El próximo jueves miembros de la bancada regionalista aterrizarán en Antofagasta para exponer sus ideas sobre los beneficios de una mayor descentralización. Con ello, los senadores Alejandro Guillier (independiente) y Francisco Chahuán (RN) darán inicio a las giras que los llevarán por todo el país para defender la fecha de elección de gobernadores -2020-, que tuvo intentos de ser torpedeada durante el período estival.
Un aspecto crucial en este ámbito es el prometido proyecto de ley de rentas regionales, al que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín le sumó otro de “responsabilidad fiscal”.
Si bien los interesados valoran las señales del Ejecutivo, hay dudas sobre su concreción.
“A estas alturas, sería bueno que el gobierno muestre sus cartas y nos diga cómo espera avanzar en el tema de rentas regionales con un mínimo nivel de contenidos que permita una discusión técnica en serio. El ministro Larraín sabe que uno de los puntos clave para avanzar en proyectos estructurales es dilucidar qué de verdad pretende el gobierno en materia de descentralización y sería bueno que se decida a jugar, porque tiene la pelota en el piso sin dar ningún pase”, señala el senador Guillier, coordinador de la bancada regionalista del Senado.
En esta instancia esperan al menos una minuta por parte del Ejecutivo, más aún considerando que Hacienda está al debe, pues inicialmente el compromiso de la subsecretaría era entregar directrices el 15 de enero pasado, lo que no ocurrió.
“La mesa ya propuso y ahora el Ejecutivo tiene que entregar su parte. Debiera ser una propuesta que diga de dónde debieran provenir los recursos para rentas regionales”, dice el extesorero general de la República y uno de los técnicos que ha participado en las reuniones con Hacienda, Hernán Frigolett.
La inquietud se acrecentó tras la segunda señal que envió Larraín: el proyecto de rentas regionales se presentará una vez que la reforma tributaria vea la luz. Dicha iniciativa fue ingresada en agosto del año pasado al Congreso y a la fecha aún no está asegurada la aprobación de la idea de legislar. Recién este miércoles la oposición entregará un nuevo documento al gobierno para su análisis y sobre la base de la respuesta que les dé el Ejecutivo definirán su voto.
“El período legislativo es largo, si hay proyecto de rentas regionales no sólo la bancada regionalista lo va a analizar, todo el Congreso y no hay holguras considerando que esto debiera quedar resuelto antes de la elección de gobernadores de octubre de 2020”, advierte Frigolett.
Similar inquietud tiene Heinrich von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizado: “Nos preocupa, y mucho, que la autoridad señale que dicho trámite se iniciará recién después de la reforma tributaria, porque ello implica el riesgo de debilitarse y diluirse en su contenido, de postergarse aún más, o incluso de no cumplirse”.
El dirigente precisa que si se insiste en la secuencia lineal entre reforma tributaria y ley de rentas regionales, esta última “no estará aprobada antes de la campaña de gobernadores regionales (octubre 2019) y ni siquiera en la fecha que como ciudadanía podamos finalmente elegir a nuestras primeras autoridades regionales (25 octubre 2020), o que éstas asuman (marzo 2021). En consecuencia, nadie va a saber con qué recursos adicionales finalmente van a contar los gobernadores regionales, hecho que en la cercanía de las elecciones municipales y regionales inevitablemente va a politizar el debate”.
Hasta ahora, se han realizado siete reuniones en Teatinos 120 y desde Hacienda señalan que por ahora la mesa de Responsabilidad Fiscal y Financiamiento Regional no tiene más citas agendadas. Añaden que la cartera está la fase de evaluar todas las propuestas recibidas y recalcan que las autoridades ministeriales han sido claras en señalar que el gobierno no avanzará en la línea de crear impuestos regionales.
Fondos y más fondos
El Gobierno Regional, creado en 1993, lo encabeza un intendente que designa el Presidente de la República y cuenta con un consejo regional electo por la ciudadanía. Pero esta fotografía debiera cambiar a partir de 2021 -si no se posterga la puesta en marcha de la Ley Nº 21.073-, cuando asuman en regiones los gobernadores que fueron elegidos democráticamente en octubre de 2020. Ya independientes del poder central, desaparecerá la figura del intendente y surgirá la del delegado presidencial.
Este escenario, a juicio de algunos, hará necesario no sólo el traspaso de funciones hacia el nuevo Gobierno Regional, sino que además implicaría más recursos. Hoy, prácticamente en su totalidad, las regiones se financian con dineros del Gobierno Central, lo que ha sido muy cuestionado en el marco de la tramitación de las leyes de Presupuesto, porque los representantes de cada región aspiran a más.
Para 2019 la inversión en gobiernos regionales llega a $ 1.085.885 millones -unos US$ 1.600 millones-, lo que equivale a un alza de 3,8% frente a 2018. Si se añaden los programas de gasto de funcionamiento (para personal, bienes, servicios y provisiones) la cifra sube a $ 1.349.784 millones, unos US$ 2.000 millones.
