Desde que estalló el denominado “caso Democracia Viva” no ha dejado de crecer y la oposición se ha encargado de darle una alta connotación pública, dándole a la situación una relevancia similar a la que en su minuto tuvo el financiamiento ilegal de la política, escándalo en el que se involucraba a la empresa SQM y, en su mayoría, a políticos y/o parlamentarios de derecha.
De hecho, este jueves legisladores de Renovación Nacional (RN) y la UDI, involucraron en el caso a la Contraloría y al Ministerio Público, sin descartar una comisión investigadora y una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Millonarios convenios
Hace un par de semanas se conoció se conoció el caso Democracia Viva, que apunta a la realización de convenios millonarios entre esta fundación y el Ministerio de Vivienda en la Región de Antofagasta que alcanzarían a una suma cercana a los $ 500 millones. La ONG es encabezada por la pareja de la exvicepresidenta de la Cámara, diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez –quien renunció este martes a la mesa para evitar la censura a la instancia, anunciada por la oposición-, pero aparentemente habría una red más amplia de involucrados, todos de la misma colectividad. Al punto que, esta jornada de jueves, la oposición ya comenzó a exigir la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien se dice habría conocido a inicios de mayo estos antecedentes.
La pregunta que ya explicitan en la oposición es si el ministro de la cartera, el socialista Carlos Montes, conocía estos antecedentes o no. Aunque por sus declaraciones de los últimos días da la sensación de que desconocía lo que estaba ocurriendo, parlamentarios opositores no descartan una acusación constitucional en su contra. Todo dependerá del vuelo que alcance el tema, pese a la intervención del presidente Boric en que asegura que será "implacable" en este caso.
Contraloría
Por lo pronto, este jueves, tanto representantes de RN como de la UDI tomaron medidas concretas en este tema. Un grupo de diputados de la tienda de calle Antonio Varas llegó hasta la Contraloría General de la República para ingresar sendas presentaciones –según explicó el jefe de la bancada, Frank Sauerbaum-. Flanqueado por los legisladores José Miguel Castro, Camila Flores, Ximena Ossandón, Miguel Becker y Eduardo Durán, presentó un requerimiento para que Jorge Bermúdez “se pronuncie y disponga una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas respecto de una práctica que parece instalada en la administración, como es aceptar las renuncias de quienes se han visto involucrados antes que se dispongan sumarios y se determinen responsabilidades.”.
Mientras que la segunda solicitud apunta a que Bermúdez investigue, para determinar eventuales responsabilidades administrativas respecto de las transferencias “irregulares” en el marco del programa de asentamientos precarios del Minvu; y, también respecto de los fines y objetivos de la fundación Democracia Viva, que dada la información –sostiene Sauerbaum- carece de trayectoria y expertise en el área, pero sí, vínculos políticos y afectivos entre quienes intervinieron en la operación.
En este proceso, a juicio de los diputados autores de la presentación, “destacan la falta de transparencia, y la modalidad de pagos” y exigen, como lo han hecho otros parlamentarios opositores la salida de la subsecretaria de Vivienda, pues ella habría tenido antecedentes –argumentan- desde mayo para tomar medidas y no lo hizo.
“SQM II”
Si bien Sauerbaun asegura que el ministro Montes ha actuado bien hasta el momento, exigiendo la restitución de los recursos, le aconseja que haga una rápida investigación y destituya a Rojas. Pues esto, advirtió, es sólo la punta del iceberg, pues les habrían llegado denuncias del propio Ministerio de Vivienda de que esta situación se habría repetido con otras ONG y en otras regiones, como en la del Maule, donde dijo tener certeza de que se utilizó una figura legal similar para obtener recursos del Programa de Campamentos; destacando que “lo más pobres entre los pobres” se han convertido en cajas pagadoras de campañas políticas del Frente Amplio, acusó.
Más duro que Sauerbaum, el diputado José Miguel Castro, aseguró que no se descarta ninguna medida para desenmarañar esta madeja ni para que los responsables paguen por los delitos que pudieran significar, en lo que denominó “un SQM II”. El legislador de RN dijo que su bancada “no va a dejar ninguna medida en el tintero, vamos a sacar toda la artillería que tenemos, en términos de fiscalización para llegar hasta el fondo. Si es necesario, el día de mañana acusar (constitucionalmente), vamos a acusar a un ministro” y anunciaron que pedirán una comisión investigadora.
El diputado señaló que en otra fundación habría $ 500 millones involucrados y “estamos analizando aristas que, incluso, podrían tocar al Presidente de la República. Estamos viendo que Irina Karamanos, su pareja, habría estado contratada por una de estas fundaciones que, al parecer (…), también hubiese utilizado platas, dineros, de fondos de gobierno para hacer campañas políticas”.
Querella gremialista
En paralelo, representantes de la UDI llegaron este mismo jueves al Ministerio Público donde presentaron una querella por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude al Fisco, según informó el diputado Juan Antonio Coloma, quien explicó que se le está pidiendo a la justicia “la apertura de las cuentas corrientes de todos los involucrados; el allanamiento de la sede de Democracia Viva”. E insta al Gobierno a que asuma las responsabilidades políticas de quienes debieron advertir esta situación y no lo hicieron. Y también apuntó a la subsecretaria de la cartera, señalando que ella debió dar un paso al costado.
Y, el diputado, anuncia que la bancada ya solicitó la información acerca del financiamiento a todas las fundaciones del país a las que el Gobierno le está entregando recursos. Además, apuntó a Montes, señalando que hubiera esperado una reacción más enérgica de su parte desde el inicio de esta situación.
Interpelación a Montes
Además, en el Congreso, el gremialismo, junto al PDG, impulsó una interpelación al ministro Carlos Montes, acusando “una falta evidente de liderazgo político y una nula respuesta de su parte”, señala Álvaro Carter, quien añade que “enterarse por la prensa lo que sucede en su ministerio es impresentable. Es por eso que queremos saber realmente cuándo llegaron las primeras advertencias al Ministerio y cuando él realmente tuvo conocimiento de los hechos y cuáles fueron sus medidas”.
Esto, en lo que constituye el primer paso hacia una acusación constitucional, algo que no ha pasado inadvertido en el Socialismo Democrático, donde hace ya varios días se analiza lo ocurrido y los efectos que pudiera traer justamente para el ministro socialista.
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