Una de las principales críticas que ha debido sortear el proyecto de reforma tributaria ha sido las nuevas atribuciones que le confiere al Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar la elusión y evasión de los gravámenes.
Entre dichos puntos, el proyecto contempla que el órgano fiscalizador tributario podrá rechazar las declaraciones de impuestos que -estime- incluyan esquemas de planificación que lleven a los contribuyentes a pagar menos tributos, estableciendo multas para los asesores que contribuyan a dicho esquema.
El punto fue objeto de duros cuestionamientos en su trámite en la Cámara y el Senado, debido a que -denuncian sus críticos- el SII sería “juez y parte” en el proceso de fiscalización y posterior sanción tributaria, además de (eventualmente) vulnerar libertades individuales consagradas en la Constitución, como el derecho a un debido proceso y a una legítima defensa.
Y, al parecer, el gobierno recogió dichas inquietudes. Es que en Hacienda trabajan a toda máquina en una serie de modificaciones a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) para fortalecer su capacidad operativa y sopesar -de alguna manera- las nuevas atribuciones que tendrá el SII.
De hecho, varios parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras han reclamado al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que en lugar de aumentar las facultades del SII, fortalecer los TTA era la opción “más natural” para evitar posibles discrecionalidades por parte de los fiscalizadores del organismo.
Más dotación y tecnología
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, las principales modificaciones a los TTA vendrían por el lado de aumentar su dotación de funcionarios, el cual -en una primera instancia- sería un número menor en torno a 50 y 100 nuevas plazas. Esto se compara con los alrededor de 500 nuevos funcionarios que se incorporarán al SII a 2017 que contempla la reforma.
Adicionalmente, se analiza la posibilidad de aumentar la dotación de tecnología de los TTA, a través de un incremento presupuestario que aún está bajo análisis. Por aquello, en el Ejecutivo se analiza incluir en la discusión del Presupuesto 2015 tanto el incremento en la dotación de funcionarios, como la tecnología y los recursos.
Por último, se buscaría establecer “explícitamente” que serán los TTA los encargados de constituirse como terceros independientes para dirimir controversias entre el SII y los contribuyentes, por ejemplo, en lo relacionado al rechazo de las declaraciones tributarias.
“Lo que se ha estado conversando, también, es establecer nuevas instancias de conciliación entre ambas partes, donde los Tribunales tendrán un rol central. Es un tema que viene conversándose hace un par de semanas”, explica una fuente cercana a la negociación, quien destaca que la fórmula para los cambios incorporaría propuestas realizadas por los TTA.
Según fuentes del Ejecutivo, la idea de fortalecer los TTA tomó fuerza luego de las reiteradas críticas que mostraron algunos expositores en la comisión de Hacienda del Senado, como los ex presidentes del Banco Central que expusieron hace un par de semanas e, inclusive, el senador DC Andrés Zaldívar, quien ha planteado críticas a las nuevas facultades del SII.
“Si bien nuestro diagnóstico es que el SII no es juez y parte con la reforma, han aparecido análisis que dicen lo contrario. Es un punto que se está analizando y para aquello hay una mesa de trabajo constituida entre diversos actores”, dice una fuente cercana al proceso.
Los TTA en cifras
La ley que crea los Tribunales Tributarios y Aduaneros se promulgó en enero de 2009 -Ley 20.322- con el fin de establecerlos como órganos independientes del SII y del Servicio Nacional de Aduanas para resolver los reclamos tributarios y aduaneros que personas naturales o jurídicas presenten contra las decisiones administrativas de los ya citados servicios.
Hoy, hay alrededor de 18 TTA funcionando en el país: catorce en las capitales regionales y cuatro en la Región Metropolitana.
En el primer trimestre de este año, han ingresado 513 causas a los TTA a nivel nacional, de las cuales 497 registran sentencia definitiva. En tanto, 1.565 están en tramitación en los tribunales a nivel nacional.
Fontaine: Reforma impactará entre 2% y 4% el PIB
El ex ministro de Economía y actual consejero del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Juan Andrés Fontaine, sostuvo ayer ante la comisión de Hacienda del Senado que el concepto de renta atribuida incluido en la reforma tributaria, no se aplica en ninguna parte del mundo, como tampoco igualar la tasa aplicable a las utilidades reinvertidas y distribuidas. "Eliminará un incentivo al ahorro y la inversión empleado en la generalidad de la OCDE", dijo. Asimismo, afirmó que la reforma generará incertidumbre a los inversionistas hasta 2018: "este nuevo régimen, de dudosa viabilidad operativa, está ocasionando parálisis en decisiones de inversión y empleo, dudas que no se despejarán sino hasta que opere bien", acotó Fontaine. Añadió que la inversión caerá junto con la rentabilidad neta de los proyectos al pasar a evaluarse con un impuesto de 35%. "Se estima que el efecto será entre 2% y 4% del PIB en reducción de la inversión en régimen", expuso.
