La “primera lectura” de los técnicos del Ministerio de Hacienda al fallo del Tribunal Constitucional (TC) despertó molestia en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). También las declaraciones de Rodrigo Valdés, quien, sobre la base de ese análisis, señaló que “es posible reincorporar los pactos en la reforma laboral, en la medida que todos los actores, incluida la oposición, entiendan que la adaptabilidad sólo se puede firmar entre un sindicato y un empleador”.
En el Ministerio del Trabajo son más cautos. No comparten la lectura preliminar de Hacienda y esperan desarrollar un análisis más profundo del fallo del tribunal. En la Nueva Mayoría tampoco coinciden. Así lo expresó el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Luis Castro, quien dijo: “No estamos seguros que lo planteado por Valdés sea así” (ver nota relacionada).
En el mundo sindical, la postura es similar. El vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, sostuvo que “Rodrigo Valdés es rápido para reconocer titularidad sindical para negociar flexibilidad laboral, pero no le preocupa la titularidad sindical para ejercer el derecho a la negociación colectiva y la huelga”.
Me parece, agregó el dirigente, “que la declaración de Valdés ratifica nuestra sospecha de que hay quienes trabajan para los empresarios y no para los derechos laborales. Sus palabras son una traición al programa de gobierno y a los compromisos de la Nueva Mayoría con los trabajadores”.
Según Díaz, el ministro de Hacienda no es el único responsable en el gabinete de entregar garantías a los empresarios en la reforma laboral. “El gobierno se ha mostrado dividido y una parte importante de sus ministros, Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Valdés, tienen la única preocupación de mantener las señales al empresariado, es decir, los servicios mínimos, las adecuaciones necesarias, los pactos de adaptabilidad y el aumento de los quórum”.
Sindicatos valen nada
Para la CUT, y el movimiento sindical en general, el fallo del TC es “lapidario”, porque sepulta cualquier posibilidad de entregar al sindicato un rol preferente en la negociación colectiva, por sobre el grupo negociador, como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A juicio de la multisindical, una posible salida -o la única- es que el oficialismo presente una reforma constitucional para modificar el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, en la que estipule que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores que se ejerce a través de los sindicatos, “como ocurre en el mundo desarrollado”, menciona la central.
“Hay que interpelar a los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría y al gobierno para que empujen una reforma de este tipo. Hoy con el fallo del TC, los sindicatos valen nada, y eso es un daño que hay que corregir con urgencia”, expresó Díaz.
Otro camino, que aún se estudia al interior de la central, es pedir al gobierno que retire la reforma laboral del Congreso. El diagnóstico es que “en estas condiciones, sin titularidad sindical y extensión por afiliación al sindicato, es mejor quedarnos sin ley”. Nolberto Díaz fue enfático en su análisis: “El proyecto, en sus actuales términos, es impresentable”.
Diferentes interpretaciones de resolución del TC desordenan a la Nueva Mayoría
Fueron tan extremas las consideraciones que enumeró el TC para eliminar la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación sindical, que sorprendió incluso a los parlamentarios de la oposición y sus asesores. Más desconcertados quedaron en la Nueva Mayoría, donde esperaban que el tribunal tuviera una mínima consideración con los sindicatos, para ejercer el derecho a la negociación colectiva, cosa que no ocurrió.
El desconcierto es evidente. La necesidad de superarlo también. Por eso la comisión de Trabajo de la Cámara invitará a la ministra del sector, Ximena Rincón, para que entregue un detallado análisis de la resolución del TC y sus implicancias, no sólo en la reforma, sino que en la actual legislación laboral.
Así lo adelantó el presidente de la instancia, Patricio Vallespín (DC), quien explicó que, luego de esa exposición, definirán el ritmo legislativo del veto presidencial al aumento en los quórum para negociar y los pactos de adaptabilidad. Sobre este último elemento, el parlamentario manifestó profundas discrepancias sobre el planteamiento del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en materia de flexibilidad laboral.
"Creo que su afirmación es equívoca y no se apega al contenido del fallo del TC que, según nuestro entender, no hace diferencias entre sindicatos y grupos negociadores, por lo que mal podría entenderse que los pactos se pueden suscribir sólo entre sindicatos y empleadores".
