por parte de la Comisión de Distorsiones,
así como el poner en conocimiento del Fiscal Nacional Económico los
antecedentes en este ámbito para investigar denuncias de posible colusión de
los poderes compradores.
Sin embargo, consideraron que "esas medidas son todavía insuficientes
para resolver con oportunidad el grave problema que afecta a los productores de
trigo".
Por lo anterior, apoyaron "las demandas de la agricultura campesina y
de los pequeños y medianos productores que, unidos, han solicitado la
intervención oficial a través de los instrumentos legales disponibles".