“No vamos a descansar”, asegura el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. “Vamos a perseguir a quienes están detrás de estos hechos”, continúa. “Nos haremos parte de todas las acciones legales que sean necesarias”, remata. Una vez más, tras el estallido de bomba en Barrio Yungay del jueves pasado, el secretario de Estado apareció públicamente para intentar dar tranquilidad a la ciudadanía y para referirse al trabajo que realiza el gobierno en materia de seguridad.
Sin embargo, ese tono duro no fue siempre el que predominó en las intervenciones de Peñailillo, cuyo discurso ha evolucionado acorde a la seguidilla de atentados con bomba ocurridos durante los últimos meses. Y la postura del Ejecutivo frente a la aplicación y actualización de la Ley Antiterrorista, ha sido, entre otras, una de las variantes más notorias.
Recién asumido en La Moneda, e incluso desde tiempos de campaña, el gobierno criticó dicho instrumento legal acusando su escasa eficacia, a la vez que personeros oficialistas manifestaban que no cumplía con los estándares democráticos. Más aún, cuando en marzo comenzaron los primeros incidentes de violencia en la zona de La Araucanía, el titular de Interior fue claro en afirmar que “la Ley Antiterrorista no se ocupará, porque nosotros no creemos en ella como fórmula para resolver los conflictos sociales”.
Junto con ello, y conforme a lo comprometido en el programa de gobierno, la presidenta Michelle Bachelet designó a una comisión de expertos –encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla-, con el claro mandato de proponer todas las modificaciones que estimaran necesarias a la Ley Antiterrorista, dejando incluso abierta la posibilidad de plantear la derogación de la misma. De hecho, desde un principio esa comisión pareció inclinarse con más fuerza por la idea de proponer la anulación de la ley.
Cambia el panorama
Hasta ese momento, la reformulación del instrumento legal se daba en medio del debate sobre cómo actuar frente a la ola de hechos violentos en La Araucanía. Sin embargo, un nuevo escenario configuró la bomba que estalló en la estación de Metro Los Domínicos, el 13 de julio, y la decisión que tomó el gobierno -cuatro días después- de invocar la cuestionada Ley Antiterrorista para tratar el caso. Inmediatamente, Peñailillo salió a dar explicaciones por aplicar el instrumento legal del cual habían tomado distancia desde el primer minuto en La Moneda. “Se requiere de una reflexión y antecedentes que justifiquen la utilización clara y precisa de una herramienta como la Ley Antiterrorista, y eso se ha hecho en este caso. Por supuesto que como gobierno siempre evaluaremos lo que esté pasando desde el punto de vista de la seguridad del país”, afirmó.
El actuar del Ejecutivo provocó la inmediata reacción de la Alianza, que acusó “incoherencia” por invocar la ley en el caso de la bomba en el Metro y no en ataques incendiarios de la Novena Región, cuyo descargo lo presentó en la interpelación al secretario de Estado. Peñailillo replicó que “lo importante es que esas personas (culpables de hechos violentos en la zona) sean juzgadas sin abusar de un instrumento”, recordando también que sólo el 10 por ciento de los procesados por la Ley Antiterrorista ha sido condenado e insistiendo en la necesidad de modernizar ese instrumento que fue elaborado “en otro contexto político”.
Pero el atentado en la estación Los Domínicos fue sólo el inicio.
Punto de inflexión
Fue el estallido de la bomba en el Subcentro de Escuela Militar, el hecho que terminó por ocasionar el quiebre del tono que hasta ahora había tenido el discurso de Peñailillo. “Es un hecho gravísimo que necesita que el país actúe con fuerza y las máximas sanciones posibles”, afirmó, agregando, pocas horas después del hecho que dejó 14 heridos, que el gobierno “dispondrá de todos los recursos necesarios e invocamos la Ley Antiterrorista para que los responsables estén tras las rejas”.
Ese tono es el que ha seguido reiterando, e incluso tras el estallido en Barrio Yungay planteó que éste no era un fenómeno nuevo y que el gobierno se haría cargo también de lo ocurrido en los gobiernos anteriores, lo que implica reconocer la existencia del Caso Bombas.
Con esta nueva mirada que admite que se está frente a hechos graves, Peñailillo ha buscado la convergencia con todos los sectores para sacar adelante la agenda de seguridad que intenta impulsar con celeridad, justamente, a raíz de estos hechos, partiendo de la base que si se enfrenta como política de Estado, su combate es más eficiente.
El tono del jefe de gabinete
Marzo
"La Ley Antiterrorista no se ocupará, porque nosotros no creemos en ella como fórmula para resolver los conflictos sociales".
Julio, tras bomba Los Domínicos
"Se requiere de una reflexión y antecedentes que justifiquen el uso claro y preciso de una herramienta como la Ley Antiterrorista, y eso se ha hecho en este caso".
Septiembre, tras bomba Escuela Militar
"Es un hecho gravísimo que necesita las máximas sanciones (...) dispondremos de todos los recursos necesarios e invocamos la Ley Antiterrorista para que los responsables estén tras las rejas"
Septiembre, tras bomba Barrio Yungay
"Nos haremos cargo de lo sucedido en este gobierno y en el anterior".
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