Hay "distintas interpretaciones" y "descoordinaciones" -nuevamente- en el gobierno. Eso creen legisladores del oficialismo, entre ellos el diputado integrante de la comisión de Trabajo, Cristián Campos, quien cuestionó la supresión de la adaptabilidad para "equilibrar" la reforma. "El mejor camino es darle un rol preferente a los sindicatos", expresó. Sin embargo, este objetivo es más complicado de lo que parece.
Fallo es categórico
El abogado Javier Couso, que formó parte del equipo jurídico que defendió la reforma laboral en el TC, fue claro: "La argumentación del tribunal fue aún más radical de lo que se esperaba, en consagrar a los grupos negociadores como si fueran un equivalente a los sindicatos".
Para el jurista, el fallo del tribunal es "categórico en igualar a los sindicatos con los grupos negociadores". ¿Posibilidades de insistir con titularidad? Ninguna.
Eso sí, subrayó Couso, el fallo no se pronuncia sobre los pactos, porque sencillamente no fueron requeridos, por lo tanto "al dejar algunas cosas en pie, podría haber una decisión de dejar cierto margen de prioridad a los sindicatos".
La de Hacienda, agregó, "es lo que una lectura del fallo hace posible". Pero, destacó, "el TC es tajante al tratar a los grupos negociadores, utilizando la garantía de igualdad constitucional".
CPC: "Es importante que ley corta se oriente a restituir adaptabilidad"
Por Karen Peña
Los movimientos del gobierno frente al fallo del Tribunal Constitucional (TC) tienen expectante al mundo empresarial. Luego que el Ejecutivo ingresara a la Cámara de Diputados un veto a dos aspectos claves de la reforma laboral y anunciara el envío de una ley corta, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emitió ayer una declaración para "lamentar" que el gobierno haya optado por vetar artículos que iban en beneficio de trabajadores y del buen funcionamiento de las empresas. "Se impide con esto que se puedan negociar pactos de adaptabilidad en materias que hoy están excluidas por la ley vigente y que representarían un real avance en materia de negociación colectiva", agregó.
Además, la máxima cúpula empresarial del país planteó que "es importante que el anunciado proyecto de ley corta se oriente a restituir los pactos de adaptabilidad, que permitirían a miles de mujeres y jóvenes integrarse al mercado laboral, acordando jornadas y horarios de trabajo de acuerdo a sus necesidades".
En el escrito, la CPC también reiteró que es "indispensable reenfocar las voluntades hacia una agenda legislativa y gubernamental que permita recuperar el crecimiento económico y evitar que se sigan perdiendo fuentes de trabajo".
Sin embargo, horas antes la comisión laboral de la multigremial se reunió por más de dos horas en la casona de Sótero Sanz para analizar el fallo y el veto desde el punto de vista técnico.
Según trascendió, los participantes realizaron una lectura positiva de los argumentos esgrimidos por el tribunal en materia de titularidad sindical, considerando el fallo como "macizo" en términos generales. De cara a la estrategia que deberá delinear el gobierno, se discutió en torno a los efectos del veto y los contenidos que estarían incluidos en la ley corta. También hubo espacio para tirar líneas en cuanto a las fórmulas o mecanismos que deberá definir el gobierno para permitir la coexistencia de los sindicatos y los grupos negociadores.
Con todo, la lectura empresarial apuntaría a que el detalle del fallo dado a conocer deja al gobierno con un "estrecho margen de maniobra", por lo que los gremios optarían por esperar a que las autoridades tiendan puentes y lleguen a acuerdos. En el ambiente empresarial, de hecho, ronda la idea de que finalmente el proyecto de ley corta -pese a su nombre- se convertirá en una iniciativa cuyo período de tramitación será más extenso de lo pensado ante el cuidado que deberá tener el gobierno en velar por la constitucionalidad del texto y el consenso político que se verá obligado a lograr en el Congreso.
Una posición formal por parte del mundo empresarial frente a este nuevo capítulo que abre la reforma laboral tras el fallo del TC se comenzaría a dibujar en el próximo comité ejecutivo de la CPC. Si bien la instancia debía reunirse el martes, la nutrida agenda de actividades de su presidente, Alberto Salas, obligó a adelantar un día el encuentro.
El dirigente llegará a Chile desde Sudáfrica durante la mañana del lunes, para encabezar la cita para luego emprender rumbo a Lima. Mientras, el comité laboral de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) tenía contemplado reunirse ayer, pero el encuentro se postergó por problemas de agenda.
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