Otro de los cuestionamientos del economista apuntó a que se terminará "el incentivo para reinvertir en empresas y sociedades y estimula retiros de utilidades para destinarse a gastos (suntuarios)", estimando en 1%-2% del PIB la baja del ahorro nacional.
Fontaine propuso estudiar el sistema de integración parcial, el cual mantiene tributación sobre renta devengada para las empresas y sobre renta percibida para sus socios o accionistas (al igual que hoy), es decir, diferencia tasas aplicables a utilidad retenida o reinvertida en empresas y sociedades (25%) respecto de la aplicable a utilidades distribuidas (35%).
La idea establece la "integración simplificada de retiros y dividendos, los cuales entran al Global Complementario o adicional con un crédito estimativo o nocional, equivalente a la tasa promedio del impuesto de Primera Categoría de los últimos 20 años (o más baja si la empresa tiene menos años), hoy de 16,5%". Esta fórmula "hace innecesario el FUT", precisó Fontaine.
Ffrench-Davis: distintas tasas para utilidades
El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis, argumentó ayer ante la comisión de Hacienda del Senado que la reforma tributaria cuenta con incentivos para la inversión "potentes para las pymes".
En ese sentido, indicó ante los parlamentarios que "la economía necesita capital fijo, por ello, el incentivo de la depreciación instantánea es un buen mecanismo para las pymes que invierten, porque siempre tienen un capital fijo donde invertir".
En la instancia, indicó que Chile con la reforma en trámite se acerca a la lógica de países desarrollados, donde la distribución del ingreso mejora después de impuestos, ya que actualmente el sistema tributario mantiene la desigualdad antes y después de impuestos. Por ello, el economista afirmó que tal como está la reforma, permitirá mejorar la distribución del ingreso.
Ahora bien, puntualizó que no compartía las opiniones de quienes critican que no se sabe en qué se gastarán los recursos de la reforma tributaria. "Sabemos perfectamente en qué se gastaran los recursos y, además, la reforma establece la responsabilidad fiscal de contar con recursos permanentes para gastos permanentes, estableciendo como meta converger a un balance fiscal", acotó Ffrench Davis, en el marco de las exposiciones que se están sucediendo en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Sobre la renta atribuida, sostuvo que el concepto apunta precisamente a gravar las rentas más altas del capital, que es donde se produce la desigualdad de patrimonio y ahí es donde se debe atacar".
Dado lo anterior, sostuvo que se debe "avanzar en eso... es bueno que se reinvierta, pero para buscar mayor equidad se puede establecer tasas diferenciadas para gravar el capital que se distribuye y también el que se reinvierte, pero con tasas distintas".
Fermandois: renta atribuida mezcla realidad con ficción
El abogado constitucionalista Arturo Fermandois planteó una serie de reparos a la aplicación de la renta atribuida que incluye el proyecto de reforma tributaria, ya que -acotó- se está generando un concepto que mezcla la realidad con la ficción. "En lo operacional, cambia radicalmente la forma en que se atribuye la renta, por lo que si no se resuelve por la vía legislativa, habrá problemas para la estabilidad constitucional del proyecto...los cambios no son tan difíciles de encontrar".
Desde su punto de vista, la renta atribuida afecta el derecho de asociación que ha sido reconocido por los países desde España en 1869. Esta libertad, según explicó, consiste en que los individuos pueden asociarse sin permiso previo y su esencia es precisamente el derecho de las personas a formar entidades distintas de las personas naturales que las conforman, y a que ellas cuenten con la suficiente autonomía para perseguir sus fines.
Al final de su presentación, y luego de que los senadores Andrés Zaldívar (DC) y Carlos Montes (PS) le solicitaran que entregara algunas alternativas para que la renta atribuida sea considerada dentro de la Constitución, manifestó: "Si esto se modera y se aplica al interior de la sociedad a determinadas sociedades o a determinados elementos al interior de la sociedad, como por ejemplo, a quienes tienen un determinado control de la sociedad y la renta, ya que son las personas capaces de decidir si se distribuye o no las utilidades, ahí hay una propuesta que le da a la renta atribuida una mayor verosimilitud constitucional".
Por último, sobre las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la posibilidad de redefinir cómo se ha distribuido la renta en una sociedad, afirmó que "es una facultad muy fuerte, pero el problema mayor, es que junto con que no permite el debido proceso, no se define bien en la ley cuáles son los elementos, porque condiciones del mercado, es algo muy amplio".
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