El equipo jurídico del gobierno siempre confió en sus argumentos. De hecho, lo sigue haciendo. Eso, sin embargo, no le impidió manejar varios escenarios en el Tribunal Constitucional. El más “realista” era que el TC acogería parcialmente la solicitud sobre extensión de beneficios. El más “pesimista”, que el tribunal considerara esa impugnación -no parcial, sino que totalmente- y la de titularidad sindical. Por centímetros, eso no ocurrió. Pero incluso pudo ser peor, ya que derecho de información y negociación interempresa tuvieron votación dividida, pese a que el último punto había sido desechado por la oposición, al reconocer que hubo una lectura equivocada de la norma.
La cabeza de este grupo, el abogado Francisco Tapia, reconoce que pudo haber errores de forma, especialmente en el alegato, pero no en los fundamentos jurídicos “que están plenamente vigentes”, sostiene.
“Sigo pensando en que la libertad sindical es la que defendimos y que, por lo demás, es la del mundo civilizado”, señala el laboralista, quien pide prudencia y esperar los fundamentos del fallo del tribunal, antes de adelantar sus efectos jurídicos.
Eso sí, anticipa los efectos políticos. Uno de ellos, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamará nuevamente la atención al Estado chileno, por no adecuar su legislación con los convenios 87 y 98, ambos ratificados por el Congreso Nacional. De hecho, el Convenio 98 “se refiere al fomento de la negociación colectiva entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores, y que los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o contratos colectivos en ausencia de tales organizaciones”. Esta definición de la OIT es la base de la titularidad sindical aprobada por el Parlamento y rechazada por el TC.
- Antes del fallo usted señaló tener un “respeto absoluto por la función jurisdiccional” del TC. ¿Eso no cambia con el rechazo de la titularidad sindical? ¿No comparte ahora, quizá parcialmente, que el tribunal opera como una tercera cámara?
- Ese es un juicio político que es legítimo, pero que, así como se acogió una parte y se rechazó otra, la parte contraria podría decir lo mismo. Eso está en la arena política. En lo estrictamente jurídico, uno puede compartir o no lo que se decidió. Prefiero no entrar a calificar a los jueces, porque los jueces son soberanos para decidir.
- ¿Decidieron sobre la base de argumentos jurídicos o posiciones políticas?
- Aún no tenemos el texto del fallo. Lo que estamos viendo hoy no son los efectos jurídicos, que son difíciles de anticipar, porque los sentenciadores no se han pronunciado. Sólo tomaron la decisión, y ahora tienen que razonar y fundamentar su decisión. Lo que estamos viendo son los efectos políticos, donde hay algunos con caras más sonrientes que otros.
- ¿Y cuáles son esos efectos políticos?
- Uno es que, eventualmente, el fallo -por el contenido y la decisión misma- se alejaría de la concepción de libertad sindical que es universalmente aceptada y, por lo tanto, va a producir un efecto respecto del cumplimiento del Estado de Chile con los convenios internacionales ratificados por el Parlamento, como son los convenios 87, 98 y 135 de la OIT. Y eso es, independiente de lo que se diga en el fallo, que la sola opción por los grupos de trabajadores está contrariando tanto el texto, como los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT.
Hay un tema delicado, porque es el Estado de Chile el afectado. Lo que va a hacer la Conferencia Internacional del Trabajo o la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios (ambos de la OIT), es requerir nuevamente al gobierno, preguntando ‘cómo es que un órgano del Estado de Chile se pronuncia por una legislación que no está de acuerdo con lo que el Estado de Chile ratificó a través de su propio Parlamento’. Es un efecto político, jurídico-político, pero básicamente político que va a afectar al Estado.
Un segundo tema es que si hay una diferencia importante en la concepción de libertad sindical, entre lo que los jueces constitucionales piensan y lo que otros piensan sobre libertad sindical, toma fuerza la idea que esto debe ser objeto del debate político de la nueva Constitución. Esta resolución empuja a que esto se discuta, para modificarlo como corresponde, a través de los mecanismos democráticos y que signifiquen que la gente se pronuncie. Es legítimo, porque esto, como ciudadano, no me deja tranquilo. El hecho que el Estado de Chile no adhiera plenamente a los tratados multilaterales.
"Me gusta la existencia de un tc"
El fallo del TC demuestra que la Constitución "no es la casa de todos". Así lo señaló el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, luego de conocer la resistida resolución. Que el tribunal opera como una "tercera cámara" y que "más relevante que los argumentos jurídicos, lo que importa es la militancia política de sus integrantes" son afirmaciones que, en mayor o menor medida, comparten dirigentes, autoridades y académicos de todos los sectores políticos.
Así, la permanencia del TC como órgano de supervisión constitucional y la elección de sus miembros será, según Francisco Tapia, parte del debate constitucional.
- ¿Chile debe mantener o no un órgano como el TC?
- Esa pregunta uno debería contestarla con prescindencia de los resultados de un juicio. No puedo contestar en función de si me va bien o mal. Hay que objetivar el punto. Creo que en las democracias modernas, los tribunales constitucionales cumplen un rol adecuado. Pero es legítimo que otros no lo estimen así. A mí me gusta la existencia de un Tribunal Constitucional.
- ¿Y cuál es el mejor mecanismo para elegir a sus integrantes?
- Eso se puede discutir. Pero siempre va a existir ese elemento de subjetividad, porque al final, independiente del mecanismo, siempre va a estar la lógica política, si al final éste es un tribunal político. El elemento paritario puede ser discutible, pero es reflejo de la sociedad en la que vivimos.
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