Reajuste del sector público: las cifras a las que debe responder el gobierno

Junto con el reajuste de remuneraciones de 8% nominal para todos los funcionarios, la mesa del sector público incluyó en el pliego de negociación una serie de planteamientos que dan cuenta de los requerimientos económicos para el período diciembre 2018-noviembre 2019 sobre los cuales deberá pronunciarse el Ministerio de Hacienda.

Uno de ellos, por ejemplo, dice relación con el ingreso mínimo mensual por estamento. Bajo la lógica de que asegure un "Trabajo Decente", cuyo punto de partida -dicen- "es una remuneración justa y que garantice condiciones de vida dignas", los funcionarios piden que la citada figura, que ya rige para auxiliares, administrativos y técnicos, se amplíe al grupo de profesionales.

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De hecho, consideran de "suma importancia continuar avanzando en esta dirección", por lo cual demanda que desde el próximo mes los auxiliares tengan un piso de $ 420.000, administrativos $ 467.419, técnicos $ 497.225 y profesionales $ 600.000. 

FUENTE: Pliego de Negociación 
CUT/secretaría de mesa técnica

Para concretar la propuesta, la mesa del sector público sugiere otorgar una bonificación mensual de un monto equivalente a la diferencia entre su remuneración bruta mensual y la cantidad mínima antes establecida, la que irá disminuyendo en la medida que la remuneración bruta mensual del funcionario se incremente por cualquier causa.

Los trabajadores también detallaron los valores a los que aspiran en materia de aguinaldos, bonos por escolaridad, Fiestas Patrias, Navidad, vacaciones y término de negociación (ver tabla), pidiendo que el conjunto de beneficios -incluido el aporte de bienestar- llegue a todos los funcionarios públicos representados en el diálogo con el gobierno.

En todos los casos, afirmaron. "demandamos la transferencia íntegra de los fondos y asignaciones que financien el costo global de esta medida".

Adicionalmente, el petitorio contempla ampliar el Bono Post-laboral, que explican se trata del único instrumento vigente que garantiza un incremento permanente de las pensiones. "Proponemos que se amplíe su cobertura, se incremente significativamente su monto y se revisen los criterios de tasa de reemplazo que lo rigen, con objeto de incrementar los ingresos", dice el texto.

En concreto, sobre esta materia la mesa propone que "en cuanto a los requisitos establecidos en dicha norma, se modifique la tasa de reemplazo líquida un 65%; se elimine la pensión de vejez líquida máxima que establece; se elimine el requisito de tener 20 años de servicio al 5 de diciembre de 2008; en cuanto al beneficio, se incremente el bono mensual a un monto de $120.000".

En el petitorio de este año los funcionarios estatales también piden incorporar a los funcionarios públicos al seguro de cesantía, una demanda que también fue solicitada en el proceso de negociación realizado en 2017.

"En el marco de la implementación del Acuerdo alcanzado por la Mesa del Sector Público el año 2017, reiteramos nuestra demanda de incorporación de los/as funcionarios/as públicos/as representados en esta negociación al Seguro de Cesantía, en tanto se trata de un derecho laboral y social que debe tener carácter universal para todos", agregan.

La ampliación del derecho a sala cuna universal también es algo contemplado. Sobre esta materia, los trabajadores piden ampliar esta cobertura -actualmente obligatoria para todas las empresas e instituciones con más de 20 trabajadoras mujeres- a todos los funcionarios de la administración estatal que tengan hijos menores de dos años.