Incertidumbre es la sensación que se ha experimentado en las últimas semanas respecto al futuro de la reforma previsional. Para lograr un acuerdo con la oposición y así avanzar en la tramitación de la iniciativa, parlamentarios de ChileVamos han planteado diversas propuestas.
A continuación, la integrante del Consejo Consultivo Previsional, Cecilia Cifuentes; y el exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, evalúan las medidas.
Nueva distribución del 6%
Una de las ideas que se mantiene sobre la mesa, es dividir la cotización adicional del 6%, en tres partes iguales: 2% a cuentas individuales, 2% a un seguro de longevidad y un 2% a reparto o pensión universal.
Cecilia Cifuentes sostiene que esta alternativa, es mucho mejor que destinar seis puntos a cuentas nocionales (como plantea la oposición), ya que finalmente se trata de seis puntos a reparto. Por otro lado, indica que si se busca crear un componente de reparto para mejorar pensiones de la clase media, “es mejor financiarlo con impuestos generales, y en eso puede ayudar la comisión tributaria que se crearía, para buscar un mix de impuestos lo menos distorsionador posible”.
Gallegos, por su parte, advierte que no habría solidaridad intra o intergeneracional. “Nada para contrarrestar la inequidad de género ni para atender las insuficiencias del sistema”.
Por este motivo, manifiesta que ve difícil que tal distribución logre viabilidad política.
Seguro de longevidad
La experta explica que, por definición, una renta vitalicia cubre el riesgo de longevidad, pero el problema es que por normativa no se pueden vender a jubilados que tengan acumulado un fondo que no permita obtener una Pensión Básica Solidaria (PBS). “Si se elimina esa norma, todos los jubilados podrían tener una renta vitalicia”, señala.
Detalla que si se establece el seguro de longevidad, lo que ocurriría es que las rentas vitalicias se venderían hasta un tope de edad, y la sobrevida estaría cubierta por el seguro.
A juicio de Cifuentes, esta sería una alternativa regresiva, porque es un seguro que se paga con las cotizaciones de todos los trabajadores, “pero que favorece a los que son más longevos y está demostrado que en general son sectores de altos ingresos”, advierte.
El exsuperintendente sostiene que ante la inexistencia de coberturas naturales y de productos eficientes, “las soluciones privadas del mercado de seguros son de alto costo”. Por ello, sugiere que el riesgo de longevidad debe ser asumido por el Estado en forma directa o a través de un fondo solidario.
Autopréstamo
Otra posibilidad que se está discutiendo es que los afiliados puedan acceder a un autopréstamo de sus fondos acumulados, para una primera vivienda, por ejemplo.
Cifuentes declara que desde el punto de vista financiero, el costo de un crédito hipotecario es en general inferior al retorno de los fondos, “por lo que sería un mal negocio para el afiliado”.
Según la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de ESE Business School, por mejorar la legitimidad del sistema, se está discutiendo una política que de alguna forma busca que los cotizantes “sientan una mayor cercanía con sus ahorros y mejore la percepción del sistema. Sin embargo, la idea es contraria al objetivo más importante, que es mejorar las pensiones”.
Visión similar entrega Gallegos, quien señala que las insuficiencias en materia de vivienda o salud “debieran ser abordadas por programas específicos. Desnudar un santo pobre no resuelve el problema, solo lo traslada”.
Dado que el retiro del 10% dejó sin fondos a 1,9 millones de afiliados y un segundo retiro similar, elevaría esa cifra a más de 4 millones, el experto indica que “no parece haber espacio para auto préstamos, menos aún para cargarlos con intereses u otras condiciones”.
Pensión universal
Financiar una pensión universal para la mayoría de la población sin la necesidad de haber cotizado, es otra medida que se está conversando. Se ha dicho que podría ser a través de un aumento del IVA o con el 2% destinado a reparto.
Cifuentes recalca que en Chile ya existe una pensión básica para aquellos que no cotizan, pero reconoce que se podría avanzar en esta dirección, ya que “la alternativa de entregar esa pensión en forma universal, tiene la gran ventaja -respecto al aporte previsional solidario- de que no genera un desincentivo a cotizar, porque no tiene un impuesto implícito”. De todas formas, advierte que el costo fiscal es muy alto, por lo que se requiere que el país vuelva a crecer. Sobre el financiamiento, sostiene que es mejor vía impuestos generales.
Gallegos, por su parte, explica que debido a que los sueldos en Chile son bajos, hay una limitada capacidad de generar buenas pensiones. “Una Pensión Básica Universal (PBU) que alcance al 100% de la población es una fórmula idónea para suplir aquello”, indica.
Sin embargo, afirma que dado que los impuestos indirectos al consumo son regresivos, no tiene sentido financiar una PBU con un alza del IVA. “Lo razonable es que se haga con el aporte de los empleadores a un fondo solidario o con rentas generales desde una estructura tributaria progresiva”, plantea.
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