Valdés desestima una nueva reforma tributaria para financiar gratuidad universal pero sin zanjar dudas en la NM

El debate sobre los elementos técnicos del proyecto de ley de educación superior quedó en un segundo plano. Ayer, cuando la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, la discusión se enfocó en el financiamiento de la gratuidad.

En el Ministerio de Hacienda existía molestia por la incapacidad que exhibió, el lunes la titular de Educación, Adriana Delpiano, para responder una pregunta que parece simple: ¿cuánto cuesta hoy la gratuidad universal? Por eso Rodrigo Valdés aclaró, en el Congreso, que la cobertura total de este derecho asciende “aproximadamente a un punto y medio del PIB”, cifra que actualmente bordea los US$ 3.600 millones.

No fue la única duda que intentó despejar el jefe del equipo económico del gobierno. Al interior de la Nueva Mayoría existe preocupación por los menores ingresos que está recaudando el fisco, debido a un cobre que se mantiene cerca de los US$ 2 la libra y un crecimiento que no pasa del 2%.

Por eso gana terreno, en el oficialismo, la idea de impulsar una nueva reforma tributaria o, al menos, corregir el actual sistema para asegurar la gratuidad universal. Pero, Valdés cerró la puerta y señaló que “este gobierno, en materia impositiva, hizo lo que tenía que hacer”.

En el bloque oficialista existen dudas. Preocupa que el gobierno no pueda cumplir con el compromiso de abarcar el derecho a la educación superior hasta el sexto decil, al término de su mandato. Y pese a que el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, sostuvo que “el financiamiento de la gratuidad para el 60% de la población está resuelto”, surgen propuestas en la NM para aumentar los ingresos tributarios.

Establecer un impuesto a los egresados, revisar la Ley Reservada del Cobre, la invariabilidad tributaria y la rebaja de impuestos por gastos en educación son algunas de las sugerencias que han planteado diputados y senadores de la Nueva Mayoría.

Pero reabrir un debate tributario es algo que muchos no quieren. Uno de ellos, el senador de la DC, Andrés Zaldívar, afirmó que “no habrá reforma ni perfeccionamiento al modelo impositivo”.

Menos drástico fue el ministro Díaz, quien aclaró que el Ejecutivo está “abierto y disponible para escuchar propuestas”.

Pero el paso de Valdés por el Congreso no fue sólo para aclarar el costo total de la gratuidad universal o descartar cambios al modelo tributario, también para reabrir un debate que parecía zanjado en la NM. “Si tuviéramos la suerte que el precio del cobre vuelve a US$ 3 la libra y se mantiene ahí, la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa es: ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades que compiten con esta? Salud, educación primaria, secundaria, jardines infantiles, pensiones”.

La relativización de uno de los principales compromisos del actual gobierno, de crear “un régimen de cobertura total de la gratuidad al que se avanzará en forma gradual”, como dice el proyecto de educación superior, tuvo que ser aclarada por el ministro Díaz. “El lenguaje es equívoco. El proyecto establece que el objetivo es la gratuidad universal”, expuso el vocero de gobierno.

CAE en la mira

Un sector importante de la NM cree que el Crédito con Aval del Estado (CAE) tiene que dejar de existir, mientras se consolida la transición de un modelo que llaman “mercantil” de la educación, a uno sin lucro con coexistencia público y privada. Pero el gobierno no tiene consideradas profundas transformaciones en esta materia. A lo más “un cambio de administración, pero no eliminar el CAE”, dijo la ministra Delpiano, quien agregó que el tema se va a estudiar, pero que el crédito bancario es “perfectible”, por ejemplo, si es una institución estatal quien lo administra.

La revisión de los más de 200 artículos que contiene el proyecto de educación superior se realizará esta tarde, en la comisión de Educación, sesión en la que expondrá la ministra Delpiano, para intentar disipar dudas referidas al control de la prohibición del lucro, el financiamiento de las universidades del Estado y el sistema de aseguramiento de la calidad.

U. estatales concitan apoyo

Con el fin de explicitar su compromiso con el fortalecimiento del rol de las universidades del Estado en el Proyecto de Educación Superior, parlamentarios de la Nueva Mayoría se reunieron ayer en la sede del Congreso en Valparaíso con una delegación de rectores de instituciones de educación superior públicas encabezadas por el representante de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

La cita se concretó sólo a horas de que se diera cuenta del ingreso de la polémica iniciativa en la Sala de la Cámara de Diputados y sin que la mayoría de los concurrentes conociera a fondo el contenido del mensaje presidencial. Sin embargo, reconociendo la relevancia de la educación pública, los legisladores -entre los que se encontraban los senadores PS Isabel Allende y Carlos Montes y el PPD Guido Girardi; y los diputados DC Pablo Lorenzini, Claudio Arriagada, Mario Venegas; la PS Maya Fernández, las PC Karol Cariola y Camila Vallejo, entre otros- anticiparon una serie de "principios esenciales" que, a su juicio y de los rectores, debieran resguardarse durante el debate y tramitación del Proyecto de Educación Superior.

Estos aspectos son compartidos por los rectores que, además de Vivaldi, asistieron a la cita, como Juan Manuel Zolezzi de la Universidad de Santiago; de la UTEM, Luis Pinto; y de la UMCE Jaime Espinoza, y apuntan a que "las instituciones de educación superior son la columna vertebral del sistema" y que es necesario "disponer de un programa específico para potenciar la educación superior estatal" entre otras, sin que con ello se discrimine a otras universidades.