Con la ausencia de Ximena Rincón y Rodrigo Valdés, los ministerios de Trabajo y Hacienda siguen buscando una convicción jurídica sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que objetó dos pilares de la reforma laboral: la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato.
El avance, esos sí, es lento. Según comentó una fuente de gobierno, La Moneda “ya terminó con el análisis de los efectos del dictamen del TC y se encuentra en la elaboración de las propuestas” para “reequilibrar” el proyecto, parte sustancial de la fórmula legislativa que el Ejecutivo debe establecer para continuar con la tramitación de la reforma, ahora con el pilar de fortalecimiento sindical “a medias”.
Esta fórmula legislativa, que podría incluir el veto presidencial, ley corta e, incluso, una reforma constitucional, será resuelta por la presidenta Michelle Bachelet, cuando retorne de Francia, donde participa -junto a integrantes del gabinete, representantes del mundo empresarial y parlamentarios- en la Cumbre Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Posibles contenidos de la ley corta han sido analizados por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, con los partidos del oficialismo. Algunos elementos que podrían ser incluidos son la revisión de los servicios mínimos y equipos de emergencia en la huelga, además de asegurar que no sólo el acuerdo de pactos de adaptabilidad es de exclusiva atribución de los sindicatos y los empleadores, también la extensión de beneficios.
El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, sostuvo que la fase de definiciones del Ejecutivo “entrará en tierra derecha” este viernes, “cuando la Presidenta regrese de su viaje a Francia”.
Y es que la incertidumbre que se ha extendido desde que se conocieron los argumentos del TC para rechazar la titularidad y la extensión por afiliación ya molesta al interior de la Nueva Mayoría. Así lo expresan desde las comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara y el Senado.
También los jefes de las bancadas de diputados del PPD, Ramón Farías, y de la DC, Fuad Chahín, quienes concuerdan en que “ya es etapa de definiciones”. La indefinición, expresó Chahín, “provoca incertidumbre en materia política y materia económica, lo que no es bueno para nadie”.
“Seguimos trabajando”
Desde París, Francia, donde participa en la cumbre de la OCDE, el ministro Rodrigo Valdés señaló que, en el gobierno, “esperan tener novedades lo antes posible” y que “siguen trabajando” en la correcta interpretación del fallo del TC, que se conoció el lunes 9 de mayo.
“Hay una serie de temas en los que tenemos que tomar decisiones y espero que el trabajo técnico esté finalizando, de manera que el gobierno pueda tomar la decisión final de cuáles son los siguientes pasos en ese ámbito”, agregó el secretario de Estado.
Valdés reconoció que “lateralmente” parte del debate, en la capital francesa, estará marcado por la reforma laboral, algo que, según enfatizó, “la propia OCDE ha identificado como (un elemento) complejo para la distribución del ingreso en los países avanzados, no emergentes como nosotros”.
Dentro de los países más avanzados, añadió el jefe del equipo económico del gobierno, “han visto que la baja densidad de los sindicatos, es decir menos gente sindicalizada, es uno de los varios componentes que son negativos para la distribución del ingreso y es uno de los temas a considerar”.
CUT marcha por reforma constitucional y titularidad
El motor de la movilización nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue la rabia. Irritación al corroborar -dicen- que el gobierno no cumplirá con dos de sus principales promesas de campaña con el mundo sindical: la titularidad del sindicato y la extensión de beneficios por afiliación.
Y los responsables son muchos. En primer lugar, apuntan al gobierno y su "inoperancia" para sacar adelante la reforma laboral, teniendo los votos suficientes en el Congreso. También el sector "conservador" de la Nueva Mayoría -representado en senadores de la DC y el PPD-, que "torpedeó" el proyecto; el Tribunal Constitucional (TC), que objetó ambos elementos; y Chile Vamos, que se opuso a la idea de legislar y a cada uno de los elementos relacionados con el pilar de fortalecimiento sindical.
Así lo expresó el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz: "Esta es una marcha de molestia, de rabia, de bronca que tiene el mundo del trabajo".
Por eso los miles de trabajadores que marcharon pacíficamente en Santiago y distintas ciudades del país emplazaron al gobierno a impulsar una reforma constitucional, para restituir la titularidad sindical. No sólo eso, la presidenta de la central, Bárbara Figueroa, expresó que "todo este proceso tiene como telón de fondo el debate por una nueva Constitución".
Es en una nueva Carta Magna donde la CUT tiene puestas sus esperanzas para un real fortalecimiento de los sindicatos y mayores derechos colectivos, no sólo para los trabajadores del mundo privado, sino que también para los empleados públicos.
Eso sí, advirtió Figueroa, "cada paso será más difícil, porque cada paso enfrentará más obstáculos no sólo desde la oposición, sino que también desde sectores de la Nueva Mayoría".
Vetar y congelar
Aprobar el veto presidencial que elimina tres pactos de adaptabilidad y el aumento en los quórum de los sindicatos para negociar, es la exigencia de la agrupación "Trabajadores por una mejor Reforma Laboral", que reúne a sindicatos de trabajadores industriales, portuarios, forestales y bancarios, además de académicos.
Aprobar el veto y suspender la tramitación de la reforma laboral "a la espera de un momento político más propicio para los trabajadores". La lectura de esta organización es que el proyecto, si continúa su tramitación, se convertirá en "una ley de retrocesos".
"Mantener el veto y congelar el proyecto es el mejor camino a seguir", expresó la agrupación.
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