El Gobierno Central entrega los recursos a las regiones a través de once fondos, siendo el de Desarrollo Regional el de mayor aporte (44% del total), seguido del Fondo de Apoyo a Regiones (28%), mientras que sólo el 1% proviene de las propias regiones.
Compromisos oficiales
A fines de febrero el presidente Sebastián Piñera ratificó la intención de abordar las rentas regionales teniendo presente el objetivo de transferir a las regiones más funciones, atribuciones y responsabilidades, lo que fue interpretado en la oposición como un guiño a los regionalistas para conseguir la aprobación de la reforma tributaria.
Ya en enero había dado un primer paso transfiriendo 15 competencias de cuatro ministerios a regiones. Pero aún queda ejecutar los compromisos del programa de gobierno en este ámbito y que dan luces sobre cómo podría venir la mano.
Entre los compromisos asumidos en materia de descentralización fiscal figuran, entre otras: aumentar los recursos transferidos a los gobiernos regionales a partir de los programas de inversión de impacto regional que hoy están en los ministerios; definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional; crear una franquicia tributaria para las donaciones a municipios y regiones destinadas a inversión o programas en beneficio de la comunidad.
En estos puntos, al menos en los títulos, hay apoyo transversal.
También se plantea incentivar el fomento productivo a nivel comunal, impulsando la creación de unidades encargadas del diseño e implementación de políticas de fomento y aumentar los recursos de libre disposición de los municipios mediante la mejora de normas legales y reglamentarias que faciliten la recaudación de impuestos y derechos municipales.
Adicionalmente, en el programa se propuso ampliar los informes financieros que acompañan las reformas legales, incorporando su impacto en las arcas municipales y regionales; introducir mayor transparencia y menor discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere); transformar los recursos con directrices sectoriales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a recursos de libre disposición; crear el Fondo Nacional de Desarrollo Local con los recursos que financian proyectos de impacto local; planificar y coordinar la inversión mediante un Contrato de Desarrollo Regional y Local suscrito por el gobierno central, el regional y los municipios.
Acento en la transparencia
La subdirectora de Políticas Públicas de LyD, Bettina Horst, prefiere el término de financiamiento regional al de rentas regionales porque junto con los ingresos debiera haber normas de responsabilidad fiscal. "Hoy no tienen ningún tipo de rayado de cancha en materia de compromisos de gastos. Siempre hemos hablado de avanzar en descentralización, pero deben ir con un set de normas de transparencia, de rendición de cuenta porque nada asegura que mayores recursos serán bien gastados" advierte.
A su juicio, existen grandes espacios de discrecionalidad en la entrega de los fondos a regiones y ello se debiera clarificar. También se debiera integrar a las municipalidades al debate, porque los principales clientes de los fondos regionales son dichos organismos. "Debiera ser una reforma a los gobiernos subnacionales", dice, junto con aclarar que no es partidaria de agregar nuevos impuestos.
Propuestas de la bancada regionalista
Para la bancada regionalista el proyecto de rentas regionales debiera considerar en un plazo breve que el FNDR pase del actual 8% de la inversión pública nacional a 15% y en el mediano plazo llegue a 30%, similar a estándares OCDE. "Eso se puede hacer sin incrementar el actual déficit fiscal", dice Guillier.
También proponen generar mecanismos de probidad y transparencia, asegurando la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortaleciendo atribuciones regionales en materias de creación de empleo y vocaciones productivas por territorios. Establecer sistemas para terminar con la discrecionalidad de los jefes de servicios públicos en las transferencias a regiones, crear una nueva franquicia tributaria para las donaciones a municipios y regiones destinadas a inversiones en beneficio de la comunidad y aumentar recursos de libre disposición de los municipios facilitando la recaudación de impuestos y derechos municipales, modificando la Ley de Rentas Municipales. Además, sugieren dejar un porcentaje del IVA como impuesto de contribución regional y incrementar el royalty minero de 3,8% a 5%.
Modelos a seguir
Para el presidente de Chile Descentralizado, Heinrich von Baer, hay países que bien vale la pena mirar como ejemplos. "Colombia y Francia, por tener un modelo de Estado unitario-descentralizado; Canadá, Australia, Japón y la Unión Europea, por haber instituido el Fondo de Convergencia para la Equidad interterritorial; y el País Vasco por haber logrado el salto de ser la comunidad más pobre en la Europa post Franco a estar hoy entre los mejores indicadores económicos y sociales del continente y del mundo. Además valoramos mucho los periódicos informes y propuestas de buenas prácticas de la OCDE, las que en materia de descentralización hasta el momento no han tenido buen eco por parte de los gobiernos de Chile, así como las calificadas asistencias técnicas del BID", comenta.
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